“No voy a permitir que se lleven a cabo atropellos”: Luis Fernando Andrade

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, fue sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad por 18 años. El Ministerio Público afirmó que el exfuncionario habría participado en un entramado de corrupción para favorecer a la multinacional Odebrecht en varios contratos de infraestructura. El Espectador habló con Andrade, quien afirma que la Procuraduría incurrió en varias irregularidades y apeló la decisión afirmando que su proceso ya había prescrito.

En contexto: Odebrecht: Procuraduría sanciona a Luis Fernando Andrade con 18 años de inhabilidad

¿Cómo recibió la decisión de la Procuraduría?

A mí me sorprendió mucho esta decisión, especialmente porque el proceso estaba fluyendo despacio, pero bien. Cuando llega el fallo, veo que lo firma una persona diferente a quien llevó a cabo todas las diligencias. Nosotros interactuamos con otra persona durante el proceso hasta hace muy poco. Es muy raro este cambio, sobre todo en una decisión sin ningún sentido.

¿Cómo así?

Traté de averiguar quién es y me recordaron que la procuradora que firma la decisión, es la misma que había estado en el equipo de investigación del caso.

Lo que denuncia es gravísimo, pues ese cambio lo implementó la Procuraduría, por una decisión de la Corte Interamericana...

Eso es una violación de las propias normas del Ministerio Público. En el momento en el que destituyeron al Gustavo Petrocomo alcalde, él fue al Sistema Interamericano, obtuvo una medida cautelar y una decisión a su favor. A raíz de eso, hubo cambios en el Ministerio Público y uno de ellos fue que la persona que juzga no puede ser la misma que investiga. En mi caso se estaba cumpliendo esa regla. Pero al final, algo sucedió y cambiaron todo.

¿Les han dicho por qué?

No. De hecho, no nos informaron del cambio. Si a uno le informan que el caso queda en manos de la persona que hizo la investigación, como mínimo, uno recusa, que es lo que hubiéramos hecho. Pero nunca nos informaron.

Lea aquí: Otto Nicolás Bula, “ventilador” en el caso Odebrecht, es un hombre libre

Volviendo al caso puntual por el que es sancionado, la Procuraduría reprocha que la ANI haya firmado el otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra porque, dice, había intereses adicionales y la entrega de ese contrato terminó beneficiando a Odebrecht y sus socios en Colombia, Episol –filial de Corficolombiana del Grupo Aval– y CSS Constructores, del ingeniero Carlos Solarte. ¿Por qué firmó este documento tan polémico?

Aquí se cumplieron todos los requisitos que exigían varias leyes y, sobre todo, se buscó el mejor negocio para el Estado. En los años anteriores se habían aprobado 21 adiciones que pasaron por Conpes y era la forma de trabajar. No era algo inusual.

¿Por qué este tramo?

Se juntaron dos situaciones: una económica y una de necesidad nacional que hacían que esta adición tuviera sentido. Por un lado, se generó una ola invernal muy fuerte en donde muchas vías quedaron dañadas. La vía que va de Cúcuta a la Ruta del Sol fue una de las que más sufrió derrumbes. Eso tenía afectados a la gente en Norte de Santander, con el agravante de que, para esa época, ya estaba el conflicto entre Colombia y Venezuela. Entonces arreglar esa vía era una necesidad nacional.

¿Por qué dice que fue un negocio que le beneficiaba al Estado?

Porque a esa situación se le juntó el hecho de que el proyecto Ruta del Sol 2 comenzó a tener recaudos superiores a los que se habían pactado. La economía del país iba muy bien. Eso quería decir que se podían hacer más obras dentro del mismo contrato porque estaban recaudando más rápido y, en consecuencia, el Estado no tenía que poner más plata para ese otro contrato. Ni un solo peso.

¿Cómo empezó esa negociación?

Nada de esto se hizo a las carreras. Esto ocurre en 2012 y el contrato se firma dos años después, porque se dieron todos los procedimientos, análisis de viabilidad y estudios, entre ellos, el más importante que era el jurídico.

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¿Por qué?

Porque eso nos daba la tranquilidad de que no fuéramos a cometer una ilegalidad. La Concesionaria hizo sus estudios para argumentar que era posible hacerlo y contrataron a Néstor Humberto Martínez, que era su abogado. Él hizo un concepto extenso que decía que era viable jurídicamente que quienes estaban construyendo la Ruta del Sol, pudieran también hacer la vía Ocaña-Gamarra. Pero no paramos ahí. Nosotros también hicimos un estudio independiente para estar tranquilos y la interventoría de la obra dijo que no había problema. Pero además la propia oficina de la ANI hizo estudios y nos dio la tranquilidad de que no había ningún problema con ese otrosí.

