“No se puede medir la violencia sexual solo con cifras”: JEP sobre macrocaso 11

El próximo 27 de septiembre se cumple un año desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macrocaso 11, el cual se encarga de investigar los hechos de violencia sexual y reproductiva, así como otros crímenes cometidos por prejuicio, discriminación de género y contra la orientación sexual diversa durante el conflicto armado. Aunque este tipo de crímenes ya se indagaban con un enfoque transversal en los otros 10 macrocasos, diferentes organizaciones de víctimas se encargaron de enviar diferentes informes y observaciones a la Jurisdicción, argumentando que este flagelo debía tener una investigación propia.

El próximo 27 de septiembre se cumple un año desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macrocaso 11, el cual se encarga de investigar los hechos de violencia sexual y reproductiva, así como otros crímenes cometidos por prejuicio, discriminación de género y contra la orientación sexual diversa durante el conflicto armado. Aunque este tipo de crímenes ya se indagaban con un enfoque transversal en los otros 10 macrocasos, diferentes organizaciones de víctimas se encargaron de enviar diferentes informes y observaciones a la Jurisdicción, argumentando que este flagelo debía tener una investigación propia.

En entrevista con El Espectador, las magistradas Julieta Lemaitre y Lily Rueda, y el magistrado Óscar Parra, encargados del desarrollo de esta investigación, contaron las preocupaciones que existen alrededor del macrocaso. Una de esas es la reducida participación de las víctimas en el proceso de acreditación. Aun así, los togados trabajan en estrategias que garanticen la seguridad y la protección de identidad de quienes decidan contar sus historias.

¿Cómo ha realizado la JEP la investigación durante el primer año de este caso?

Lily Rueda: Este macrocaso está en una fase inicial. Gran parte del trabajo ha consistido en generar condiciones de partición para las víctimas. También definimos los criterios metodológicos, conscientes de que este es un problema estructural de la justicia colombiana y que no podemos repetir errores de otras jurisdicciones al no garantizar el acceso a la justicia adecuado para víctimas y victimarios. La Secretaría Ejecutiva ha llevado a cabo 27 jornadas informativas en 21 departamentos, alcanzando a 1.487 personas para explicarles el proceso y la importancia de su participación. Estas jornadas buscan preparar a las víctimas para tomar una decisión consciente sobre su participación en el proceso judicial, considerando que es una decisión de vida.

Hemos trabajo en tres líneas importantes. Primero, en crear las condiciones de participación adecuadas para garantizar los derechos de las víctimas. Segundo, hemos impulsado la participación procesal de las víctimas a través de procesos de acreditación, un proceso es complejo porque cada solicitud se analiza en diferentes fases y se completa la información necesaria. Por último, hemos ampliado la información a través de órdenes judiciales en los tres casos, pues un tema problemático en los casos de violencia basada en género es que son difíciles de documentar, y a menudo es complicado que la víctima sea escuchada por la justicia.

¿Cuántas víctimas se han acreditado en este macrocaso y cuáles líneas investigativas han trazado para abordar estos crímenes?

Óscar Parra: Desde la apertura del macrocaso comenzamos a trabajar en una guía para desarrollar el proceso de acreditación de manera dialogada. Desde marzo de este año, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción, hemos recibido 234 solicitudes, de las cuales, 186 han completado la fase administrativa y están ahora en nuestros despachos.

Estamos a punto de tomar decisiones sobre estas solicitudes, esperando que este proceso fluya lo más pronto posible. Además, estamos trabajando en algunos componentes clave, como la anonimización de la información, que es crucial para proteger la seguridad de las víctimas y la confidencialidad de sus datos porque queremos generar espacios que le permitan a las víctimas recobrar la confianza en las instituciones. Este proceso ha tomado tiempo debido al volumen de información, pero está avanzando. Esperamos que las decisiones sobre las acreditaciones se tomen en corto plazo.

Lily Rueda: Es fundamental entender que no se puede medir la violencia sexual solo con cifras. A veces, el número no refleja la complejidad y la motivación detrás de los crímenes. En este sentido, la aproximación del caso es cualitativa más que cuantitativa. Aunque los números proporcionan una dimensión, la documentación de estas violencias es complicada y depende en gran parte de cómo el agresor percibe a la víctima.

