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En una carta de ocho páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a la misiva enviada por el director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, a las oficinas de ese órgano de justicia transicional el pasado 19 de noviembre, en la que le pidió a la magistratura que no se realicen “generalizaciones” frente a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
En el documento enviado y firmado por el director del partido de oposición, Vallejo Chujfi, hablando en nombre de la colectividad, defendió las medidas que se tomaron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, asegurando que “se implementaron medidas claras y consistentes para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos”.
En el documento, además, el Centro Democrático negó que el concepto de “body counting” (conteo de cuerpos) fuera “mencionado ni adoptado como política en dicho gobierno. Por el contrario, este término fue utilizado públicamente en otras administraciones posteriores”. Y añadió: “Las afirmaciones que sugieren la existencia de una ‘política estatal de conteo de cuerpos’ carecen de sustento documental y contradicen los esfuerzos del gobierno por exigir resultados basados en la transparencia y la legalidad”.
Además, el partido asegura en su carta que existe un riesgo de que la JEP se convierta “en un instrumento de persecución política, menos aun cuando su mandato primordial es garantizar el esclarecimiento de la verdad y contribuir a la reconciliación nacional”.
Conozca la carta enviada desde la dirección del Centro Democrático hacia la JEP:
La respuesta de la JEP
En respuesta, el presidente de ese órgano de justicia transicional, Alejandro Ramelli, y los magistrados Catalina Díaz y Oscar Parra, enviaron a la dirección del partido una misiva explicando sus puntos, en los que destacan que las afirmaciones que han entregado sobre políticas de conteo de cuerpos no son meras opiniones, sino información documentada por la Jurisdicción y con sustento en sus investigaciones.
De acuerdo con la magistratura, al hablar de la política de conteo de cuerpos, u otras dinámicas violentas que se utilizaron durante los casos de ejecuciones extrajudiciales, se refiere a “afirmaciones que explican a la opinión pública las determinaciones judiciales que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha tomado en seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas por los cuales se han imputado 102 máximos responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate en los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Casanare, Huila y Antioquia”.
La Jurisdicción estableció que esas decisiones están consignadas en una serie de autos que se soportan en varios hallazgos durante años de investigación. Por ejemplo, la magistratura hizo hincapié en que esos fallos son producto de una labor de contrastación de información de varias fuentes, entre ellas los fallos condenatorios proferidos por la justicia ordinaria y en investigaciones adelantadas allí, numerosas inspecciones judiciales adelantadas por la JEP sobre miles de documentos militares y confesiones de los comparecientes, incluidos altos mandos militares.
De hecho, en la misiva, la JEP recordó el auto por el cual la Sala de Reconocimiento de Verdad determinó los hechos y conductas de asesinatos y desapariciones forzadas para presentar a las víctimas como bajas en combate. En esa decisión judicial, la Jurisdicción precisó: “La presión por mostrar resultados operacionales, que aumentó con la puesta en marcha de la estrategia de fortalecimiento de la Fuerza Pública (...) incentivó la comisión de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. No obstante, la Sala de Reconocimiento resalta que este patrón macrocriminal se inscribe en la política de facto del conteo de cuerpos, la imposición de las “muertes en combate” como único indicador de éxito para la obtención de felicitaciones y recompensas”.
Conozca la respuesta de la JEP:
Las confesiones sobre la política de conteo de cuerpos
Para sustentar lo encontrado durante sus investigaciones, la JEP aportó en su carta una serie de testimonios de algunos exuniformados que han mencionado ante la Sala de Reconocimiento que el “body counting”, efectivamente, era un concepto que se debía implementar en algunas brigadas y batallones. En ese sentido, puso de presente el testimonio de Henry William Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16, quien señaló que en reuniones sostenidas con el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, este señaló que “el éxito de la guerra se mide en litros de sangre más o menos algo así, era así; que el éxito de la guerra se mide en litros de sangre (...) las bajas no es lo más importante, es lo único”.
La Jurisdicción también adjuntó la declaración pública del mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte: “El comandante de la división dijo que la cuota en la división eran 400 bajas, si no estoy mal. Y le asignó 100 bajas a la Brigada 16; de esas 100 bajas yo le firmé un acta a mi coronel Torres donde me comprometía a dar 25. (...) Cuando llegamos más o menos al mes de mayo, eso fue una cantidad enorme de muertes (...) Eso era una carrera enorme por ver quién presentaba más muertos”.
Entre otras declaraciones que adjuntó la JEP en el documento enviado al partido opositor está la del comandante de la Brigada Móvil número 15 durante el año 2007, Santiago Herrera Fajardo. En versión voluntaria en 2018, el exuniformado relató: “El general Montoya decía puntualmente lo siguiente: ‘la mejor acción psicológica que usted le puede hacer al enemigo es que el enemigo vea a su compañero, al bandido compañero, muerto, ese tipo ahí mismo se entrega. Yo necesito muertes en combate (…) a mí no me sirven las capturas’ eso es algo que siempre decía él, ya después empezó a hablar de litros de sangre”.
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