¿Esa situación le generó confianza?

El Grupo Aval estaba en la junta de Ruta del Sol y el modelo financiero también lo desarrolló Corficolombiana. Esto lo digo porque estábamos tratando con entidades de alto prestigio. Y pasaba igual con Odebrecht, era la constructora más respetada en Latinoamérica. La gente llega a otras conclusiones, pero lo que se olvida es que, con el conocimiento que habíamos tenido, era la solución más inteligente. Esta decisión se llevó a otras instancias, como el Ministerio de Transporte.

Ese asunto también se ha ventilado y es que, además de tener todo el sustento legal para entregar el otrosí, el proceso tuvo el visto bueno del alto gobierno, pero ahora la Procuraduría reprocha una decisión de usted y la entidad…

Claro. Todo fue supervisado y cumpliendo los requisitos de la ANI, que son altísimos, precisamente para evitar procesos como este de la Procuraduría. Yo no soy abogado y es por eso que siempre nos asesoramos de los mejores. Este caso no fue la excepción.

Lea: Luis Fernando Andrade irá a juicio disciplinario por Odebrecht y Ruta del Sol III

Entre que se presentó la posibilidad de construir esta vía 2012 y 2014, que es cuando se entrega el contrato, ¿alguien dijo que se estaban violando las normas de contratación, como hoy lo asegura la Procuraduría?

No. No que yo recuerde.

La Procuraduría, en su decisión, le da toda la relevancia a testimonios del exsenador Otto Bula y el del exfuncionario de la ANI Juan Sebastián Correa, de quienes usted ha dicho que se concertaron para hablar en su contra. ¿Tiene algún sustento de eso?

Sí. Están los testimonios de ellos antes de estar en La Picota. Hay tres: uno en la Fiscalía, otro en la Procuraduría y otro en la Corte Suprema. Todos fueron antes de que entraran a proceso de colaboración a cambio de beneficios. Si uno revisa esas versiones, ellos dijeron algo totalmente diferente a lo que sostuvieron después de encontrarse en La Picota y de que la Fiscalía les ofreciera beneficios a cambio de que hablaran. La prueba es clara. A mí me parece grave que a los tres los pongan en el mismo patio. Si uno quiere hacer una negociación, debe tenerlos separados para poder sacar la verdad independientemente, y no que estén todo el día conversando qué van a decir.

El exfiscal Martínez presentó un concepto en el que dijo que no había ninguna ilegalidad si se entregaba el otrosí a Odebrecht y sus socios. Pero usted, en un comunicado, menciona que la Procuraduría no tuvo en cuenta esa situación. ¿Por qué?

La Procuraduría lo que debe hacer en un juicio es ver cuáles fueron las informaciones sobre las cuales se tomaron las decisiones y si los funcionarios fueron diligentes en hacer su tarea. El tema no es contradecir todos los conceptos que se dieron. La Procuraduría, si va a sancionar a alguien, tiene que ponerse en el tiempo y en las circunstancias en las que se dieron las cosas. En este caso, no había ninguna alerta de que se podía cometer una infracción si se les entregaba a ellos el otrosí. Actuamos de buena fe, confiando en lo que nos dijeron los abogados en ese momento. Que esta gente haya pagado en paralelo para que los negocios salieran a su favor, pues eso no es culpa nuestra. Ese es un hecho ajeno y la procuradora desechó testimonios claves.

¿Cómo cuáles?

Hubo un funcionario de la ANI, cercano a Juan Sebastian Correo, que dijo, bajo juramento, que todo eso que hizo Correa se realizó sin mi conocimiento. Eso lo dijo el funcionario, pero la procuradora concluye que yo estaba al tanto de muchas tramoyas que estaban haciendo. No le dieron credibilidad a personas honestas.

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En ambos procesos, en los penales y en el disciplinario, se ha tenido en cuenta que usted sostuvo reuniones y conversaciones con Eleuberto Martorelli, actuación que hoy reprocha la Procuraduría. ¿Cuál fue el pecado ahí?

Yo nunca he ocultado que hablé con Martorelli, al igual que con José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana y ya condenado), y otros funcionarios de Ruta del Sol. Esa era mi responsabilidad. Ellos tenían el proyecto más grande que estaba bajo supervisión de la ANI. No solo hablé con ellos, sino que me reuní muchas veces. Esa era mi obligación. Además, también hablaba con congresistas y gobernadores. La labor de la presidencia de la ANI no se hace desde la oficina, sino en terreno. También hablé con Bernardo Elías, era el senador más votado de Colombia con influencia muy grande en su región y en el Congreso. Para mí, era vital relacionarme con ellos.

