“Nos falta insertar a los animales en la Constitución”: Luis Domingo Gómez

¿Por qué ya no es descabellado hablar de derechos de los animales y de la naturaleza?

En nuestro país ya hay decisiones judiciales que así lo han reconocido. En 2020 sucedieron dos grandes eventos para el derecho animal. Primero, el Juzgado Primero Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Ibagué reconoció a Clifor (un perro) como ser sintiente y, además, reconoció por primera vez la familia “multiespecie” en Colombia. Segundo, el Juzgado Civil del Circuito de Gachetá protegió el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la dueña de unos perros en Altos de Potosí (Guasca), pero también la intimidad personal y familiar. Además del caso del oso Chucho (a quien se le concedió en 2017 un hábeas corpus, aunque fue revocado después), el país conoce otros casos especiales. La Corte Constitucional reconoció como sujeto de derechos en 2016 al río Atrato, luego hubo decisiones que protegieron a los ríos Cauca, Pance, Otún y Magdalena en 2019. Se protegió a la Amazonia por la Corte Suprema en 2018. Recientemente se protegió al Valle del Cocora, el lago de Tota, Parque Isla Salamanca y al Parque Natural Los Nevados, y el complejo de páramo de Las Hermosas. Este ya no es un tema dogmático, se han tomado decisiones. Hoy, en Colombia, los derechos de los animales y de la naturaleza son una realidad.

¿Qué cambió para que esto fuera posible?

A las autoridades les quedó grande gestionar el recurso de flora, fauna y el territorio en determinados lugares, especialmente en los ecosistemas estratégicos que tienen incidencia directa en el goce de derechos de determinadas comunidades. Ni las gestiones de las autoridades administrativas competentes ni incluso decisiones judiciales eran suficientes para lograr la protección de ecosistemas de los cuales dependen comunidades concretas. Por eso se da el paso a la protección por vía tutela, en las cuales los jueces reconocen la existencia de derechos a la naturaleza en consonancia con el derecho colectivo al ambiente sano, al derecho a la salud, al agua potable, entre otros. Los jueces van más allá y deciden reconocer el vínculo entre humanos, animales no humanos, cuerpos de agua y ecosistemas, pensando en las generaciones futuras y garantizando que se proyecten políticas de desarrollo sostenible.

¿Por qué es necesario llegar a otorgar derechos para garantizar esa preservación?

Esa es una crítica que podría ser viable en la medida en que las autoridades cumplieran los roles que la Constitución y la ley les ha otorgado. Sin embargo, uno ve grandes fracasos, instituciones que no se coordinan para cumplir sus funciones -como las que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental- y el país tiene que asistir a tragedias como la deforestación de la Amazonia, la degradación de los ríos Atrato y Magdalena y el Valle del Cocora. Es increíble que ese Valle, que tiene el árbol nacional, esté tan desprotegido que hoy se permiten actividades agrícolas que no deberían estar. Eso demuestra ineficiencia administrativa, y la ciudadanía, personas del común, han buscado en los jueces pronunciamientos que, si bien hoy pueden ser criticados, sí han logrado focalizar la atención en ecosistemas estratégicos. La ciudadanía debe creerse el papel de pueblo soberano.

La ley actual dice que los animales son seres sintientes, ¿qué falta?

El Congreso en 2016, siguiendo ejemplo de Perú, Francia y Portugal, decide variar la categoría jurídica de los animales vertebrados de “cosas” a “seres sintientes”, pero no se atrevió a ir más allá. Por ejemplo, ¿qué pasa con una mal llamada mascota, un animal de compañía, cuando la cabeza del hogar fallece y hay que hacer una sucesión? ¿Qué pasa cuando una pareja se separa con un perro o un gato? Por eso son importantes el caso de Clifor (que necesitaba un medicamento restringido y no se lo vendían al dueño) y de los perros de los Altos de Potosí (donde el conjunto estaba poniendo límite al número de mascotas), porque es el juez el que, en casos concretos, da soluciones. En el primer caso, el juez explica que, al no gestionar el medicamento, no solo se pone en riesgo la existencia de Clifor sino que se estarían alterando las relaciones del núcleo familiar que tiene cuatro miembros humanos y uno no humano. El legislador fue muy tímido. Nos queda, y lo vamos a buscar prontamente, insertar a los animales en la Constitución porque sabemos, como lo hizo Brasil (1988), Suiza (1992), Alemania (2002) y Egipto (2014), que así vamos a garantizar un proceso más rápido de desarrollos legislativos y adopción de decisiones judiciales más amplias y respetuosas de los derechos de los animales.

