“No sacamos nada si cerramos los ojos y nos atrincheramos”

Las recientes confesiones de los exjefes de las antiguas Farc sobre crímenes que conmovieron a Colombia, como el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, otros cinco asesinatos y los atentados al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, han creado tensiones políticas y sociales, además de familiares. ¿Es usual que esto ocurra en procesos de paz y reconciliación?

En transiciones políticas complejas, la verdad suele ser un campo en disputa por las partes que se enfrentaron en la guerra. Cada actor quiere que su verdad sea la única y que esta prevalezca en la narrativa de lo ocurrido para mantener legitimidad ante sus bases y justificar sus propias acciones y errores. Una forma de salir de ese debate interesado, que puede ser de nunca acabar, es centrarse en los hechos más que en las interpretaciones. En los casos mencionados por usted, el objetivo debe ser, además de esclarecer lo que ocurrió con base en verdades contrastadas y probadas, el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública, que significan un giro y un cambio que la sociedad debe escuchar y acoger para seguir avanzando, en lugar de lapidar a los otros. No sacamos nada si, ante los hechos probados, cerramos los ojos y nos atrincheramos en las versiones que, por diferentes razones, queremos que prevalezcan, aun en contra de lo fáctico.

Aplicando su experiencia en procesos similares, ¿esa es una actitud explicable debido al impacto familiar que produce una confesión repentina o es extraña?

La polarización que queda en la sociedad después de años de conflicto no es un caso exclusivo de Colombia. La vemos constantemente en todos los contextos en que trabajamos. Pero los procesos de justicia transicional consisten en sentar las bases con justicia para ir recuperando la capacidad de solucionar problemas sin violencia y con diálogo. Como dije, el esclarecimiento de la verdad suele ser un proceso contencioso, de contradicción y muy doloroso. En ese caso, han pasado muchos años de impunidad y búsqueda estéril de una explicación. Ahora que la verdad surge y ante los hechos probados, es necesaria la disposición de escuchar. Y escuchar es una parte imprescindible en ese proceso.

Y si no se llega a ese punto sino que, por el contrario, el poder político dominante, como ocurre en Colombia, se niega a aceptar otras versiones ajenas a las propias, ¿fracasa el intento de conseguir paz y reconciliación?

Creo que no porque el magnicidio de Álvaro Gómez, si bien fue estremecedor no solo para su familia sino para toda la sociedad, es un caso entre miles que ocurrieron en el conflicto. Y la tarea de la JEP es garantizar que haya justicia en todos los hechos más graves ocurridos en ese periodo de la historia. Los procesos de esclarecimiento de la verdad son de larga duración. Probablemente, si esta generación no reconoce la verdad, las siguientes tal vez sí lo harán.

¿Es posible ignorar una parte de la verdad para no afectar a ciertas víctimas o haciéndolo se afectaría el derecho del resto de la sociedad a conocerla?

Los procesos de esclarecimiento y reconocimiento de la verdad son transgeneracionales, como acabo de decir. No siempre es posible obtener toda la verdad en el presente inmediato. Y su búsqueda no puede convertirse en dogma inapelable: cada sociedad debe ir encontrando ese momento, según el contexto político y social que viva. Y siempre habrá quién decida olvidar o no saber lo que sucedió. En una sociedad democrática, esta debe ser una opción individual que se respete.

Siendo que los sistemas de justicia transicional usualmente tienen como eje la protección de los derechos de las víctimas, ¿qué debe hacer o dejar de hacer la JEP con respecto a la familia Gómez y el exvicepresidente Vargas Lleras?

El enfoque restaurativo de la JEP debe orientar el proceso para que las víctimas obtengan la mayor justicia posible, para que su voz también sea escuchada y que el reconocimiento de responsabilidad de esos hechos, por parte de quienes la asuman, restaure el daño causado. John Braithwaite, uno de los más importantes teóricos de la justicia restaurativa, habla de la “vergüenza reintegrativa”. Este concepto se refiere a la reflexión interna que el proceso restaurativo debe desatar en el responsable y que repercute en cómo es percibido por las víctimas y la sociedad. La idea es que el responsable logre separarse de lo que hizo, entienda que sus actos pasados no lo definen por siempre y que obtenga un sentido de vergüenza que le permita encontrar una forma distinta de convivir en sociedad.

