No puedo balancear los derechos y la plata: director de la Agencia Jurídica del Estado

¿Cuál es la visión que tiene usted para la Agencia?

¿Cuál es la visión que tiene usted para la Agencia?

Yo quiero que nos saquen del imaginario colectivo de que aquí únicamente me defiendo yo. Pero para lograrlo, primero tengo que reducir el número de demandas y de condenas. ¿Cómo lo hago? Garantizando que se respeten los derechos. Esa es una visión clara. La otra necesariamente tiene que ver con la protección del patrimonio público que es de todos los ciudadanos. Ese es el norte, que tal vez perdemos, pero esa debería ser la visión fundamental de la Agencia: la prevención del daño, que se reconozcan los derechos y protección del patrimonio público.

Cree que, por ejemplo, si usted llega a estar un año de encargado como suele pasar, ¿podría mejorar esas cifras de soluciones amistosas?

En materia de derechos humanos enfrentamos un reto muy importante. Hay que descongestionar el portafolio que tenemos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Colombia tiene el portafolio más alto de la región, con más de mil casos y peticiones. Aunque las dinámicas del sistema son diferentes a las del derecho nacional, esta descongestión no se puede lograr sin estrategia. Primero tengo que entender cómo están caracterizadas esas problemáticas, donde están esos nichos de conflictividad para poderlos atender y dar respuestas estructurales a estos.

Esa ha sido la posición de este gobierno, ¿no?

Sí. Lo que buscamos es promover el mecanismo de soluciones amistosas y no condenar a la persona a que se quede ocho o diez años esperando una sentencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos, cuando efectivamente se puede hacer un acto de reconocimiento y buscar unas medidas de reparación integral que le garanticen esa vulneración del derecho. Ese portafolio no puede seguir creciendo. Pero la estrategia no es solo promover más soluciones amistosas, pues nos quedaríamos muy cortos. Lo que necesitamos es que en el derecho interno se garanticen soluciones estructurales para que la gente no acuda ante el Sistema Interamericano. La justicia debe funcionar de manera oportuna y eficaz.

Hace dos semanas, el presidente Gustavo Petro le encargó revisar el contrato del Metro de Bogotá. ¿Considera que entre las competencias de la Agencia está revisar contratos, así se trate de uno firmado por el distrito de Bogotá?

Aquí no podemos perder de foco dos situaciones relevantes. La Agencia debe velar en virtuosa competencia funcional por la protección del patrimonio público que es de todos los colombianos. Además, la entidad debe velar por generar políticas que garanticen la protección de los derechos de las personas. En este contexto, nuestra actividad se despliega bajo esa dinámica, no bajo ninguna otra. Yo estoy aquí para buscar soluciones, para que los recursos del Estado se optimicen de la mejor manera y para que ningún proyecto vulnere o afecte los derechos de los ciudadanos.

Cuando hablamos de la palabra revisar, ¿cuáles son las posibilidades de la Agencia en términos jurídicos? ¿Hasta dónde puede llegar?

Lo fundamental es garantizar que no se vulnere ningún derecho de los ciudadanos y que se proteja el patrimonio público. A mí me han dicho que eso no está dentro de mis competencias funcionales, pero entonces ¿qué puedo hacer? ¿Esperar a que demandan el Estado? Esa es una visión completamente reduccionista. Aclaro que no estoy anticipando que vayan a demandar, sino simplemente haciendo una actividad de prevención.

¿Pero están revisando los contratos?

No, ni siquiera podemos hablar de eso. Por ahora tengo a un equipo de expertos, evaluando las opciones jurídicas, pero con miras a dos cosas: proteger el patrimonio público y garantizar los derechos de los ciudadanos. Esa es mi órbita de acción. Ya los de más son suposiciones.

¿Suposiciones de un sector político que no entiende por qué la Agencia está metida en peleas que ha casado el presidente Gustavo Petro?

Yo trato de mantenerme ajeno a esas dinámicas. En este caso, como en muchos otros, el de Pasaportes, el de asuntos de Salud, o cualquier otro en el que el Estado esté involucrado, mi rol es el de revisar y afrontar el tema con dos estrategias: la protección de los derechos y del patrimonio público. Para hacerlo, hay un abanico de posibilidades: emitir políticas de prevención de los daños a través de recomendaciones sobre cómo debe actuar la administración o también en la aplicación de mecanismos de resolución de conflictos. Lo que buscamos siempre es evitar un litigio o resolverlo de manera anticipada para que al Estado no le cueste tanto.

¿Dentro del abanico de posibilidades en el tema del Metro, está demandar?

No le puedo decir cuál es la posibilidad. En este momento estamos adelantando los estudios jurídicos pertinentes. Aquí me parece que hay unos puntos importantes. ¿La Agencia tiene competencias para revisar cualquier instrumento en aras de prevenir el daño antijurídico y la protección del patrimonio público? La respuesta es sí y nadie lo puede desconocer. Y lo segundo: que estamos trabajando con un grupo de expertos para buscar una serie de soluciones que permitan sortear la situación.

Hace una semana, era casi un hecho que Gustavo Gómez Aranguren era el próximo director de la Agencia. ¿Cuál es la razón por la que no llegó al cargo?

