No, por ahora, Uribe no va a juicio. Este es el camino que sigue en el caso

Después de casi nueve horas de audiencia, dos cosas quedaron claras: Álvaro Uribe Vélez seguirá investigado por los delitos de fraude procesal y soborno, pero todavía no irá a juicio. Ambas situaciones las confirmó ayer la jueza Laura Estella Barrera, después de negar, por segunda vez, la preclusión que había pedido la Fiscalía de Francisco Barbosa para cerrar del todo la investigación contra el expresidente. La nueva decisión de la justicia en este expediente es clave para entender hacia dónde va el caso y qué han dicho dos juezas diferentes sobre lo que halló la Corte Suprema de Justicia, que abrió la investigación contra el exsenador en 2018.

Después de casi nueve horas de audiencia, dos cosas quedaron claras: Álvaro Uribe Vélez seguirá investigado por los delitos de fraude procesal y soborno, pero todavía no irá a juicio. Ambas situaciones las confirmó ayer la jueza Laura Estella Barrera, después de negar, por segunda vez, la preclusión que había pedido la Fiscalía de Francisco Barbosa para cerrar del todo la investigación contra el expresidente. La nueva decisión de la justicia en este expediente es clave para entender hacia dónde va el caso y qué han dicho dos juezas diferentes sobre lo que halló la Corte Suprema de Justicia, que abrió la investigación contra el exsenador en 2018.

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Por ahora, va ganando el alto tribunal. ¿Qué sigue ahora? Para contestar esa pregunta, primero hay que hacer un corto recuento para entender qué pasó hoy y para dónde va el caso. Hace un año, el fiscal Gabriel Jaimes cayó derrotado judicialmente ante la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, quien no le permitió cerrar el expediente activo contra el expresidente Álvaro Uribe, imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal. Este martes, como si se tratara de un dejavú, la Fiscalía perdió en su segundo intento por precluir el caso. La jueza Laura Barrera, del juzgado 41, consideró que la entidad dirigida por Barbosa tiene los medios y la evidencia suficiente para mantener vigente la investigación.

El fiscal Javier Cárdenas, subalterno de Jaimes, también consideró que no había pruebas para vincular a Uribe con delitos, por lo que lo correcto era cerrar la investigación. El ente investigador organizó su tesis en siete hechos diferentes, separados por testigos, para explicar por qué no había material probatorio para seguir con la investigación que había arrancado la Corte Suprema de Justicia en 2018. El fiscal Cárdenas, incluso, argumentó que testigos claves como Juan Guillermo Monsalve, quien vincula a Uribe con la creación del Bloque Metro de las AUC, no tienen credibilidad y pidió a la jueza Laura Barrera archivar la investigación.

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Para Barrera, la Fiscalía se equivoca y hay suficientes pruebas para seguir con el caso. “Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, explicó la jueza, quien señaló que lo mismo habría ocurrido con el delito de fraude procesal. La decisión se conoció, luego de casi seis horas de audiencia en la que la jueza leyó el auto en el que volvió a salir perdiendo la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Durante su intervención, Barrera fue crítica del papel del ente investigador. Por ejemplo, señaló que la segunda preclusión fue un “desgaste” para el proceso y que el fiscal nunca investigó a profundidad los hechos denunciados por los testigos del proceso. Caso a caso, la jueza fue desvirtuando la tesis de la Fiscalía en siete hechos que involucran a la exfiscal Hilda Niño, al excongresista Álvaro Hernán Prada y a los exparamilitares alias el Tuso Sierra y Carlos Enrique Vélez. Este último mencionó en su declaración que el abogado Cadena le ofreció hasta $200 millones por testificar a favor de Uribe.

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Tanto Cadena, como la defensa del expresidente, han explicado que esos ofrecimientos no serían otra cosa que “ayudas humanitarias”. No obstante, la jueza Barrera fue tajante con esa tesis: “Resulta ingenuo por parte de la Fiscalía y la defensa decir que hubo ayuda humanitaria”. Para la jueza, las contradicciones entre los testigos y las diferentes versiones sobre el papel que tuvo el expresidente Uribe en este episodio judicial deben resolverse en juicio. Sin embargo, la Fiscalía no tiene intención de llevar el caso a esa instancia. Durante los últimos minutos de la audiencia de ayer, que duró casi nueve horas, Javier Cárdenas confirmó que apelará la decisión de la jueza Barrera.

¿Uribe va a juicio? La respuesta es: no, al menos por ahora

Esa decisión significa que ahora el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que conocer este expediente para definir si la Fiscalía tiene razón o si la jueza Barrera tomó la determinación correcta. Luego de conocer lo que diga el Tribunal, la Fiscalía vuelve a tener el chance de pedir otra preclusión, pues ninguna ley dice cuántas veces puede hacerlo. Otro tema que es claro, según las normas jurídicas, es que nadie puede obligar al ente investigador a llevar a juicio a una persona. Lo anterior es clave, pues la decisión de la jueza Barrera no significa que Uribe irá a juicio. Así las cosas, el expediente Uribe vuelve a quedar en el limbo jurídico, aunque una sola cosa es clara: el expresidente seguirá investigado e imputado por fraude procesal y soborno.

Esa decisión significa que ahora el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que conocer este expediente para definir si la Fiscalía tiene razón o si la jueza Barrera tomó la determinación correcta. Luego de conocer lo que diga el Tribunal, la Fiscalía vuelve a tener el chance de pedir otra preclusión, pues ninguna ley dice cuántas veces puede hacerlo. Otro tema que es claro, según las normas jurídicas, es que nadie puede obligar al ente investigador a llevar a juicio a una persona. Lo anterior es clave, pues la decisión de la jueza Barrera no significa que Uribe irá a juicio. Así las cosas, el expediente Uribe vuelve a quedar en el limbo jurídico, aunque una sola cosa es clara: el expresidente seguirá investigado e imputado por fraude procesal y soborno.

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