Otros casos muy dolorosos se están conociendo en ese marco transicional: violaciones sexuales, violencia reproductiva, reclutamiento de menores, ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, etc. ¿La sociedad colombiana, polarizada políticamente como está hoy, está preparada para conocer esos hechos?

Se trata de verdades muy dolorosas que han dejado heridas muy profundas, especialmente en las víctimas. Estas, además de reclamar las explicaciones sobre lo ocurrido con sus seres queridos como en esos casos y en el de las ejecuciones extrajudiciales, necesitan que la sociedad reconozca que esos hechos sucedieron y que acompañen su dolor. Necesitamos más empatía para asumir todas las verdades.

Lastimosamente, no parece que eso vaya a suceder en Colombia en donde, al menos por el momento político actual, se privilegia el discurso de odio...

Tanto la JEP como la Comisión de la Verdad han recibido testimonios de las víctimas de reclutamiento forzado y de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en el caso de las Farc. Ellas mismas han reconocido públicamente que sí ocurrieron. Sin embargo, en muchos sectores de la sociedad colombiana, por razones políticas, se ha instalado una versión, casi inamovible, sobre estos crímenes, como usted sugiere. Por eso es importante tanto la tarea de esclarecimiento judicial como la extrajudicial de la verdad. Uno de los efectos más invisibles de una guerra tan prolongada como la colombiana es la distorsión de la realidad, porque la interpretación sobre la misma se convierte, en sí misma, en un objeto en disputa entre las partes. Esto significa que, en el imaginario social, se instalan unas ideas que no necesariamente corresponden a la realidad exacta, pero que se asumen como si fueran la única posible.

La eliminación de la JEP ha estado en la agenda política del partido de gobierno y del Gobierno mismo, pese a que el Acuerdo de Paz tiene protección constitucional. En su opinión, ¿es posible eliminar el tribunal en donde ya se ha adelantado un proceso de reconocimiento de crímenes de guerra y con cuáles consecuencias para el Estado?

Ante la comunidad internacional y, en especial, ante la Corte Penal Internacional, el Estado colombiano se ha comprometido a cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales como los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y el genocidio. Muchos de estos delitos, complejos y masivos, han estado en la impunidad porque no ha habido una acción oportuna y efectiva de la justicia ordinaria. Con la creación de la JEP, el Estado se comprometió a cumplir esa obligación. En sus pronunciamientos, la Fiscalía de la CPI ha reiterado que espera que con la JEP Colombia garantice una justicia pronta y efectiva, especialmente, en los casos que viene monitoreando. Si se eliminara la JEP, Colombia se expondría a la intervención de la CPI por incumplir con su compromiso de una justicia pronta en tales casos. Y si se modifica, como lo propone el partido de Gobierno, los miembros de la fuerza pública serían quienes quedarían más expuestos a una intervención de la CPI.

¿Y si se insiste en que se elimina la JEP porque no funciona?

En mi opinión, sería muy difícil argumentar, a priori, que el diseño inicial de la JEP, consagrado en la Constitución, no funcionó sin que se hayan proferido, aún, decisiones de fondo en el caso 03 (muertes ilegítimamente mostradas como bajas en combate por agentes del Estado) y aducir que se requiere un nuevo diseño. Esto podría ser valorado por la Fiscalía de la CPI como intención deliberada del Estado colombiano de no cumplir con la obligación de judicializar los casos de interés de esa Fiscalía. Y es muy posible que, ante esta situación, se le acabe la paciencia a la fiscal Benssouda y decida abrir una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales.

En cuanto al mismo tema, ¿un referendo para eliminar la JEP puede ser interpretado en la CPI como un intento de evadir la judicialización de crímenes de guerra?

Sí. Así es.

Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, fue duramente criticada por el Centro Democrático, partido de gobierno, porque ella se refirió a la JEP como un baluarte de justicia y un referente mundial. ¿Cómo califica usted este acto antidiplomático?

La comunidad internacional, en cabeza del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha reiterado en todos sus informes, refiriéndose al proceso colombiano, que la JEP es un referente para otros procesos de justicia transicional en el mundo. Los participantes en la mesa de negociación de paz en Afganistán han manifestado su interés en conocer el Acuerdo de Paz y, en particular, el diseño de la JEP. Con esto quiero decir que Colombia tiene hoy no solo una responsabilidad con las víctimas del país, sino que también debe estar a la altura de las expectativas que este modelo ha creado en el mundo.

¿Todos los modelos de justicia transicional que se han aplicado en varias partes del mundo después de que los pueblos han padecido la crueldad de guerras internas, “sacrifican” años de prisión por la verdad que revelen los actores del conflicto o existe un esquema diferente?

Las experiencias de justicia transicional en el mundo son diversas. No existe un modelo único. Cada sociedad, según sus necesidades e intereses, adopta diferentes mecanismos para enfrentar el legado de atrocidades del pasado. Lo que podemos observar es que, en algunos casos, se ha optado por comisiones de la verdad en un modelo de verdad a cambio de justicia, como en Sudáfrica; y en otros, por tribunales internacionales —antes de la creación de la Corte Penal Internacional—, que se han encargado de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves desde una lógica estrictamente punitiva, como en la antigua Yugoslavia. El caso colombiano es innovador porque incluye, al mismo tiempo, justicia retributiva y restaurativa. En el contexto de una justicia transicional, la cárcel tiene un rol, pero no alcanza por sí sola, los objetivos de verdad, justicia y reparación, ni las transformaciones que necesita una sociedad para asegurar la no repetición.

¿Cuál es la diferencia entre justicia retributiva y restaurativa y cómo se equilibran las sanciones, en ellas, por los delitos más graves?

La justicia retributiva es aquella en que, ante la comisión de delitos, responde con sanción de cárcel. La restaurativa parte de un paradigma distinto: para restaurar el daño causado no es suficiente la prisión, sino que se requiere el reconocimiento de responsabilidad por parte de quien lo causó, la revelación de la verdad de lo sucedido y la contribución del responsable, con acciones concretas, a transformar la vida de las víctimas y las comunidades (reparación) afectadas por sus acciones.

En la historia reciente de Colombia se han aprobado dos modelos de justicia de transición: la Ley de Justicia y Paz, en 2005, creada para examinar la conducta de los paramilitares desmovilizados; y la que surgió del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, con similar objeto para guerrilla, militares y otros. ¿Esos dos modelos son comparables y han sido exitosos o fallidos?

Tanto la Ley de Justicia y Paz de 2005 como el Sistema Integral de Justicia Transicional creado en el Acuerdo de Paz comparten el objetivo de ofrecer la mayor verdad posible a las víctimas y a la sociedad, de repararlas y cumplir con la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos por actores del conflicto armado interno. En más de setenta sentencias de Justicia y Paz, se ha aportado una verdad fundamental sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, aunque esa verdad no haya sido suficientemente apropiada por la sociedad; pero tal experiencia ha sido muy importante en el país, porque puso las bases para desarrollar otros procesos de reparación y verdad. Los fiscales, los magistrados y las mismas víctimas tuvieron que aprender sobre la marcha. Sus aprendizajes sirvieron como referente para el diseño de la JEP y seguirán siendo claves en su desarrollo.

¿Qué quiere decir con que la verdad contenida en las sentencias de Justicia y Paz sobre el paramilitarismo “no ha sido suficientemente apropiada por la sociedad”?

Significa que a pesar de que hay más de setenta sentencias en las que existe un análisis profundo sobre el fenómeno de paramilitarismo en Colombia, la sociedad no se ha enterado de su contenido, tal vez porque no hubo una estrategia de difusión masiva de las mismas. Se dice que los paramilitares no han aportado verdad. Eso no es cierto: hay miles de horas de grabaciones de versiones libres y de confesiones, más los fallos. Lo que sucede es que la verdad o buena parte de ella se encuentra en las sentencias y estas no se divulgaron.