¿Cómo han coordinado la ayuda e interacción con las víctimas en medio de las investigaciones del macrocaso?

Julieta Lemaitre: En cuanto a las organizaciones involucradas, la más activa es una alianza llamada “Cinco Claves”, la cual incluye a las principales organizaciones de derechos de las mujeres y de orientación sexual en el país, como Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, Humanas y la Alianza de Litigio de Género ante la JEP. En nuestras comunicaciones con estas organizaciones, han comprendido la perspectiva del caso y no han presentado quejas. Cabe recordar que la JEP en este macrocaso investiga crímenes cometidos por FARC, Fuerza Pública y/o terceros civiles, así que los 35.000 casos documentados de violencia sexual en el conflicto armado en Colombia, pueden también corresponder a otros grupos.

¿Cómo planean garantizar que los responsables de estos crímenes acepten sus responsabilidades en el caso?, ¿ya hay aceptaciones?

Julieta Lemaitre: La aceptación de responsabilidad por parte de los comparecientes es un desafío. Aunque algunos han reconocido públicamente la violencia sexual, no siempre es el caso con todos los implicados. Recientemente, en una diligencia en Ibagué, un exguerrillero reconoció su responsabilidad como coautor en un caso de violencia sexual. Esto demuestra que no es cierto que la violencia sexual no haya sido reconocida. Sin embargo, no podemos garantizar que todos los comparecientes reconocerán su responsabilidad.

Algunos comparecientes han aportado verdad en otros macrocasos, ¿qué va a pasar si no lo hacen dentro de este?, ¿cuál es el plan para que no haya choques de decisiones entre magistraturas?

Julieta Lemaitre: El proceso judicial permite que cada acusado defienda su caso, y eso es un derecho humano básico. Algunos reconocen su responsabilidad y otros no. En casos en los que los comparecientes no reconocen su participación, se sigue el debido proceso judicial. Por ejemplo, el 15 de septiembre empieza el juicio contra Publio Hernán Mejía, un coronel que no ha reconocido su responsabilidad en falsos positivos. Este derecho al juicio es fundamental y permite a los acusados defenderse o aceptar su culpabilidad.

Para el caso de la violencia sexual, algunos miembros del antiguo Secretariado de las FARC han reconocido su responsabilidad de mando por no haber prevenido estos crímenes, aunque no todos lo han hecho. El proceso de reflexión y el proceso dialógico que manejamos permiten poner sobre la mesa narrativas y perspectivas para entender por qué ocurrieron estos crímenes y cómo fueron naturalizados en el conflicto. Parte de nuestro trabajo es generar estrategias de reflexión para que todos comprendan los patrones estructurales que llevaron a estos hechos. Esto también contribuye al proceso de reparación, al fomentar una comprensión más profunda de las violencias sufridas por las víctimas.

¿Cómo se va a articular el trabajo entre las víctimas y los comparecientes para garantizar el derecho a la justicia y que no exista la revictimización?

Julieta Lemaitre: Para este caso en particular, hemos solicitado tres procesos adicionales: primero, la anonimización de la información para proteger los datos de contacto de las víctimas; segundo, una ruta especial de medidas de seguridad, dada la preocupación por amenazas y estigmatización; y tercero, una capacitación especial para el personal de la JEP con el fin de que haya una campaña de divulgación para que las víctimas sepan cómo denunciar y a qué lugares acercarse a realizar el proceso. Esta capacitación es fundamental para que el personal entienda las circunstancias particulares de vulnerabilidad de las víctimas, como personas con orientación sexual diversa o mujeres trans en situaciones de prostitución.

Óscar Parra: En relación con las medidas de sanción para los comparecientes que admiten los hechos en el macrocaso, hemos establecido un esquema global para todos los casos que contempla sanciones restaurativas y que permitan generar una reparación que favorezca a las víctimas y tenga un componente de memoria histórica.

La Procuraduría dice que les ha pasado tres memoriales en los que se evidencia una preocupación al no haber una metodología definida y, además, señalan que el trabajo de la magistratura en este macrocaso ha sido escaso, pues, a su juicio, no hay una pedagogía para las víctimas. ¿Qué falta para encaminar las labores de identificación y acreditación de víctimas en esta investigación?