Las investigaciones también hablan de reuniones en el apartamento de Bernardo Elías…

Se inventaron reuniones entre Martorelli y yo en el apartamento de Elías. Digo que se las inventaron, porque en las entrevistas que tuve en la Fiscalía les dije cuáles fueron las reuniones que tuve. Inclusive, porque yo quería que eso se supiera, y le llevé las fechas. El mismo Martorelli dijo que la primera reunión que sostuvo conmigo fue en noviembre de 2014 para tratar temas de reclamaciones de sobrecostos de contrato. Para noviembre de 2014, ya había pasado todo el proceso para la adición de Ocaña-Gamarra. Lo que dice Correa y Elías en los testimonios es que hubo una reunión un año antes en donde se negociaron las condiciones del contrato. Oero el mismo Martorelli ha dicho que no es así.

¿Aún falta verdad en este proceso?

En la Procuraduría no se ha hecho ningún esfuerzo por aclarar lo que realmente pasó. Nos están condenando a mí y a unos funcionarios que le ahorramos plata al Estado y que desarrollamos el único programa grande de infraestructura en Colombia. Entonces, se dedican a ver cómo nos enredan a nosotros y no aclarar a quién se le pagó. ¿A quién se benefició? ¿Quién dio la orden de que se pagara? Eso sigue sin saberse.

¿Espera algo de las entidades de control?

Esperaría que en los procesos de apelación haya más garantías. Esa es mi esperanza. Pero si no las hay, vamos a demandar. Espero que, a raíz del juicio penal que tengo, se puedan saber más verdades. Lo que me preocupa es que los funcionarios que no recibimos dinero, que le estamos dejando al país infraestructura, es a quienes investigan y castigan.

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¿Qué sigue en el proceso?

Voy a seguir utilizando las herramientas que me da la ley. Voy a apelar esta decisión. Si la apelación no se decide correctamente, si no hay la neutralidad que debe garantizar la Procuraduría, voy a ir ante los jueces. No voy a permitir que se lleven a cabo este tipo de atropellos, que no solo me afectan a mí, sino también a funcionarios que trabajaron conmigo.

El exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, fue sancionado por la Procuraduría con destitución e inhabilidad por 18 años. El Ministerio Público afirmó que el exfuncionario habría participado en un entramado de corrupción para favorecer a la multinacional Odebrecht en varios contratos de infraestructura. El Espectador habló con Andrade, quien afirma que la Procuraduría incurrió en varias irregularidades y apeló la decisión afirmando que su proceso ya había prescrito.

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¿Cómo recibió la decisión de la Procuraduría?

A mí me sorprendió mucho esta decisión, especialmente porque el proceso estaba fluyendo despacio, pero bien. Cuando llega el fallo, veo que lo firma una persona diferente a quien llevó a cabo todas las diligencias. Nosotros interactuamos con otra persona durante el proceso hasta hace muy poco. Es muy raro este cambio, sobre todo en una decisión sin ningún sentido.

¿Cómo así?

Traté de averiguar quién es y me recordaron que la procuradora que firma la decisión, es la misma que había estado en el equipo de investigación del caso.

Lo que denuncia es gravísimo, pues ese cambio lo implementó la Procuraduría, por una decisión de la Corte Interamericana...

Eso es una violación de las propias normas del Ministerio Público. En el momento en el que destituyeron al Gustavo Petrocomo alcalde, él fue al Sistema Interamericano, obtuvo una medida cautelar y una decisión a su favor. A raíz de eso, hubo cambios en el Ministerio Público y uno de ellos fue que la persona que juzga no puede ser la misma que investiga. En mi caso se estaba cumpliendo esa regla. Pero al final, algo sucedió y cambiaron todo.

¿Les han dicho por qué?

No. De hecho, no nos informaron del cambio. Si a uno le informan que el caso queda en manos de la persona que hizo la investigación, como mínimo, uno recusa, que es lo que hubiéramos hecho. Pero nunca nos informaron.

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Volviendo al caso puntual por el que es sancionado, la Procuraduría reprocha que la ANI haya firmado el otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra porque, dice, había intereses adicionales y la entrega de ese contrato terminó beneficiando a Odebrecht y sus socios en Colombia, Episol –filial de Corficolombiana del Grupo Aval– y CSS Constructores, del ingeniero Carlos Solarte. ¿Por qué firmó este documento tan polémico?