Insisto: ¿son comparables Justicia y Paz para los paramilitares y el Sistema Integral creado en el Acuerdo de Paz con la guerrilla?

Son comparables en la medida en que fueron creados para enfrentar el legado del conflicto armado: en Justicia y Paz para los paramilitares, y en la JEP para la guerrilla, la fuerza pública y otros actores del conflicto como los terceros civiles. Sin embargo, la principal diferencia entre ellos es que, en el caso de la JEP, esta es una jurisdicción autónoma mientras que Justicia y Paz es un procedimiento especial dentro de la justicia ordinaria; pero, para el fin para el que fueron creadas, las dos han sido y siguen siendo útiles.

Me parece que Justicia y Paz se quedó en el límite penal mientras que el Sistema Integral tiene la ventaja de que, además de la JEP con labores igualmente penales, creó, además, la Comisión de la Verdad, en donde se pueden decir muchas más revelaciones porque no hay temor a la sanción ¿Comparte este criterio?

Sí, definitivamente. El gran aporte del modelo diseñado en La Habana es que combina mecanismos judiciales y extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas. La misma experiencia nacional nos demostró que solo con el mecanismo penal no es posible garantizar toda la verdad, la reparación ni las garantías de no repetición.

La JEP no puede medirse solo por número de condenas

En los dos años y medio de funcionamiento de la JEP, ¿este tribunal ha sido eficaz?

La eficacia de un sistema de justicia no solo se mide por el número de condenas sino por la transparencia, legitimidad y acceso del proceso para las víctimas y para los otros directamente implicados. Los resultados de la JEP en tres años de funcionamiento, en un sentido comparado, son muy importantes. Al cabo del primer año ya estaba en funcionamiento a pesar de no contar con ley estatutaria. (La mayoría de los tribunales híbridos en el mundo han tardado mucho más para su puesta en marcha. Por poner un ejemplo, el Tribunal de Timor de L´Este fue creado en junio de 2000 y empezó su funcionamiento en mayo de 2005). La JEP ha proferido decisiones de fondo en materia de libertades, amnistías y garantía de no extradición. En menos de tres años ha abierto siete macrocasos que incluyen cientos de hechos, cientos de responsables y miles de víctimas. Estos macrocasos son desafiantes para cualquier sistema de justicia internacional o nacional por la multiplicidad de hechos, responsables y víctimas. También hay que decir que las víctimas no han esperado que la justicia actúe y dé resultados solo desde cuando se creó la JEP: llevan décadas pidiendo que el Estado garantice su derecho a la justicia. La JEP debe empezar a responder a ese anhelo.

Centro Internacional de Justicia Transicional, presente en Colombia

¿Qué es y que hace el Centro Internacional para la Justicia Transicional?

El ICTJ (por su sigla en inglés) está en Colombia desde 2006 para asesorar y fortalecer las capacidades del país en la implementación de procesos y mecanismos de justicia transicional. Nos hemos concentrado en dar asistencia técnica al sistema surgido del proceso de Paz. Con base en nuestra experiencia en más de 20 países en el mundo, asesoramos la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas así como a todos los protagonistas del Sistema Integral, incluidas organizaciones de víctimas.

¿De qué manera se relacionan el ICTJ con las víctimas?

En el marco objetivo del ICTJ en Colombia, asesoramos organizaciones de víctimas y de derechos humanos para que su participación en el Sistema Integral sea efectiva, por ejemplo, apoyándolas en cómo elaborar los informes que presentan a la JEP y a la Comisión de la Verdad. También las acompañamos para que tengan una mejor comprensión de la justicia restaurativa mediante capacitaciones, cursos, talleres, etc., que fortalecen su lucha por la verdad, justicia, reparación y no repetición.

¿Les prestan asesoría judicial?

No, pero fortalecemos a las organizaciones que las representan judicialmente.

