“No más aumento de penas”: Defensoría delegada para las prisiones
Hacinamiento desbordado, alimentación precaria e ineficaz gestión de municipios y departamentos, son los síntomas más graves de la crisis de derechos humanos en las prisiones colombianas. En entrevista, la defensora delegada Claudia Chicaiza propone soluciones y pide a los entes territoriales tratar con humanidad a los detenidos.
En Colombia, toda persona capturada, sindicada o condenada, sin importar la gravedad del delito investigado y el centro de detención donde permanezca, está destinada a que le sean vulnerados sus derechos y garantías mínimas como ser humano. Así lo ha declarado y reiterado en tres oportunidades la Corte Constitucional, la cual a principios de este mes extendió el estado de cosas inconstitucional (ECI) sobre el sistema penitenciario.
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En Colombia, toda persona capturada, sindicada o condenada, sin importar la gravedad del delito investigado y el centro de detención donde permanezca, está destinada a que le sean vulnerados sus derechos y garantías mínimas como ser humano. Así lo ha declarado y reiterado en tres oportunidades la Corte Constitucional, la cual a principios de este mes extendió el estado de cosas inconstitucional (ECI) sobre el sistema penitenciario.
En contexto: Corte declara estado de cosas inconstitucional en centros de detención transitoria
Desde 1998, las prisiones colombianas son en general un infierno en vida y, ahora, cada uno de los problemas se trasladaron a los centros de detención transitoria, como URI’s y estaciones de Policía. Claudia Chicaiza es la delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo. En entrevista, exigió a municipios y gobernaciones hacerse cargo de los centros de detención transitoria y habló de casos como el del edificio Fray Damián, en Cali, que tiene una capacidad de 15 personas y a corte de marzo de 2022 tiene a 498.
La Defensoría es la encargada del seguimiento de la política penitenciaria en Colombia y debe rendir informes periódicos ¿Qué alerta la Defensoría una vez conocido la extensión del ECI?
Colombia es un país que tiene unas problemáticas sociales muy graves y aun así el tema penitenciario es el único en el que la Corte Constitucional ha declarado el ECI cuatro veces. Cuando el COVID entra a los establecimientos de reclusión, en 2020, en una buena medida el Inpec toma la decisión de cerrar las cárceles y el ingreso de personas, para que las prisiones no se llenen de coronavirus. Por tanto, las personas capturadas empezaron impactar en el hacinamiento en los centros transitorios. Pero el ECI sigue siendo el mismo, el problema se trasladó a estaciones de policía y URI.
Antecedentes: Así se llegó a la masiva violación de derechos en centros de detención transitoria
La afectación a derechos fundamentales es mucho más grave en estaciones de policía y URI. Por la salud, la alimentación, los accesos a servicios públicos. No han visitado a sus familiares. Hemos visto casos en los que llevan casi dos años sin asistir a una audiencia. ¿Sabe cómo son las audiencias? Hasta el patrullero debe prestarle el celular y los datos de internet al capturado. Tenemos un cuerpo especializado de custodia y vigilancia que es el Inpec, no la Policía Nacional.
En Maicao, por dar un ejemplo, no tienen un baño. Hacen sus necesidades donde les llega la comida. No tienen tomas para prender un ventilador. Tienen tres o cuatro hamacas en una celda, donde hacen sus necesidades. Están esposados 24 horas al día, 27 días a la semana. En las zonas calientes les salen llagas porque duermen en el piso. Los entes territoriales deberían darles kits de aseo, colchonetas, sabanas. En Cali, en el centro transitorio Fray Damián, reportamos un hacinamiento que supera el 3.220%. Tenemos 498 personas en un espacio para solo 15.
La Corte Constitucional explicó en 2013, en otra extensión, que había una sobreestimación de medidas de aseguramiento en prisión ¿Recomendaría que se le diera un giro a esa estrategia?
En la Defensoría siempre hemos dicho no más aumento de penas, no más delitos. Nos gustaría que se reformara el Código Penitenciario y Carcelario. Tiene unos vacíos en cuanto a los porcentajes que tienen de responsabilidad los entes territoriales, alcaldías y departamentos. Estos se pegan de que no tienen la responsabilidad de las personas que están sindicadas, pero eso es mentira. Exhortamos a que los entes territoriales incluyan dentro de su presupuesto, dentro de su plan desarrollo, un rubro para las personas privadas de la libertad. Eso no se está cumpliendo.