¿De qué animales hablamos? ¿Qué pasa con la cadena alimenticia?

Estamos hablando de un nuevo paradigma en el relacionamiento entre animales humanos o racionales y animales no racionales y esto significa que allí estarán tanto animales salvajes o silvestres y los domésticos, que son los de compañía, y los animales de abasto o de granja, es decir aquellos que se crían para incorporar en nuestra base alimenticia. Creo que hoy más que nunca la gente es consciente sobre los hábitos saludables y el consenso ético del que he hablado exige que yo, cuando vaya a consumir un filete, por lo menos sea crítico y privilegie aquellos productos en donde haya habido estándares de buen trato y los animales no hayan sido sometidos a dolores y sufrimientos innecesarios. Hay estándares en los cuales trabajar. Soy consciente que estos tratos no se van a dar de la noche a la mañana.

¿Qué implica declarar un ecosistema sujeto de derechos?

La idea que tengo, así no vayan hasta allá los jueces, es que si reconocen como sujeto de derechos a los ecosistemas, lo más cercano que hay teóricamente son las “personas jurídicas”. Personas jurídicas que, a raíz de los pronunciamientos, son predicables de ellas derechos como la preservación y (sobre las cuales) hay un marco jurídico que las protege. La consecuencia directa hoy por hoy sería decir que el río Atrato es una persona jurídica sobre la cual se ha ordenado una política pública para protegerla. Pensemos en la Amazonia y que un gobierno cualquiera, por ejemplo, le dé por vender un millón de hectáreas de bosque. Eso no se puede hacer porque se estaría violando una decisión judicial y alterando la composición de un ecosistema. Si las protecciones no existieran, la recuperación de fuentes de agua o de bosques (en la Amazonia) estaría sometida a la inercia de la política pública, y la preocupación que hay hoy sobre la deforestación probablemente no tendría tanto impacto.

El problema es que no se cumplen...

En Colombia somos de extremos, creemos que por el solo hecho de que una decisión salga inmediatamente la realidad cambia. Se nos olvida que detrás de la ejecución de estas decisiones están seres humanos, que son funcionarios, que están siendo obligados a cumplir un mandado que antes, por voluntad propia, no cumplían. Son los mismos. Son ellos mismos (gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, etc.) los que tienen que cambiar el chip y a regañadientes van a tener que cumplir los mandatos de la justicia. El problema no son las decisiones, sino las personas que tienen la responsabilidad de cumplir las políticas, de hacer el trabajo, de proteger el medio ambiente.

¿Por qué la cátedra de derecho animal?

Por primera vez en América Latina abrimos el curso de derecho animal en el marco de las maestrías de ciudadanía y derechos humanos y derecho ambiental y sostenibilidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es importante que estos espacios se abran en la academia, porque los conocimientos sobre los que se ha venido teorizando, deben ser acogidos por el ordenamiento jurídico. Me explico. Sabemos que los animales, al menos los vertebrados, son sensibles. Pero, ¿cuál es el problema? A pesar de que existe un tipo penal que persigue al maltratador y de la existencia de leyes de protección y de bienestar animal, se siguen cometiendo desafueros, excesos y malos tratos como si ellos fueran piedras que no sintieran. Hemos avanzado y somos conscientes de que hay que variar la relación (con los animales no humanos), sin embargo, el mensaje no llega a todos lados. Por esa razón el sistema jurídico debe acoger los elementos principales y llevarlos a una ordenación razonable para hacer respetar los derechos de los animales. Eso que ha sido preocupación de teóricos y que ha sido llevado a la academia en países como en Estados Unidos o en España llevó a que Colombia haya decidido dar el paso y enseñarles a las personas cómo utilizar las herramientas legales en favor de los animales.