Las recientes confesiones de los exjefes de las antiguas Farc sobre crímenes que conmovieron a Colombia, como el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, otros cinco asesinatos y los atentados al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, han creado tensiones políticas y sociales, además de familiares. ¿Es usual que esto ocurra en procesos de paz y reconciliación?

En transiciones políticas complejas, la verdad suele ser un campo en disputa por las partes que se enfrentaron en la guerra. Cada actor quiere que su verdad sea la única y que esta prevalezca en la narrativa de lo ocurrido para mantener legitimidad ante sus bases y justificar sus propias acciones y errores. Una forma de salir de ese debate interesado, que puede ser de nunca acabar, es centrarse en los hechos más que en las interpretaciones. En los casos mencionados por usted, el objetivo debe ser, además de esclarecer lo que ocurrió con base en verdades contrastadas y probadas, el reconocimiento de responsabilidad y la disculpa pública, que significan un giro y un cambio que la sociedad debe escuchar y acoger para seguir avanzando, en lugar de lapidar a los otros. No sacamos nada si, ante los hechos probados, cerramos los ojos y nos atrincheramos en las versiones que, por diferentes razones, queremos que prevalezcan, aun en contra de lo fáctico.

Aplicando su experiencia en procesos similares, ¿esa es una actitud explicable debido al impacto familiar que produce una confesión repentina o es extraña?

La polarización que queda en la sociedad después de años de conflicto no es un caso exclusivo de Colombia. La vemos constantemente en todos los contextos en que trabajamos. Pero los procesos de justicia transicional consisten en sentar las bases con justicia para ir recuperando la capacidad de solucionar problemas sin violencia y con diálogo. Como dije, el esclarecimiento de la verdad suele ser un proceso contencioso, de contradicción y muy doloroso. En ese caso, han pasado muchos años de impunidad y búsqueda estéril de una explicación. Ahora que la verdad surge y ante los hechos probados, es necesaria la disposición de escuchar. Y escuchar es una parte imprescindible en ese proceso.

Y si no se llega a ese punto sino que, por el contrario, el poder político dominante, como ocurre en Colombia, se niega a aceptar otras versiones ajenas a las propias, ¿fracasa el intento de conseguir paz y reconciliación?

Creo que no porque el magnicidio de Álvaro Gómez, si bien fue estremecedor no solo para su familia sino para toda la sociedad, es un caso entre miles que ocurrieron en el conflicto. Y la tarea de la JEP es garantizar que haya justicia en todos los hechos más graves ocurridos en ese periodo de la historia. Los procesos de esclarecimiento de la verdad son de larga duración. Probablemente, si esta generación no reconoce la verdad, las siguientes tal vez sí lo harán.

¿Es posible ignorar una parte de la verdad para no afectar a ciertas víctimas o haciéndolo se afectaría el derecho del resto de la sociedad a conocerla?

Los procesos de esclarecimiento y reconocimiento de la verdad son transgeneracionales, como acabo de decir. No siempre es posible obtener toda la verdad en el presente inmediato. Y su búsqueda no puede convertirse en dogma inapelable: cada sociedad debe ir encontrando ese momento, según el contexto político y social que viva. Y siempre habrá quién decida olvidar o no saber lo que sucedió. En una sociedad democrática, esta debe ser una opción individual que se respete.

Siendo que los sistemas de justicia transicional usualmente tienen como eje la protección de los derechos de las víctimas, ¿qué debe hacer o dejar de hacer la JEP con respecto a la familia Gómez y el exvicepresidente Vargas Lleras?

El enfoque restaurativo de la JEP debe orientar el proceso para que las víctimas obtengan la mayor justicia posible, para que su voz también sea escuchada y que el reconocimiento de responsabilidad de esos hechos, por parte de quienes la asuman, restaure el daño causado. John Braithwaite, uno de los más importantes teóricos de la justicia restaurativa, habla de la “vergüenza reintegrativa”. Este concepto se refiere a la reflexión interna que el proceso restaurativo debe desatar en el responsable y que repercute en cómo es percibido por las víctimas y la sociedad. La idea es que el responsable logre separarse de lo que hizo, entienda que sus actos pasados no lo definen por siempre y que obtenga un sentido de vergüenza que le permita encontrar una forma distinta de convivir en sociedad.

