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Este martes 3 de diciembre, la defensa del presidente Gustavo Petro presentó una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que argumenta que dicho organismo no tiene la competencia para investigarlo por la supuesta violación de los topes de financiación de su campaña presidencial 2022-2026. La respuesta llega dos meses después de que el CNE abriera una investigación formal y formulara cargos contra Petro en calidad de candidato presidencial.
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El abogado Héctor Carvajal, representante legal del mandatario, aseguró que el CNE está excediendo sus funciones, ya que, según su interpretación, ninguna autoridad administrativa tiene la potestad para investigar o sancionar al Presidente de la República debido al fuero especial que lo ampara. De acuerdo con el documento, el fuero presidencial contenido en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución establece que solo el Congreso puede adelantar investigaciones contra el jefe de Estado, y únicamente en casos de naturaleza penal o disciplinaria. Por lo tanto, la defensa “se abstendrá de responder los cargos formulados en forma abiertamente arbitraria”.
El documento también sostiene que el pliego de cargos formulado por el CNE vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales, como el debido proceso, el juez natural y el fuero presidencial. Además, Carvajal aseguró que dar respuesta a estos cargos sería “cohonestar con una actuación irregular” que podría configurar un caso de prevaricato, el cual ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.
La postura de la defensa contrasta con las decisiones judiciales recientes. En septiembre, la Corte Constitucional publicó el Auto 916 de 2024, en el que reafirmó la competencia del CNE para investigar presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales. Según este tribunal, dichas investigaciones son de carácter administrativo y no afectan el fuero presidencial.
A esta decisión se suma la del Consejo de Estado, que el pasado noviembre negó una solicitud de la defensa de Petro para suspender el pliego de cargos emitido por el CNE. En su pronunciamiento, el alto tribunal argumentó que no se demostró la existencia de un daño irreparable que pudiera ocurrir mientras se resuelve el caso.
En su decisión, aclaró que las medidas cautelares no están concebidas para anticipar el resultado del proceso, sino para garantizar que la decisión final pueda ejecutarse de manera efectiva. Además, enfatizó que este recurso no era el mecanismo adecuado para resolver de manera anticipada el fondo del asunto.
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El caso por el que Petro es investigado por el CNE se centra en las acusaciones de que su campaña habría excedido los topes electorales en más de $5.300 millones durante la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. Este exceso fue identificado por el órgano electoral en su análisis de los reportes financieros de la campaña.
No obstante, la defensa del presidente argumenta que el pliego de cargos del CNE carece de validez legal y vulnera la arquitectura jurídica del país. Además, Carvajal aseguró que las acciones del organismo electoral no solo son arbitrarias, sino que también buscan debilitar al jefe de Estado mediante decisiones que contradicen el marco constitucional.
El CNE, por su parte, continúa avanzando en la investigación y ha defendido su competencia en este caso. Según el organismo, las normas vigentes en el régimen electoral le otorgan plena autoridad para supervisar y sancionar posibles irregularidades en las campañas políticas, independientemente de los cargos ocupados posteriormente por los implicados.
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