La Procuraduría abrió una segunda investigación disciplinaria en contra del exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez. En esta ocasión, el ente de control investiga las presuntas irregularidades en la compra de varios tanques de reserva de agua para La Guajira, a los cuales se les destinó un presupuesto de $8 mil millones.
Según el Ministerio Público, Olmedo López habría aprobado la compra de 1.000 tanques que serían asignados a varias rancherías en el departamento. Sin embargo, estas compras no cumplirían con los objetivos para los que fueron adquiridas en un inicio, según explica el Ministerio Público. Posteriormente, Carlos Carrillo, quien fue elegido como reemplazo de Olmedo López y es el actual director de la UNGRD, denunció varios fallos en el proceso que su antecesor había dejado iniciado. Según expone la Procuraduría, al parecer solo 166 tanques habían sido entregados y muchos de ellos con daños.
La Procuraduría analizará los detalles del contrato de compra, la existencia o no de pólizas obligatorias, así como el estado de los tanques que se encuentran en las instalaciones del batallón de Cartagena. Sumado a esto, también revisará los posibles incumplimientos en la entrega. Finalmente, el Ministerio Público ordenó recopilar pruebas para determinar si el exfuncionario cometió una falta disciplinaria.
Previo a esta situación, la Procuraduría había abierto una primera investigación en contra del exdirector, la cual buscaba determinar si se presentaron irregularidades en la firma del contrato de compra de 40 carrotanques para distribuir agua en La Guajira. La entidad buscaba establecer si se habría presentado un posible direccionamiento en la selección del contratista o alguna falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos, así como un posible detrimento patrimonial.
En medio de este proceso, la Contraloría realizó una visita a las instalaciones de la UNGRD en la cual buscó información sobre la compra de los vehículos. Sumado a esto, también visitó la base militar, en el municipio Uribia, en la que estarían alojados los vehículos, con el fin de revisar la cantidad y su estado.
Este caso también es seguido de cerca por la Fiscalía, quienes en febrero de este año anunciaron la apertura de una investigación. “Frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información, se abrió una investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.