Otros casos muy dolorosos se están conociendo en ese marco transicional: violaciones sexuales, violencia reproductiva, reclutamiento de menores, ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, etc. ¿La sociedad colombiana, polarizada políticamente como está hoy, está preparada para conocer esos hechos?

Se trata de verdades muy dolorosas que han dejado heridas muy profundas, especialmente en las víctimas. Estas, además de reclamar las explicaciones sobre lo ocurrido con sus seres queridos como en esos casos y en el de las ejecuciones extrajudiciales, necesitan que la sociedad reconozca que esos hechos sucedieron y que acompañen su dolor. Necesitamos más empatía para asumir todas las verdades.

Lastimosamente, no parece que eso vaya a suceder en Colombia en donde, al menos por el momento político actual, se privilegia el discurso de odio...

Tanto la JEP como la Comisión de la Verdad han recibido testimonios de las víctimas de reclutamiento forzado y de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en el caso de las Farc. Ellas mismas han reconocido públicamente que sí ocurrieron. Sin embargo, en muchos sectores de la sociedad colombiana, por razones políticas, se ha instalado una versión, casi inamovible, sobre estos crímenes, como usted sugiere. Por eso es importante tanto la tarea de esclarecimiento judicial como la extrajudicial de la verdad. Uno de los efectos más invisibles de una guerra tan prolongada como la colombiana es la distorsión de la realidad, porque la interpretación sobre la misma se convierte, en sí misma, en un objeto en disputa entre las partes. Esto significa que, en el imaginario social, se instalan unas ideas que no necesariamente corresponden a la realidad exacta, pero que se asumen como si fueran la única posible.

La eliminación de la JEP ha estado en la agenda política del partido de gobierno y del Gobierno mismo, pese a que el Acuerdo de Paz tiene protección constitucional. En su opinión, ¿es posible eliminar el tribunal en donde ya se ha adelantado un proceso de reconocimiento de crímenes de guerra y con cuáles consecuencias para el Estado?

Ante la comunidad internacional y, en especial, ante la Corte Penal Internacional, el Estado colombiano se ha comprometido a cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales como los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y el genocidio. Muchos de estos delitos, complejos y masivos, han estado en la impunidad porque no ha habido una acción oportuna y efectiva de la justicia ordinaria. Con la creación de la JEP, el Estado se comprometió a cumplir esa obligación. En sus pronunciamientos, la Fiscalía de la CPI ha reiterado que espera que con la JEP Colombia garantice una justicia pronta y efectiva, especialmente, en los casos que viene monitoreando. Si se eliminara la JEP, Colombia se expondría a la intervención de la CPI por incumplir con su compromiso de una justicia pronta en tales casos. Y si se modifica, como lo propone el partido de Gobierno, los miembros de la fuerza pública serían quienes quedarían más expuestos a una intervención de la CPI.

¿Y si se insiste en que se elimina la JEP porque no funciona?

En mi opinión, sería muy difícil argumentar, a priori, que el diseño inicial de la JEP, consagrado en la Constitución, no funcionó sin que se hayan proferido, aún, decisiones de fondo en el caso 03 (muertes ilegítimamente mostradas como bajas en combate por agentes del Estado) y aducir que se requiere un nuevo diseño. Esto podría ser valorado por la Fiscalía de la CPI como intención deliberada del Estado colombiano de no cumplir con la obligación de judicializar los casos de interés de esa Fiscalía. Y es muy posible que, ante esta situación, se le acabe la paciencia a la fiscal Benssouda y decida abrir una investigación sobre ejecuciones extrajudiciales.

En cuanto al mismo tema, ¿un referendo para eliminar la JEP puede ser interpretado en la CPI como un intento de evadir la judicialización de crímenes de guerra?

Sí. Así es.

Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, fue duramente criticada por el Centro Democrático, partido de gobierno, porque ella se refirió a la JEP como un baluarte de justicia y un referente mundial. ¿Cómo califica usted este acto antidiplomático?

La comunidad internacional, en cabeza del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha reiterado en todos sus informes, refiriéndose al proceso colombiano, que la JEP es un referente para otros procesos de justicia transicional en el mundo. Los participantes en la mesa de negociación de paz en Afganistán han manifestado su interés en conocer el Acuerdo de Paz y, en particular, el diseño de la JEP. Con esto quiero decir que Colombia tiene hoy no solo una responsabilidad con las víctimas del país, sino que también debe estar a la altura de las expectativas que este modelo ha creado en el mundo.

¿Todos los modelos de justicia transicional que se han aplicado en varias partes del mundo después de que los pueblos han padecido la crueldad de guerras internas, “sacrifican” años de prisión por la verdad que revelen los actores del conflicto o existe un esquema diferente?

Las experiencias de justicia transicional en el mundo son diversas. No existe un modelo único. Cada sociedad, según sus necesidades e intereses, adopta diferentes mecanismos para enfrentar el legado de atrocidades del pasado. Lo que podemos observar es que, en algunos casos, se ha optado por comisiones de la verdad en un modelo de verdad a cambio de justicia, como en Sudáfrica; y en otros, por tribunales internacionales —antes de la creación de la Corte Penal Internacional—, que se han encargado de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves desde una lógica estrictamente punitiva, como en la antigua Yugoslavia. El caso colombiano es innovador porque incluye, al mismo tiempo, justicia retributiva y restaurativa. En el contexto de una justicia transicional, la cárcel tiene un rol, pero no alcanza por sí sola, los objetivos de verdad, justicia y reparación, ni las transformaciones que necesita una sociedad para asegurar la no repetición.

¿Cuál es la diferencia entre justicia retributiva y restaurativa y cómo se equilibran las sanciones, en ellas, por los delitos más graves?

La justicia retributiva es aquella en que, ante la comisión de delitos, responde con sanción de cárcel. La restaurativa parte de un paradigma distinto: para restaurar el daño causado no es suficiente la prisión, sino que se requiere el reconocimiento de responsabilidad por parte de quien lo causó, la revelación de la verdad de lo sucedido y la contribución del responsable, con acciones concretas, a transformar la vida de las víctimas y las comunidades (reparación) afectadas por sus acciones.

En la historia reciente de Colombia se han aprobado dos modelos de justicia de transición: la Ley de Justicia y Paz, en 2005, creada para examinar la conducta de los paramilitares desmovilizados; y la que surgió del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, con similar objeto para guerrilla, militares y otros. ¿Esos dos modelos son comparables y han sido exitosos o fallidos?

Tanto la Ley de Justicia y Paz de 2005 como el Sistema Integral de Justicia Transicional creado en el Acuerdo de Paz comparten el objetivo de ofrecer la mayor verdad posible a las víctimas y a la sociedad, de repararlas y cumplir con la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos por actores del conflicto armado interno. En más de setenta sentencias de Justicia y Paz, se ha aportado una verdad fundamental sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia, aunque esa verdad no haya sido suficientemente apropiada por la sociedad; pero tal experiencia ha sido muy importante en el país, porque puso las bases para desarrollar otros procesos de reparación y verdad. Los fiscales, los magistrados y las mismas víctimas tuvieron que aprender sobre la marcha. Sus aprendizajes sirvieron como referente para el diseño de la JEP y seguirán siendo claves en su desarrollo.

¿Qué quiere decir con que la verdad contenida en las sentencias de Justicia y Paz sobre el paramilitarismo “no ha sido suficientemente apropiada por la sociedad”?

Significa que a pesar de que hay más de setenta sentencias en las que existe un análisis profundo sobre el fenómeno de paramilitarismo en Colombia, la sociedad no se ha enterado de su contenido, tal vez porque no hubo una estrategia de difusión masiva de las mismas. Se dice que los paramilitares no han aportado verdad. Eso no es cierto: hay miles de horas de grabaciones de versiones libres y de confesiones, más los fallos. Lo que sucede es que la verdad o buena parte de ella se encuentra en las sentencias y estas no se divulgaron.

