Nueva arista en el caso de la avioneta del esposo de Azcárate

Mientras la Fiscalía ya procesa a dos hombres que iban a bordo de una avioneta que aterrizó en la isla de Providencia el pasado 23 de mayo –con cerca de media tonelada de cocaína–, propiedad del empresario Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate, la Dirección Antinarcóticos de la Policía sigue investigando a otros posibles miembros de una estructura narcotraficante que enviaba droga a Estados Unidos. El Espectador conoció que esa dependencia policial indaga sobre la posible participación de uniformados en esta asociación ilícita y que ya hizo pruebas de polígrafo a varios que, por acción u omisión, habrían colaborado con el negocio ilegal.

Mientras la Fiscalía ya procesa a dos hombres que iban a bordo de una avioneta que aterrizó en la isla de Providencia el pasado 23 de mayo –con cerca de media tonelada de cocaína–, propiedad del empresario Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate, la Dirección Antinarcóticos de la Policía sigue investigando a otros posibles miembros de una estructura narcotraficante que enviaba droga a Estados Unidos. El Espectador conoció que esa dependencia policial indaga sobre la posible participación de uniformados en esta asociación ilícita y que ya hizo pruebas de polígrafo a varios que, por acción u omisión, habrían colaborado con el negocio ilegal.

“Ya recogimos información internamente para poder tener claras las presuntas responsabilidades. Además, ya conocimos que se están tramitando órdenes de extradición con respecto a las personas que fueron detenidas y que hacían parte de la tripulación (Juan Camilo Cadena y Hárold Darío Rivera)”, explicó la fuente de la Policía. El alto oficial de Antinarcóticos que investiga el caso remarca que la droga entró por un acceso ajeno a la Policía: “En el aeropuerto de Guaymaral, a las afueras de Bogotá y de donde salió el cargamento de droga, hay dos entradas. Efectivamente hay una base de antinarcóticos, sin embargo, la terminal aérea es privada y cuenta con dos entradas, una de ellas custodiada por seguridad privada”.

Estas nuevas investigaciones arrancaron tan pronto la aeronave fue detenida en territorio insular y hasta el momento se había tenido bajo reserva para no torpedear la recolección de pruebas y testimonios. Sin embargo, desde ese entonces se sabía que fue un miembro de la Policía el que encontró los 446 kilos de cocaína en el aeropuerto de Providencia, luego de que recibiera una llamada a su celular en donde se le pedía que no inspeccionara la carga de la avioneta. Además, hay constancia en video de que al aeropuerto de Guaymaral también llegaron dos hombres que, al parecer, portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y que le entregaron la carga a un miembro de la tripulación.

Desde la Policía Antinarcóticos se espera que un grupo de uniformados de esa dirección asuma ahora la totalidad de la responsabilidad de lo que pase en la terminal aérea de Guaymaral. Sin embargo, la Procuraduría anunció la semana pasada que inició una indagación sobre en qué circunstancias se permitió que la aeronave saliera de allí con el alijo de cocaína. Las autoridades presumen que, luego de llegar a Providencia, una lancha go fast la llevaría a Centroamérica, donde grupos criminales de esta zona se encargarían de contactar a los carteles mexicanos

quienes son, en últimas, los que terminan metiendo la droga a los Estados Unidos.

La Policía y autoridades locales han identificado que el departamento de San Andrés Islas, que incluye a Providencia y Santa Catalina, cumple dos funciones dentro del aparato criminal del narcotráfico: camuflar y abastecer las lanchas rápidas en alta mar y el tráfico de armas y dinero. “San Andrés sigue siendo la ruta en la que fluyen armas provenientes de México a Honduras y Nicaragua, luego al Darién, entran a Urabá y desde ahí a la costa Pacífica. También es utilizada como “centro de negocios”, en donde se hacen las grandes reuniones de planificación y sirve como centro de mando del narcotráfico”, señala un investigador de la Policía que conoce la zona.

Una de las rutas que toman los alijos de cocaína luego de arribar al departamento de San Andrés, a través de lanchas “go fast”, es pasar por islas del Caribe como Aruba, Curazao, República Dominicana y Jamaica y desde allí, hasta la franja entre Florida (EE.UU.) y Nueva York. Esta ruta tiene algunas complicaciones para quienes transportan la droga por los tiempos que tardan y por el riesgo de ser asaltados por piratas, especialmente en territorio, dominicano. “También hay problemas con los jamaiquinos por el paso entre Jamaica y Haití. Además, deben evitar pasar por Puerto Rico y ser captados por los radares estadounidenses”, dice una fuente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía.

