No queremos que se imponga la narrativa de que las Farc fue esclavista: Comunes

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como "Timochenko", pidieron perdón "con sentimiento de vergüenza".

Foto: Mauricio Alvar

No cayó muy bien la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Partido Comunes. En un reciente comunicado, firmado por el exsecretariado de las Farc, el movimiento político resultante del Acuerdo de Paz rechazó que la justicia transicional hubiese hecho caso a un concepto de la Procuraduría, con el cual se logró que los trabajos forzados de los secuestrados de las Farc fueran enmarcados en el delito de lesa humanidad de esclavitud.

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“Porque está en juego la dignidad de quienes firmamos, estamos cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados sean ahora calificadas como esclavitud. Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc fue una organización esclavista”, señaló el exsecretariado de las Farc.

Según se explica en la carta, los exguerrilleros reconocieron haber llevado a cabo más de 200 actos de resarcimiento a las víctimas, en los cuales quienes resultaron gravemente afectados por sus acciones fueron escuchados. Por otro lado, aseguraron que el sentido de la JEP es asegurar una justicia para la paz y reconciliación, cuyo objetivo no sea “punitivista”. Incluso, señalaron que interpusieron recursos contra la decisión de la JEP y que su compromiso con la verdad y la paz sigue en firme.

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“Nosotros, los firmantes del Acuerdo Final de Paz, integrantes del último Secretariado de las FARC EP, continuamos honrando el compromiso que suscribimos en La Habana. Siempre hemos tenido la intención de poner fin a la guerra, aun cuando después de dejar las armas tengamos casi trescientos firmantes asesinados y múltiples desplazados y desaparecidos”, explicaron Rodrigo Londoño, Timochenko, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Parra, Rodrigo Granda y Milton de Jesús Toncel.

Según explicó la JEP tras aceptar el concepto de la Procuraduría, los líderes del extinto grupo guerrillero impusieron trabajos forzados a las víctimas durante su cautiverio en los Bloques Oriental, Caribe, Noroccidental, Occidental, Magdalena Medio y Sur “como parte de las privaciones de la libertad en el marco del control social y territorial, y por parte del Bloque Sur en el caso de privaciones de la libertad para financiar la organización armada”.

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La JEP, entre otras consideraciones, determinó cambiar el nombre del macrocaso -01-con el que se abrió la investigación para conocer sobre el delito de secuestro. La modificación la solicitó la Procuraduría en su concepto. La Sala consideró pertinente el cambio debido a que la esclavitud está considerado como crimen de lesa humanidad, de ahí que ahora el expediente se denomine “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”.

Los miembros del exsecretariado de las Farc, cabe recordar, fueron imputados por el macrocaso 01 en enero de este año. Una de las conclusiones a las que llegó la Sala de Reconocimiento de la JEP es que el crecimiento del grupo armado se debió, en parte, a la aplicación de la política financiera de las Farc, creada en 2000 y derogada en 2012, con la que se crearon las leyes 02 y 03, que legalizaban el “impuesto para la paz”. En estas, por ejemplo, se hablaba de que los bloques podían cobrar extorsiones a cambio de la liberación de secuestrados civiles.

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