Nos deja un mensaje de impunidad: víctimas de las Farc por amnistía a Granda

Rodrigo Granda Escobar, conocido en la guerra como Ricardo Téllez, es desde el pasado 24 de octubre un hombre libre de responder por el delito de rebelión, comúnmente imputado a miembros de grupos guerrilleros.  Así lo determinó la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual tumbó la condena que en 2006 pesaba en contra de quien era conocido como el vocero internacional de las Farc.

En contexto: JEP concede amnistía a exFarc Rodrigo Granda por el delito de rebelión

Además, la JEP ordenó a la Contraloría, Procuraduría, Policía e Inpec, retirar de sus respectivos sistemas los antecedentes penales y disciplinarios de Granda. El exguerrillero deberá suscribir un acta de compromiso y seguir compareciendo ante la JEP en audiencias cuyo objetivo sea la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la Federación Colombiana de Víctimas de Farc (Fevcol) no quedó conforme con la decisión. En diálogo con El Espectador, Sebastián Velázquez, representante legal, reaccionó a la última decisión de la JEP.

Rebelión es justamente el delito que comúnmente se les imputa a miembros de organizaciones guerrilleras. ¿Qué sensación les deja a ustedes la amnistía otorgada a Rodrigo Granda?

Todos sabemos desde antes que se creara la JEP que el delito de rebelión es amnistiable porque es un delito político. Pero se le olvidó a la JEP hacer énfasis en que Rodrigo Granda tiene 27 procesos abiertos por secuestro, desplazamiento y homicidio en las Salas de Reconocimiento. Creemos que la jurisdicción se anticipa prematuramente a darle una amnistía cuando el señor ha aportado cero verdades.

Lea: JEP llama a versión por reclutamiento de niños a Rodrigo Granda y Victoria Sandino

El mensaje que nos deja es de impunidad.  En el delito de rebelión están inmersas todas las personas que han empuñado un arma para defender unos ideales en Colombia. Las reglas en la justicia ordinaria o la especial no lo eximen a él de tener que aportar la verdad como parte del Comando Conjunto Central de las Farc, como máximo responsable.

Nos preocupa que sean muy expeditos para indultar, pero sean muy lentos para el tema de las sanciones propias. Llevamos seis años esperando que se dé una sola sanción propia. Hace 15 días estuve en Bogotá escuchando los abogados de la defensa de los máximos comparecientes del caso 01 con la primera propuesta de Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras (TOAR) que se supone es el mecanismo de justicia restaurativa por medio del cual las Farc van a pagar sus penas.

Ellos hacen un escrito de 300 páginas y se despachan diciendo tres elementos con los cuales ellos proponen cómo pagar sus penas. Uno, un libro. Segundo, un audio libro.  Y tercero, con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros lo que solicitamos es que reparen las comunidades donde hicieron sus actuaciones delictivas con obras menores, escuelas, vías terciarias y agua potable.

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Pero ahora resulta que están buscando recursos para ellos y se fueron por lo simbólico, los libros. Por otro lado, se van por un tema que es un compromiso. Ellos firman un Acuerdo de Paz, que en el punto cinco da inicio a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Tiene un componente de las Farc para el esclarecimiento de la desaparición forzada. Entonces, hablamos de una obligación. No es una manera de pagar una pena.

¿Qué opina con respecto a que la JEP haya ordenado la limpieza del pasado judicial de Granda, por ejemplo, en la Policía y el Inpec con respecto al delito de rebelión?

Es una acción que manda un mensaje de impunidad. No hay unos máximos de justicia y verdad, pero debe haber unos mínimos. No hay absolutamente ninguna garantía del Tribunal. Le están dando las garantías al victimario y le están limpiando su prontuario. Hoy Granda no puede salir de Colombia, pero con respecto al delito de rebelión está impoluto. Yo no sé por qué sacaron este tema justo en este momento que se está hablando de la “paz total”. El mensaje no es correcto, sobre todo cuando nosotros hemos sido pacientes. Estamos hablando del sexto año ¿Cuánto más nos toca esperar?

¿Cómo ve el avance de la JEP contra los exFarc, mientras al tiempo se lanza la primera resolución de conclusiones en el caso de ejecuciones extrajudiciales?

Es difícil entrar en el tema de la comparación y debo decir que me duele la muerte de cualquier colombiano. Sobre el macrocaso 03 hay avances significativos, hay intereses internos también, pero también es cierto que sobre los delitos atroces y de lesa humanidad cometidos por las Farc hay lentitud e impunidad absoluta. El mensaje es de desconfianza y sentimos que las víctimas no son el centro de los acuerdos. Uno como organización de víctimas acepta que ese es el tribunal que nos pusieron por 15 años. Nosotros no quisimos validar el sistema en el principio. Pero entendimos que iban a participar y decidir por nosotros. Muy expeditos para lavar culpa.

Lea: Cecilia Cubas, la paraguaya por cuyo asesinato señalan a Rodrigo Granda

¿Cuáles son las peticiones generales de las víctimas de las Farc de cara a lo que pueda hacer la JEP en los años que vienen?

Un elemento por el cual se creó esta justicia temporal fue el alto nivel de impunidad que generaba la justicia ordinaria. Uno creería que acá, que hay menos casos y todo un aparato judicial e investigativo para ser céleres, no se tuvieran que esperar los máximos plazos del funcionamiento del tribunal. Uno no entiende la lentitud. En el único caso de víctimas de Farc que hay una propuesta sobre sanciones propias es en el 01, pero no en el 04 y el 07. Ellos pueden aducir el tema de COVID-19 que posiblemente retrasó dos años. Lo que sí abono positivamente es la apertura de nuevos macrocasos. Se estaban quedando cortos porque muchas de las dinámicas de violencias producidas pro las Farc fueron de carácter nacional y no de carácter territorial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Rodrigo Granda Escobar, conocido en la guerra como Ricardo Téllez, es desde el pasado 24 de octubre un hombre libre de responder por el delito de rebelión, comúnmente imputado a miembros de grupos guerrilleros.  Así lo determinó la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual tumbó la condena que en 2006 pesaba en contra de quien era conocido como el vocero internacional de las Farc.