¿Por qué ya no es descabellado hablar de derechos de los animales y de la naturaleza?

En nuestro país ya hay decisiones judiciales que así lo han reconocido. En 2020 sucedieron dos grandes eventos para el derecho animal. Primero, el Juzgado Primero Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Ibagué reconoció a Clifor (un perro) como ser sintiente y, además, reconoció por primera vez la familia “multiespecie” en Colombia. Segundo, el Juzgado Civil del Circuito de Gachetá protegió el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la dueña de unos perros en Altos de Potosí (Guasca), pero también la intimidad personal y familiar. Además del caso del oso Chucho (a quien se le concedió en 2017 un hábeas corpus, aunque fue revocado después), el país conoce otros casos especiales. La Corte Constitucional reconoció como sujeto de derechos en 2016 al río Atrato, luego hubo decisiones que protegieron a los ríos Cauca, Pance, Otún y Magdalena en 2019. Se protegió a la Amazonia por la Corte Suprema en 2018. Recientemente se protegió al Valle del Cocora, el lago de Tota, Parque Isla Salamanca y al Parque Natural Los Nevados, y el complejo de páramo de Las Hermosas. Este ya no es un tema dogmático, se han tomado decisiones. Hoy, en Colombia, los derechos de los animales y de la naturaleza son una realidad.

¿Qué cambió para que esto fuera posible?

A las autoridades les quedó grande gestionar el recurso de flora, fauna y el territorio en determinados lugares, especialmente en los ecosistemas estratégicos que tienen incidencia directa en el goce de derechos de determinadas comunidades. Ni las gestiones de las autoridades administrativas competentes ni incluso decisiones judiciales eran suficientes para lograr la protección de ecosistemas de los cuales dependen comunidades concretas. Por eso se da el paso a la protección por vía tutela, en las cuales los jueces reconocen la existencia de derechos a la naturaleza en consonancia con el derecho colectivo al ambiente sano, al derecho a la salud, al agua potable, entre otros. Los jueces van más allá y deciden reconocer el vínculo entre humanos, animales no humanos, cuerpos de agua y ecosistemas, pensando en las generaciones futuras y garantizando que se proyecten políticas de desarrollo sostenible.

¿Por qué es necesario llegar a otorgar derechos para garantizar esa preservación?

Esa es una crítica que podría ser viable en la medida en que las autoridades cumplieran los roles que la Constitución y la ley les ha otorgado. Sin embargo, uno ve grandes fracasos, instituciones que no se coordinan para cumplir sus funciones -como las que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental- y el país tiene que asistir a tragedias como la deforestación de la Amazonia, la degradación de los ríos Atrato y Magdalena y el Valle del Cocora. Es increíble que ese Valle, que tiene el árbol nacional, esté tan desprotegido que hoy se permiten actividades agrícolas que no deberían estar. Eso demuestra ineficiencia administrativa, y la ciudadanía, personas del común, han buscado en los jueces pronunciamientos que, si bien hoy pueden ser criticados, sí han logrado focalizar la atención en ecosistemas estratégicos. La ciudadanía debe creerse el papel de pueblo soberano.

La ley actual dice que los animales son seres sintientes, ¿qué falta?

El Congreso en 2016, siguiendo ejemplo de Perú, Francia y Portugal, decide variar la categoría jurídica de los animales vertebrados de “cosas” a “seres sintientes”, pero no se atrevió a ir más allá. Por ejemplo, ¿qué pasa con una mal llamada mascota, un animal de compañía, cuando la cabeza del hogar fallece y hay que hacer una sucesión? ¿Qué pasa cuando una pareja se separa con un perro o un gato? Por eso son importantes el caso de Clifor (que necesitaba un medicamento restringido y no se lo vendían al dueño) y de los perros de los Altos de Potosí (donde el conjunto estaba poniendo límite al número de mascotas), porque es el juez el que, en casos concretos, da soluciones. En el primer caso, el juez explica que, al no gestionar el medicamento, no solo se pone en riesgo la existencia de Clifor sino que se estarían alterando las relaciones del núcleo familiar que tiene cuatro miembros humanos y uno no humano. El legislador fue muy tímido. Nos queda, y lo vamos a buscar prontamente, insertar a los animales en la Constitución porque sabemos, como lo hizo Brasil (1988), Suiza (1992), Alemania (2002) y Egipto (2014), que así vamos a garantizar un proceso más rápido de desarrollos legislativos y adopción de decisiones judiciales más amplias y respetuosas de los derechos de los animales.