Aquí se cumplieron todos los requisitos que exigían varias leyes y, sobre todo, se buscó el mejor negocio para el Estado. En los años anteriores se habían aprobado 21 adiciones que pasaron por Conpes y era la forma de trabajar. No era algo inusual.

¿Por qué este tramo?

Se juntaron dos situaciones: una económica y una de necesidad nacional que hacían que esta adición tuviera sentido. Por un lado, se generó una ola invernal muy fuerte en donde muchas vías quedaron dañadas. La vía que va de Cúcuta a la Ruta del Sol fue una de las que más sufrió derrumbes. Eso tenía afectados a la gente en Norte de Santander, con el agravante de que, para esa época, ya estaba el conflicto entre Colombia y Venezuela. Entonces arreglar esa vía era una necesidad nacional.

¿Por qué dice que fue un negocio que le beneficiaba al Estado?

Porque a esa situación se le juntó el hecho de que el proyecto Ruta del Sol 2 comenzó a tener recaudos superiores a los que se habían pactado. La economía del país iba muy bien. Eso quería decir que se podían hacer más obras dentro del mismo contrato porque estaban recaudando más rápido y, en consecuencia, el Estado no tenía que poner más plata para ese otro contrato. Ni un solo peso.

¿Cómo empezó esa negociación?

Nada de esto se hizo a las carreras. Esto ocurre en 2012 y el contrato se firma dos años después, porque se dieron todos los procedimientos, análisis de viabilidad y estudios, entre ellos, el más importante que era el jurídico.

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¿Por qué?

Porque eso nos daba la tranquilidad de que no fuéramos a cometer una ilegalidad. La Concesionaria hizo sus estudios para argumentar que era posible hacerlo y contrataron a Néstor Humberto Martínez, que era su abogado. Él hizo un concepto extenso que decía que era viable jurídicamente que quienes estaban construyendo la Ruta del Sol, pudieran también hacer la vía Ocaña-Gamarra. Pero no paramos ahí. Nosotros también hicimos un estudio independiente para estar tranquilos y la interventoría de la obra dijo que no había problema. Pero además la propia oficina de la ANI hizo estudios y nos dio la tranquilidad de que no había ningún problema con ese otrosí.

¿Esa situación le generó confianza?

El Grupo Aval estaba en la junta de Ruta del Sol y el modelo financiero también lo desarrolló Corficolombiana. Esto lo digo porque estábamos tratando con entidades de alto prestigio. Y pasaba igual con Odebrecht, era la constructora más respetada en Latinoamérica. La gente llega a otras conclusiones, pero lo que se olvida es que, con el conocimiento que habíamos tenido, era la solución más inteligente. Esta decisión se llevó a otras instancias, como el Ministerio de Transporte.

Ese asunto también se ha ventilado y es que, además de tener todo el sustento legal para entregar el otrosí, el proceso tuvo el visto bueno del alto gobierno, pero ahora la Procuraduría reprocha una decisión de usted y la entidad…

Claro. Todo fue supervisado y cumpliendo los requisitos de la ANI, que son altísimos, precisamente para evitar procesos como este de la Procuraduría. Yo no soy abogado y es por eso que siempre nos asesoramos de los mejores. Este caso no fue la excepción.

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Entre que se presentó la posibilidad de construir esta vía 2012 y 2014, que es cuando se entrega el contrato, ¿alguien dijo que se estaban violando las normas de contratación, como hoy lo asegura la Procuraduría?

No. No que yo recuerde.

La Procuraduría, en su decisión, le da toda la relevancia a testimonios del exsenador Otto Bula y el del exfuncionario de la ANI Juan Sebastián Correa, de quienes usted ha dicho que se concertaron para hablar en su contra. ¿Tiene algún sustento de eso?

Sí. Están los testimonios de ellos antes de estar en La Picota. Hay tres: uno en la Fiscalía, otro en la Procuraduría y otro en la Corte Suprema. Todos fueron antes de que entraran a proceso de colaboración a cambio de beneficios. Si uno revisa esas versiones, ellos dijeron algo totalmente diferente a lo que sostuvieron después de encontrarse en La Picota y de que la Fiscalía les ofreciera beneficios a cambio de que hablaran. La prueba es clara. A mí me parece grave que a los tres los pongan en el mismo patio. Si uno quiere hacer una negociación, debe tenerlos separados para poder sacar la verdad independientemente, y no que estén todo el día conversando qué van a decir.