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Además, la JEP ordenó a la Contraloría, Procuraduría, Policía e Inpec, retirar de sus respectivos sistemas los antecedentes penales y disciplinarios de Granda. El exguerrillero deberá suscribir un acta de compromiso y seguir compareciendo ante la JEP en audiencias cuyo objetivo sea la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la Federación Colombiana de Víctimas de Farc (Fevcol) no quedó conforme con la decisión. En diálogo con El Espectador, Sebastián Velázquez, representante legal, reaccionó a la última decisión de la JEP.

Rebelión es justamente el delito que comúnmente se les imputa a miembros de organizaciones guerrilleras. ¿Qué sensación les deja a ustedes la amnistía otorgada a Rodrigo Granda?

Todos sabemos desde antes que se creara la JEP que el delito de rebelión es amnistiable porque es un delito político. Pero se le olvidó a la JEP hacer énfasis en que Rodrigo Granda tiene 27 procesos abiertos por secuestro, desplazamiento y homicidio en las Salas de Reconocimiento. Creemos que la jurisdicción se anticipa prematuramente a darle una amnistía cuando el señor ha aportado cero verdades.

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El mensaje que nos deja es de impunidad.  En el delito de rebelión están inmersas todas las personas que han empuñado un arma para defender unos ideales en Colombia. Las reglas en la justicia ordinaria o la especial no lo eximen a él de tener que aportar la verdad como parte del Comando Conjunto Central de las Farc, como máximo responsable.

Nos preocupa que sean muy expeditos para indultar, pero sean muy lentos para el tema de las sanciones propias. Llevamos seis años esperando que se dé una sola sanción propia. Hace 15 días estuve en Bogotá escuchando los abogados de la defensa de los máximos comparecientes del caso 01 con la primera propuesta de Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras (TOAR) que se supone es el mecanismo de justicia restaurativa por medio del cual las Farc van a pagar sus penas.

Ellos hacen un escrito de 300 páginas y se despachan diciendo tres elementos con los cuales ellos proponen cómo pagar sus penas. Uno, un libro. Segundo, un audio libro.  Y tercero, con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Nosotros lo que solicitamos es que reparen las comunidades donde hicieron sus actuaciones delictivas con obras menores, escuelas, vías terciarias y agua potable.

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Pero ahora resulta que están buscando recursos para ellos y se fueron por lo simbólico, los libros. Por otro lado, se van por un tema que es un compromiso. Ellos firman un Acuerdo de Paz, que en el punto cinco da inicio a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Tiene un componente de las Farc para el esclarecimiento de la desaparición forzada. Entonces, hablamos de una obligación. No es una manera de pagar una pena.

¿Qué opina con respecto a que la JEP haya ordenado la limpieza del pasado judicial de Granda, por ejemplo, en la Policía y el Inpec con respecto al delito de rebelión?

Es una acción que manda un mensaje de impunidad. No hay unos máximos de justicia y verdad, pero debe haber unos mínimos. No hay absolutamente ninguna garantía del Tribunal. Le están dando las garantías al victimario y le están limpiando su prontuario. Hoy Granda no puede salir de Colombia, pero con respecto al delito de rebelión está impoluto. Yo no sé por qué sacaron este tema justo en este momento que se está hablando de la “paz total”. El mensaje no es correcto, sobre todo cuando nosotros hemos sido pacientes. Estamos hablando del sexto año ¿Cuánto más nos toca esperar?

¿Cómo ve el avance de la JEP contra los exFarc, mientras al tiempo se lanza la primera resolución de conclusiones en el caso de ejecuciones extrajudiciales?

Es difícil entrar en el tema de la comparación y debo decir que me duele la muerte de cualquier colombiano. Sobre el macrocaso 03 hay avances significativos, hay intereses internos también, pero también es cierto que sobre los delitos atroces y de lesa humanidad cometidos por las Farc hay lentitud e impunidad absoluta. El mensaje es de desconfianza y sentimos que las víctimas no son el centro de los acuerdos. Uno como organización de víctimas acepta que ese es el tribunal que nos pusieron por 15 años. Nosotros no quisimos validar el sistema en el principio. Pero entendimos que iban a participar y decidir por nosotros. Muy expeditos para lavar culpa.

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¿Cuáles son las peticiones generales de las víctimas de las Farc de cara a lo que pueda hacer la JEP en los años que vienen?

Un elemento por el cual se creó esta justicia temporal fue el alto nivel de impunidad que generaba la justicia ordinaria. Uno creería que acá, que hay menos casos y todo un aparato judicial e investigativo para ser céleres, no se tuvieran que esperar los máximos plazos del funcionamiento del tribunal. Uno no entiende la lentitud. En el único caso de víctimas de Farc que hay una propuesta sobre sanciones propias es en el 01, pero no en el 04 y el 07. Ellos pueden aducir el tema de COVID-19 que posiblemente retrasó dos años. Lo que sí abono positivamente es la apertura de nuevos macrocasos. Se estaban quedando cortos porque muchas de las dinámicas de violencias producidas pro las Farc fueron de carácter nacional y no de carácter territorial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.