“No tenemos elementos de juicio para ingresar a la JEP”: defensa del general (r) Montoya
Andrés Garzón le dijo a este diario que la Fiscalía sabe que el general (r) Montoya está presto para responder ante las autoridades, y que no ha contemplado solicitar el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz cuando esta empiece a funcionar.
Redacción Judicial
Andrés Garzón, quien defiende los intereses del general (r) del Ejército, Mario Montoya, señalado entre otras cosas por la Fiscalía de haber implementado “una política de presión” que llevó a que miembros de la unidad cometieran ejecuciones extrajudiciales, le dijo a este diario que no tienen elementos de juicio para pedir ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando arranque su funcionamiento.
“No tenemos elementos de juicio en este momento para solicitar que el general pida ser ingresado a esa jurisdicción. La Fiscalía sabe que nosotros siempre estamos prestos a lo manifiesten y hemos entregado la documentación correspondiente a la justicia”, expresó Garzón. Las declaraciones se dan luego de que la emisora Blu Radio manifestara, este martes, que el organismo investigativo tiene listo el dossier contra el general (r) del Ejército por falsos positivos en caso que el general pida ser ingresado al nuevo sistema de justicia transicional.
En el documento, el organismo investigador explicó que hechos que dan origen a la investigación tiene que ver con el asesinato de los jóvenes Daniel Pesca Olaya, Eduardo Garzón Páez y Fair Leonardo Porras. Estas acciones, según las autoridades, desarrolladas por el Ejército en los municipios de Ocaña y Abrego (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander), fueron conocidas por el general (r) en su condición de comandante de esa unidad de las Fuerzas Militares. De hecho, el coronel (r) Sergio Herrera, quien se desempeñaba en la Brigada Móvil N°15, señaló a Montoya de medir las unidades militares por las muertes producidas en combate.
La Fiscalía dice que Montoya tiene responsabilidad en otros homicidios cometidos por al menos siete divisiones del Ejército Nacional durante su periodo de comandancia de la unidad castrense, bajo una política de presión por resultados. Sin embargo, el general ha dicho insistentemente que fue comandante, se preocupó por la protección de los derechos humanos, y que esas responsabilidades de las que se le acusa recaen en otros mandos de Ejército para la época de los hechos.
Andrés Garzón, quien defiende los intereses del general (r) del Ejército, Mario Montoya, señalado entre otras cosas por la Fiscalía de haber implementado “una política de presión” que llevó a que miembros de la unidad cometieran ejecuciones extrajudiciales, le dijo a este diario que no tienen elementos de juicio para pedir ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuando arranque su funcionamiento.
“No tenemos elementos de juicio en este momento para solicitar que el general pida ser ingresado a esa jurisdicción. La Fiscalía sabe que nosotros siempre estamos prestos a lo manifiesten y hemos entregado la documentación correspondiente a la justicia”, expresó Garzón. Las declaraciones se dan luego de que la emisora Blu Radio manifestara, este martes, que el organismo investigativo tiene listo el dossier contra el general (r) del Ejército por falsos positivos en caso que el general pida ser ingresado al nuevo sistema de justicia transicional.
En el documento, el organismo investigador explicó que hechos que dan origen a la investigación tiene que ver con el asesinato de los jóvenes Daniel Pesca Olaya, Eduardo Garzón Páez y Fair Leonardo Porras. Estas acciones, según las autoridades, desarrolladas por el Ejército en los municipios de Ocaña y Abrego (Norte de Santander) y Cimitarra (Santander), fueron conocidas por el general (r) en su condición de comandante de esa unidad de las Fuerzas Militares. De hecho, el coronel (r) Sergio Herrera, quien se desempeñaba en la Brigada Móvil N°15, señaló a Montoya de medir las unidades militares por las muertes producidas en combate.
La Fiscalía dice que Montoya tiene responsabilidad en otros homicidios cometidos por al menos siete divisiones del Ejército Nacional durante su periodo de comandancia de la unidad castrense, bajo una política de presión por resultados. Sin embargo, el general ha dicho insistentemente que fue comandante, se preocupó por la protección de los derechos humanos, y que esas responsabilidades de las que se le acusa recaen en otros mandos de Ejército para la época de los hechos.