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“Prefiero no tener seguridad y seguir con la independencia judicial y autonomía”, dijo la fiscal Angélica Monsalve en el Reporte Coronell de este miércoles, luego de conocerse que la Fiscalía pondría a su disposición un esquema de seguridad tras conocerse, por parte de la Dijín de la Policía, que podría haber un plan del Clan del Golfo para atentar contra su vida. La funcionaria dijo que la vicefiscal Martha Mancera, el pasado lunes, le informó sobre la situación. No obstante, para Monsalve es “inaudito” que haya una amenaza de ese tipo en su contra.
“Yo no siento que el Clan del Golfo me vaya a matar porque yo no tengo nexos ni en oposición ni en nada con el Clan del Golfo. Esto es inaudito que yo tenga que ver con el Clan del Golfo. Ni a una delegada de extinción de dominio ni de bandas criminales le ha llegado una amenaza del Clan del Golfo, ¿cómo me va a llegar a mí? Eso lo pongo en entredicho”, resaltó la funcionaria que aseguró ha hecho parte de la Unidad de Delitos de Contratación Pública. Reiteró que maneja “delitos de cuello blanco” y que sus procesos siempre vinculan funcionarios públicos, contratistas o particulares que ejercen alguna función pública.
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Monsalve, durante este martes, con ocasión de la supuesta amenaza en su contra asistió a la Fiscalía para verificar la información expuesta por la vicefiscal Mancera. La funcionaria dijo que, aunque desconoce de las amenazas en su contra, accedió para analizar un esquema de protección. No obstante, desde el búnker le pusieron una serie de condiciones para acceder a este. Resaltó que se ampararon en una resolución emitida por el entonces fiscal Eduardo Montealegre que tiene tres artículos cuestionables.
“La resolución en la parte que le da protección a los funcionarios de la Fiscalía tiene tres artículos que dejan mucho qué pensar y que me los pusieron de presente ayer en la dirección de protección de la Fiscalía (…) el artículo 154 habla que posterior a un estudio de seguridad que se me haga, esto arroja una evaluación que la da un funcionario de la Fiscalía, pero previo a ello yo tendría que firmarles un documento para autorizarles que me hagan este estudio de seguridad, y de esa evaluación que haga el operador es como si les diera un cheque en blanco al señor fiscal o al director de la unidad de protección”, dijo Monsalve.
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La fiscal explicó que el estudio que realizan desde el búnker expone dos tipos de riesgo: el extremo, que corresponde a una protección física, y el extraordinario que dice que puede haber cambio de lugar de trabajo o la reasignación de los procesos. “Entonces qué protección estoy recibiendo, si yo me tengo que arriesgar a dar un cheque en blanco para que hagan esas tres cosas”, dijo. A juicio de Monsalve, “les estaría entregando un cheque en blanco. Es una resolución y valida y estarían legitimando ese actuar de quitarme el proceso y yo misma les estaría dando el instrumento legal. Yo misma lo estaría consintiendo” resaltó la funcionaria.
Así las cosas, con las condiciones expuestas desde el búnker, Monsalve no ve pertinente aceptar un esquema de protección, además, porque considera que el expediente de Recaudo Bogotá que la tiene en el ojo del huracán no tiene relación alguna con grupos ilegales. La funcionaria es la fiscal que citó a imputación de cargos a los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla, así como a su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos Londoño.
Lo que dice la investigación que está en su despacho es que los dos primeros controlarían en la sombra una empresa, Recaudo Bogotá, que se hizo a un millonario contrato de Transmilenio para el recaudo de los pasajes de transporte público en la capital del país, cuando Ríos Londoño, fungía como funcionario público. Es decir, según las pesquisas, el contrato habría sido firmado de manera ilegal.
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Días después de mover el expediente, la fiscal recibió una resolución de la Fiscalía que la traslada “por necesidad del servicio” a Putumayo. La funcionaria, desde hace unos días, ha cuestionado la directriz del ente acusador, y lo más reciente en su caso es la amenaza que se cierne sobre su nombre por parte del Clan del Golfo. La fiscal, en diálogo con el periodista Daniel Coronell, descarta de tajo que las amenazas en su contra tenga relación alguna con el proceso que vincula a los Ríos Velilla.
“Yo no veo la conexión de riesgo entre el proceso de recaudo Bogotá con el Clan del Golfo. Es algo incongruente. Algo que yo no lo creo. Basta mirar el proceso. Basta mirar los indiciados. Qué tiene que ver Alberto Ríos Velilla o los hermanos o el hijo con el Clan del Golfo. Yo de verdad creo en la buena fe, no creo que esas personas tengan relación con el Clan para que vayan y le digan que me vaya a matar”, expuso este miércoles.
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Aunque Monsalve reconoce que la Fiscalía “está haciendo el deber ser” por protegerla, ella se sentiría más confiada con un esquema de seguridad que haga parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Me sentiría más segura con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección que es un cuerpo ajeno a la Fiscalía porque todas mis denuncias tienen que ver con la Fiscalía. Entonces una protección más transparente y menos condicionada sería la de la UNP pero nadie da respuesta”.