Lily Rueda: En respuesta a las críticas de la Procuraduría sobre la efectividad del trabajo de identificación y acreditación de víctimas, hemos tenido varios diálogos con ellos. Reconocemos que puede haber discrepancias entre los ritmos procesales y las expectativas de la Procuraduría. Sin embargo, estamos comprometidos a profundizar en estos diálogos y a ajustar nuestras prácticas para mejorar la eficiencia y la calidad del proceso.

¿Cuáles son los mayores retos que se han evidenciado en este año en torno a la investigación de la violencia sexual?

Julieta Lemaitre: La participación de las víctimas ha sido menor de la esperada. Esto puede deberse a diversos factores, como el recrudecimiento del conflicto o dificultades en la comunicación y la seguridad. A pesar de haber realizado 27 jornadas y recibido informes, el número de participantes ha sido bajo. Estamos explorando las razones detrás de esta baja participación y ajustando nuestras estrategias para mejorar el acceso y la motivación de las víctimas para participar.

Lily Rueda: Estamos comprometidos con garantizar que las víctimas participen en las mejores condiciones posibles. Cada persona tiene una historia de vida única y significativa, y nuestra labor es asegurar que se les dé el lugar que merecen en el proceso. Estamos en el camino de fortalecer el proceso de acreditación y participación, y hemos visto avances positivos en otros casos, como en el secuestro, donde las víctimas han mostrado una notable transformación y satisfacción con el proceso.

Algunas víctimas de estas violencias sufridas durante conflicto armado manifiestan que no han podido rehacer sus vidas por el trauma que conlleva todo esto. ¿Desde la JEP han pensado alguna manera de reparación que les garantice un acompañamiento para resarcir esa situación?

Julieta Lemaitre: Desde marzo de este año hemos trabajado en una guía para la acreditación y hemos tenido reuniones con organizaciones de víctimas que han propuesto particularidades en las sanciones para estos casos. Sin embargo, hemos decidido valorar estas propuestas en una etapa procesal posterior, en función del avance del proceso con las víctimas y los niveles de reconocimiento de los hechos. Este enfoque nos permitirá dialogar con las víctimas sobre los mejores caminos para aplicar sanciones restaurativas a medida que avanzamos en el caso. Además, estamos en diálogo con otros macrocasos, ya que es crucial para comprender la magnitud de la violencia basada en género durante el conflicto y para evitar un enfoque aislado de los hechos.

¿Cómo avanza la acreditación de las víctimas de la Fuerza Pública en este macrocaso?

Óscar Parra: Actualmente estamos recolectando documentación sobre el manejo de denuncias de violencia de género dentro de las Fuerzas Armadas. Esto incluye inspecciones judiciales y solicitudes de pruebas para identificar posibles negligencias o estereotipos en el tratamiento de estas denuncias. Nos hemos enfocado en abordar las diversas formas de victimización que pueden ocurrir dentro de un mismo caso y en diferentes contextos de violencia. La metodología que empleamos busca entender el contexto y las particularidades de cada caso, proporcionando una respuesta integral a las víctimas. Este enfoque es esencial para captar la complejidad de la violencia y garantizar una respuesta adecuada.

La página del macrocaso no cuenta con actualizaciones para que las víctimas puedan acreditarse y tampoco arroja información sobre en qué lugar se harán encuentros con víctimas, ¿dónde y cómo pueden acudir las víctimas para realizar ese proceso?

Óscar Parra: Hemos creado un sitio web para el macrocaso 11. Por ese medio hacemos una labor pedagógica e informativa con el fin de que la sociedad civil pueda informarse y saber a qué lugares acudir a acreditar el hecho victimizante. Sabemos que cada víctima tiene su propio tiempo de denuncia, es por eso que hemos decidido que la víctima puede acreditarse en el momento que considere pertinente. No hay un tiempo límite para que lo hagan.

Continuamos con nuestra labor pedagógica para informar y preparar a las víctimas, y estamos en contacto constante con organizaciones que le brindan información a las personas para que acudan a las jornadas de recolección de datos. Reconocemos que la participación de las víctimas es esencial para reconstruir los patrones de violencia y avanzar en el proceso de justicia. Estamos trabajando para asegurar que las voces de las víctimas sean escuchadas y para que el proceso sea lo más inclusivo y comprensivo posible.

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