La potestad nominadora del cargo de director es del presidente de la República. En ese contexto, como Agencia, no tenemos injerencia alguna en la materia. Le voy a decir como abogado lo que yo pienso. El cargo de director técnico de esta agencia es un cargo de libre nombramiento y remoción por parte del presidente.

Entonces las razones las tiene Presidencia…

Le insisto: este es un cargo de libre nombramiento y remoción donde la potestad nominadora es discrecional del presidente de la República. Es lo que veo como abogado.

Cuéntele a los lectores un poco sobre su carrera. ¿Cómo llega John Camargo a la dirección encargada? ¿Qué ha hecho usted por la Agencia?

Los temas de la defensa jurídica nunca han sido ajenos a mí. Gran parte de mi vida laboral la he dedicado únicamente a defender los intereses litigiosos del Estado. Fui el director de defensa jurídica del Estado del Ministerio de Justicia cuando aún no se había creado la Agencia. Acepté la invitación a ser parte de este equipo, como una de las primeras personas que nombraron en la nueva entidad y hoy puedo decir que soy el funcionario más antiguo. Además, he podido liderar casi todas las divisiones técnicas. Y bueno, soy abogado de la Universidad Externado, me especialicé en derecho de la empresa y tengo un MBA y tengo estudios adicionales en el Incae Business School.

Aún antes de que existiera la Agencia, trabajé en la entidad que en su momento era la más grande del Estado, como lo era el extinto Seguro Social, y ahí fui apoderado general del instituto y asumir esa carga de litigios de manera eficiente nunca fue una labor sencilla, pero al final asumí el reto. Hoy en día puedo decir tranquilamente que lo lideré de forma adecuada. Todo esto hace que hoy en día yo esté acá. Le debo una gran parte de mi vida a la defensa jurídica del Estado.

¿Le gustaría quedarse?

¿Sabe que me gustaría? Hacer lo que hago hoy, hacer las cosas mejor cada día. Yo nunca pienso en esa posibilidad. El único compromiso que tengo es hacer mi trabajo lo mejor posible. Esta Agencia es un tren que no puede parar, aquí nos demandan diariamente y yo no puedo decir si intervenir o no esperando que pase algo. Tengo que defender los intereses de todos los colombianos. Y el reto es que esta Agencia no pare y que sea eficiente. La Agencia no es John Camargo, la Agencia es un grupo de más de 220 personas a las que considero altamente capaces y comprometidas para cumplir estos propósitos. La gente no cae en cuenta que hoy tengo las mismas potestades como si estuviera en propiedad.

¿Cuáles son los tema en los que se quiere enfocar mientras esté en la dirección de la Agencia?

Tres fundamentalmente. La descongestión del portafolio de petición y casos ante el Sistema Interamericano Derechos Humanos. El segundo es hacer una defensa técnica más eficiente, es decir, una defensa que no sea reactive, sino que reconozca el derecho cuando haya lugar a ello, evitando sobre costos para el Estado a través de procesos judiciales innecesarios. Y en tercer lugar, enfocarnos en los problemas reales de la Agencia.

¿Cómo cuáles?

Hoy tenemos suficientes datos para concretar sus actividades y sus propósitos hacia problemas específicos que realmente tenemos como país. Tenemos cerca de 119 procesos judiciales internos que cuestan más de $100 mil millones en los que la Agencia todavía no ha intervenido. Hay que intervenir en esos casos, entenderlos y definir la estrategia. No podemos ser ajenos a esto.

¿Cómo se puede balancear el hecho de que hay que reconocer la responsabilidad cuando evidentemente el Estado no actúo, pero también hay que cuidar el bolsillo de los colombianos? Finalmente, el dinero de las indemnizaciones sale de nuestros impuestos…

Voy a contestarle con una respuesta que me puede poner contra la pared. Pero yo no puedo balancear los derechos de las personas contra la plata. Esa no es una apuesta. Los derechos deben primar por encima del costo. Lo que sí estamos tratando de hacer es reconocer las violaciones mucho antes para que los procesos no cuesten tanto al final, porque por cada año que pasa, el precio sube por temas como los intereses. Aquí estamos hablando de personas y sus derechos. Eso es primordial en un Estado social de derecho. El balance no puede ser entre la plata y los derechos, sino el reconocimiento de los derechos y una defensa eficaz.

Hay otro tema clave para el gobierno y es el de los pasaportes. ¿La Agencia estás ayudando a la Cancillería en este asunto?

Desde que asumí esta dirección no he perdido de vista ninguna actuación de este caso. Es un tema determinante porque están involucrados los derechos de las personas a tener un pasaporte. Por eso, estamos al frente del tema. Estamos involucrados en los casos y los hemos asumido como propios porque la relación de la Agencia con la Cancillería, así como con cualquier otra entidad demandada, debe ser articulada. Pero todavía no hemos intervenido en ningún proceso judicial. Lo hemos estudiado muy juiciosamente y ya hemos hecho algunas declaraciones.

¿Como la de la denuncia contra el exsecretario de la Cancillería, José Antonio Salazar?

Sí. Tuvimos todo el contexto del caso y, en nombre de la Agencia, yo mismo la interpuse. Estudiamos el caso y evidenciamos una serie de irregularidades, pero la Fiscalía es la encargada de establecer los hechos. Las irregularidades fueron en tres resoluciones. Era mi deber como funcionario público denunciar lo que encontramos.

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