El exfiscal Martínez presentó un concepto en el que dijo que no había ninguna ilegalidad si se entregaba el otrosí a Odebrecht y sus socios. Pero usted, en un comunicado, menciona que la Procuraduría no tuvo en cuenta esa situación. ¿Por qué?

La Procuraduría lo que debe hacer en un juicio es ver cuáles fueron las informaciones sobre las cuales se tomaron las decisiones y si los funcionarios fueron diligentes en hacer su tarea. El tema no es contradecir todos los conceptos que se dieron. La Procuraduría, si va a sancionar a alguien, tiene que ponerse en el tiempo y en las circunstancias en las que se dieron las cosas. En este caso, no había ninguna alerta de que se podía cometer una infracción si se les entregaba a ellos el otrosí. Actuamos de buena fe, confiando en lo que nos dijeron los abogados en ese momento. Que esta gente haya pagado en paralelo para que los negocios salieran a su favor, pues eso no es culpa nuestra. Ese es un hecho ajeno y la procuradora desechó testimonios claves.

¿Cómo cuáles?

Hubo un funcionario de la ANI, cercano a Juan Sebastian Correo, que dijo, bajo juramento, que todo eso que hizo Correa se realizó sin mi conocimiento. Eso lo dijo el funcionario, pero la procuradora concluye que yo estaba al tanto de muchas tramoyas que estaban haciendo. No le dieron credibilidad a personas honestas.

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En ambos procesos, en los penales y en el disciplinario, se ha tenido en cuenta que usted sostuvo reuniones y conversaciones con Eleuberto Martorelli, actuación que hoy reprocha la Procuraduría. ¿Cuál fue el pecado ahí?

Yo nunca he ocultado que hablé con Martorelli, al igual que con José Elías Melo (expresidente de Corficolombiana y ya condenado), y otros funcionarios de Ruta del Sol. Esa era mi responsabilidad. Ellos tenían el proyecto más grande que estaba bajo supervisión de la ANI. No solo hablé con ellos, sino que me reuní muchas veces. Esa era mi obligación. Además, también hablaba con congresistas y gobernadores. La labor de la presidencia de la ANI no se hace desde la oficina, sino en terreno. También hablé con Bernardo Elías, era el senador más votado de Colombia con influencia muy grande en su región y en el Congreso. Para mí, era vital relacionarme con ellos.

Las investigaciones también hablan de reuniones en el apartamento de Bernardo Elías…

Se inventaron reuniones entre Martorelli y yo en el apartamento de Elías. Digo que se las inventaron, porque en las entrevistas que tuve en la Fiscalía les dije cuáles fueron las reuniones que tuve. Inclusive, porque yo quería que eso se supiera, y le llevé las fechas. El mismo Martorelli dijo que la primera reunión que sostuvo conmigo fue en noviembre de 2014 para tratar temas de reclamaciones de sobrecostos de contrato. Para noviembre de 2014, ya había pasado todo el proceso para la adición de Ocaña-Gamarra. Lo que dice Correa y Elías en los testimonios es que hubo una reunión un año antes en donde se negociaron las condiciones del contrato. Oero el mismo Martorelli ha dicho que no es así.

¿Aún falta verdad en este proceso?

En la Procuraduría no se ha hecho ningún esfuerzo por aclarar lo que realmente pasó. Nos están condenando a mí y a unos funcionarios que le ahorramos plata al Estado y que desarrollamos el único programa grande de infraestructura en Colombia. Entonces, se dedican a ver cómo nos enredan a nosotros y no aclarar a quién se le pagó. ¿A quién se benefició? ¿Quién dio la orden de que se pagara? Eso sigue sin saberse.

¿Espera algo de las entidades de control?

Esperaría que en los procesos de apelación haya más garantías. Esa es mi esperanza. Pero si no las hay, vamos a demandar. Espero que, a raíz del juicio penal que tengo, se puedan saber más verdades. Lo que me preocupa es que los funcionarios que no recibimos dinero, que le estamos dejando al país infraestructura, es a quienes investigan y castigan.

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¿Qué sigue en el proceso?

Voy a seguir utilizando las herramientas que me da la ley. Voy a apelar esta decisión. Si la apelación no se decide correctamente, si no hay la neutralidad que debe garantizar la Procuraduría, voy a ir ante los jueces. No voy a permitir que se lleven a cabo este tipo de atropellos, que no solo me afectan a mí, sino también a funcionarios que trabajaron conmigo.