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Colombia con suficiencia ha modificado su Código Penal. El problema es que los jueces no aplican los beneficios jurídicos como debería ser. Lo otro es que los congresistas, que hacen las leyes, no han entendido que el derecho penal no es la respuesta a las reacciones sociales y a los problemas de la ciudadanía. Quieren dar una apariencia de seguridad porque aumentan penas, pero eso es solo una percepción de seguridad.
Evidentemente, la cárcel es necesaria para delitos graves y la Defensoría no está en contra de ello. Hay otras formas. Como la conciliación y la justicia restaurativa. En esta última, su modelo lógico es distinto al derecho penal, que establece que un delito es igual a una pena. La justicia restaurativa rompe ese esquema y hace una cosa que desde nuestro punto de vista es muy interesante y es que acerca a la víctima con el victimario. En este caso, el victimario a través de encuentros se responsabiliza por el hecho criminal. A través de procesos psicológicos se da un perdón y una reparación completa, que no tiene que ser necesariamente plata. Eso le quita un poco el conflicto al Estado.
¿Qué han informado sobre la alimentación de los internos en prisión y centros de detención transitoria?
Los entes territoriales deben alimentar a la población privada de la libertad según las competencias del artículo 17 del Código Penitenciario, que trata del sostenimiento de las personas privadas de la libertad detenidas transitoriamente. Sin embargo, en las visitas observamos que este servicio no se presta en forma adecuada: se presentan diversas interrupciones, lo cual lleva a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (USPEC) a asumir esta carga sin que esté sustentado desde lo jurídico.
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La USPEC hace la contratación, pero ellos subcontratan dependiendo de las regionales. En la mayoría de los casos el problema de alimentación es muy marcado. Ni la USPEC ni los entes cumplen con el gramaje, la comida llega dañada y oliendo feo. No cumplen las bitácoras de alimentación. Por ejemplo, se supone que un día les toca chocolate con arepa y les terminan dando aguadepenala con un pan. Una vez en el Bajo Cauca encontramos que en un centro de reclusión solo recibían una comida al día. Eran alrededor de 50 personas, que en todo el día recibieron arroz tieso con sardina.
¿Qué tan mal está el país en cuanto a infraestructura carcelaria?
Hablemos del establecimiento carcelario de San Isidro en Popayán. Allá el agua llega por momentos, pero al primer piso. Las personas que están privados de su libertad tienen que hacer sus necesidades en bolsas y en botellas plásticas. Eso lo tiran para que no les queden en sus celdas. Hay chulos y animales de carroña. Los olores son impresionantes. Esas no son formas dignas de vida.
Las condiciones de infraestructura en las que están los presos en Colombia son lamentables. Tenemos que recordar que, hablando de los centros de reclusión transitoria, estos están diseñados para que una persona permanezca allí máximo 36 horas. Las baterías sanitarias, pisos, techos, condiciones de seguridad no son adecuados para que habiten las personas privadas de la libertad. Hay 21.000 detenidos, que aparte están en un espacio solo para 8.000. Tenemos, a corte de 2022, 1.743 condenados y 17.576 imputados entre ellos.
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Durante los últimos meses se conoció los beneficios exclusivos del empresario Carlos Mattos y el escape de nada más y nada menos que alias Matamba, líder de La Cordillera. El Gobierno anunció una reforma al Inpec ¿Qué recomendarían?
Estamos expectantes a la propuesta del Gobierno. La Defensoría no está asumiendo ninguna posición en el tema. Lo que sí podemos decir por experiencia nuestra es que el Inpec requiere una reforma, que no necesariamente es una liquidación ¿Qué pasa? El número de guardias y de personal administrativo es muy escaso para las funciones de seguridad y vigilancia, y para las labores administrativas. Los sueldos son bajos para la responsabilidad que tienen. Un instituto que maneja un tema tan complejo no puede tener, como hemos visto, un solo hombre de vigilancia por 800 privados de la libertad.
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