Insisto: ¿son comparables Justicia y Paz para los paramilitares y el Sistema Integral creado en el Acuerdo de Paz con la guerrilla?

Son comparables en la medida en que fueron creados para enfrentar el legado del conflicto armado: en Justicia y Paz para los paramilitares, y en la JEP para la guerrilla, la fuerza pública y otros actores del conflicto como los terceros civiles. Sin embargo, la principal diferencia entre ellos es que, en el caso de la JEP, esta es una jurisdicción autónoma mientras que Justicia y Paz es un procedimiento especial dentro de la justicia ordinaria; pero, para el fin para el que fueron creadas, las dos han sido y siguen siendo útiles.

Me parece que Justicia y Paz se quedó en el límite penal mientras que el Sistema Integral tiene la ventaja de que, además de la JEP con labores igualmente penales, creó, además, la Comisión de la Verdad, en donde se pueden decir muchas más revelaciones porque no hay temor a la sanción ¿Comparte este criterio?

Sí, definitivamente. El gran aporte del modelo diseñado en La Habana es que combina mecanismos judiciales y extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas. La misma experiencia nacional nos demostró que solo con el mecanismo penal no es posible garantizar toda la verdad, la reparación ni las garantías de no repetición.

La JEP no puede medirse solo por número de condenas

En los dos años y medio de funcionamiento de la JEP, ¿este tribunal ha sido eficaz?

La eficacia de un sistema de justicia no solo se mide por el número de condenas sino por la transparencia, legitimidad y acceso del proceso para las víctimas y para los otros directamente implicados. Los resultados de la JEP en tres años de funcionamiento, en un sentido comparado, son muy importantes. Al cabo del primer año ya estaba en funcionamiento a pesar de no contar con ley estatutaria. (La mayoría de los tribunales híbridos en el mundo han tardado mucho más para su puesta en marcha. Por poner un ejemplo, el Tribunal de Timor de L´Este fue creado en junio de 2000 y empezó su funcionamiento en mayo de 2005). La JEP ha proferido decisiones de fondo en materia de libertades, amnistías y garantía de no extradición. En menos de tres años ha abierto siete macrocasos que incluyen cientos de hechos, cientos de responsables y miles de víctimas. Estos macrocasos son desafiantes para cualquier sistema de justicia internacional o nacional por la multiplicidad de hechos, responsables y víctimas. También hay que decir que las víctimas no han esperado que la justicia actúe y dé resultados solo desde cuando se creó la JEP: llevan décadas pidiendo que el Estado garantice su derecho a la justicia. La JEP debe empezar a responder a ese anhelo.

Centro Internacional de Justicia Transicional, presente en Colombia

¿Qué es y que hace el Centro Internacional para la Justicia Transicional?

El ICTJ (por su sigla en inglés) está en Colombia desde 2006 para asesorar y fortalecer las capacidades del país en la implementación de procesos y mecanismos de justicia transicional. Nos hemos concentrado en dar asistencia técnica al sistema surgido del proceso de Paz. Con base en nuestra experiencia en más de 20 países en el mundo, asesoramos la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas así como a todos los protagonistas del Sistema Integral, incluidas organizaciones de víctimas.

¿De qué manera se relacionan el ICTJ con las víctimas?

En el marco objetivo del ICTJ en Colombia, asesoramos organizaciones de víctimas y de derechos humanos para que su participación en el Sistema Integral sea efectiva, por ejemplo, apoyándolas en cómo elaborar los informes que presentan a la JEP y a la Comisión de la Verdad. También las acompañamos para que tengan una mejor comprensión de la justicia restaurativa mediante capacitaciones, cursos, talleres, etc., que fortalecen su lucha por la verdad, justicia, reparación y no repetición.

¿Les prestan asesoría judicial?

No, pero fortalecemos a las organizaciones que las representan judicialmente.