La segunda ruta es la más cercana y la más usada por las estructuras narcotraficantes que salen desde Colombia: comienza desde alguna salida del Caribe y se abastece en un punto medio entre San Andrés Islas y Jamaica. Luego de ahí, pasan a las costas mexicanas, donde miembros de los carteles de la droga reciben los cargamentos, principalmente el de Jalisco Nueva Generación, liderado por alias el “Mencho”. “Los narcotraficantes colombianos y mexicanos juegan de locales en San Andrés y han creado redes que les permite abastecer, cambiar tripulantes y esperar, en caso de operativos en busca de lanchas rápidas”, puntualiza la fuente policial.

Una isla ligada al negocio de la droga

Desde los años ochenta, cuando los carteles de Medellín y Cali se adueñaron del negocio de la droga, la isla de San Andrés ha cumplido el mismo papel . Incluso, cuando la Fiscalía realiza operativos de extinción de dominio contra capos de la droga, algunas de sus propiedades se encuentran en este territorio insular. Una de las operaciones más recordadas la hizo el coronel (r) Alfonso Plazas Acevedo en 2003, cuando llegó a ocupar el hotel Sunrise, entonces propiedad de Nelson Urrego, un hombre apodado como el Loco y señalado por la Policía de pertenecer a la mafia del Valle del Cauca y de aportar dinero a la campaña presidencial del expresidente Ernesto Samper.

Incluso, uno de los bienes que le fueron expropiados a Urrego fue comprado años después por el exgobernador de las islas Ronald Housni Jaller, con dineros que obtuvo de actos de corrupción y por los que fue condenado en octubre de 2019 por la Corte Suprema. Otros dos hoteles que fueron ocupados por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes fueron Miramar 1 y 2 y Maryland, que pertenecieron al narcotraficante del norte del Valle Efraín Antonio Hernández Ramírez, alias Don Efra, asesinado en noviembre de 1996 en el norte de Bogotá por órdenes del también narcotraficante Orlando Henao Montoya.

Las autoridades también encontraron dinero de la mafia en los negocios de poder en la isla. En 2007, la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía y agentes encubiertos de la Policía encontraron evidencias que les permitieron comprobar que siete empresas de la familia Howard, que controla gran parte del transporte marítimo a través de su compañía Howard & Cía., eran alimentadas con dinero del narcotraficante Gabriel Zúñiga, quien en 2006 fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos. En esas labores de investigación, las autoridades se encontraron con que un miembro de la familia Howard estuvo preso en EE.UU. por delitos de narcotráfico.

Fuentes de la Fiscalía cuentan que gran parte del lavado de dinero se ha movido por Panamá. “Es más fácil sacar dinero de San Andrés Islas dado que es un vuelo local que no tiene tantos controles. San Andrés es un lugar atractivo para el lavado de activos y centro operativo del crimen y en el que muchas autoridades locales se hacen los ciegos ante muchos hechos de corrupción y de violencia”, dice un miembro del CTI que ha hecho parte de varios operativos en la isla. Por eso, en 2018, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la grave situación de seguridad que vivía San Andrés y Providencia por su papel en el narcotráfico internacional.“Este nuevo ciclo de violencia, al parecer, corresponde a situaciones heredadas de la disputa entre Los Rastrojos y el Clan del Golfo, que tuvo alto impacto en la población local (...) las condiciones socioeconómicas y varios factores favorecen la irrupción de los grupos armados ilegales posdesmovilización en el archipiélago, como la ubicación geográfica que favorece el desarrollo del narcotráfico, el conocimiento raizal sobre la navegación marítima y la dinámica expansionista de dichos grupos en torno a las economías ilegales”, dice la alerta temprana de la Defensoría, y por lo que indican las investigaciones sobre la avioneta del empresario Jaramillo, esas estructuras del narcotráfico persisten en el archipiélago.

El último anuncio que hizo la Fiscalía es que incautó la aeronave e inició un proceso de extinción de dominio. Para la Fiscalía, no cabe duda de que la aeronave de Jaramillo, quien asegura estar libre de toda culpa, habría sido utilizada para traficar cocaína con destino a Norteamérica. Por ahora, el empresario tendrá que esperar a la etapa de juicio contra la tripulación de su aeronave para que sea aceptado como víctima, si así lo considera el juez del caso.