¿De qué animales hablamos? ¿Qué pasa con la cadena alimenticia?

Estamos hablando de un nuevo paradigma en el relacionamiento entre animales humanos o racionales y animales no racionales y esto significa que allí estarán tanto animales salvajes o silvestres y los domésticos, que son los de compañía, y los animales de abasto o de granja, es decir aquellos que se crían para incorporar en nuestra base alimenticia. Creo que hoy más que nunca la gente es consciente sobre los hábitos saludables y el consenso ético del que he hablado exige que yo, cuando vaya a consumir un filete, por lo menos sea crítico y privilegie aquellos productos en donde haya habido estándares de buen trato y los animales no hayan sido sometidos a dolores y sufrimientos innecesarios. Hay estándares en los cuales trabajar. Soy consciente que estos tratos no se van a dar de la noche a la mañana.

¿Qué implica declarar un ecosistema sujeto de derechos?

La idea que tengo, así no vayan hasta allá los jueces, es que si reconocen como sujeto de derechos a los ecosistemas, lo más cercano que hay teóricamente son las “personas jurídicas”. Personas jurídicas que, a raíz de los pronunciamientos, son predicables de ellas derechos como la preservación y (sobre las cuales) hay un marco jurídico que las protege. La consecuencia directa hoy por hoy sería decir que el río Atrato es una persona jurídica sobre la cual se ha ordenado una política pública para protegerla. Pensemos en la Amazonia y que un gobierno cualquiera, por ejemplo, le dé por vender un millón de hectáreas de bosque. Eso no se puede hacer porque se estaría violando una decisión judicial y alterando la composición de un ecosistema. Si las protecciones no existieran, la recuperación de fuentes de agua o de bosques (en la Amazonia) estaría sometida a la inercia de la política pública, y la preocupación que hay hoy sobre la deforestación probablemente no tendría tanto impacto.

El problema es que no se cumplen...

En Colombia somos de extremos, creemos que por el solo hecho de que una decisión salga inmediatamente la realidad cambia. Se nos olvida que detrás de la ejecución de estas decisiones están seres humanos, que son funcionarios, que están siendo obligados a cumplir un mandado que antes, por voluntad propia, no cumplían. Son los mismos. Son ellos mismos (gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, etc.) los que tienen que cambiar el chip y a regañadientes van a tener que cumplir los mandatos de la justicia. El problema no son las decisiones, sino las personas que tienen la responsabilidad de cumplir las políticas, de hacer el trabajo, de proteger el medio ambiente.

¿Por qué la cátedra de derecho animal?

Por primera vez en América Latina abrimos el curso de derecho animal en el marco de las maestrías de ciudadanía y derechos humanos y derecho ambiental y sostenibilidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es importante que estos espacios se abran en la academia, porque los conocimientos sobre los que se ha venido teorizando, deben ser acogidos por el ordenamiento jurídico. Me explico. Sabemos que los animales, al menos los vertebrados, son sensibles. Pero, ¿cuál es el problema? A pesar de que existe un tipo penal que persigue al maltratador y de la existencia de leyes de protección y de bienestar animal, se siguen cometiendo desafueros, excesos y malos tratos como si ellos fueran piedras que no sintieran. Hemos avanzado y somos conscientes de que hay que variar la relación (con los animales no humanos), sin embargo, el mensaje no llega a todos lados. Por esa razón el sistema jurídico debe acoger los elementos principales y llevarlos a una ordenación razonable para hacer respetar los derechos de los animales. Eso que ha sido preocupación de teóricos y que ha sido llevado a la academia en países como en Estados Unidos o en España llevó a que Colombia haya decidido dar el paso y enseñarles a las personas cómo utilizar las herramientas legales en favor de los animales.