¿Nueva recolección de información a periodista Claudia Duque? Corte revisa una tutela
La Corte Constitucional escogió para su análisis una acción de tutela que presentó la comunicadora en contra de la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque habría recolectado información sensible y privada durante 2021, a través del GPS que instalaron en el carro de protección que le fue asignado.
En la Sala de Selección de Tutelas número 8 de la Corte Constitucional, el alto tribunal admitió para su estudio un recurso que presentó la periodista Claudia Julieta Duque contra la Unidad de Protección Nacional (UNP) porque, al parecer, la entidad habría recolectado datos sensibles y privados a través de un GPS que fue instalado en el vehículo que se le otorgó para su protección.
Durante el año pasado la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que la comunicadora estaba siendo víctima de recolección masiva de datos altamente sensibles, y sin previa autorización de la periodista. “La FLIP conoció más de 25.000 registros, recolectados por la UNP, tomados entre febrero y agosto de 2021 por medio del dispositivo GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente, detallado y en ocasiones es realizado en intervalos de 30 segundos. Incluye fecha, hora, direcciones de ubicación exactas, sentido en el que se conduce el vehículo y un enlace de localización de Google Maps”, dijo en su momento la Fundación.
Lo que alertó a la Flip y a la comunicadora fue que durante ese periodo, familiares de la periodista recibieron una llamada intimidatoria donde les decían que Claudia Julieta y su hija habían sido víctimas de un accidente en carretera. Situaciones como esas solo las podía conocer la entidad que le brinda servicio de protección. Lo que dijeron en su momento es que ese monitoreo, además, de que fue realizado sin autorización de la periodista, interfiere de manera directa con su privacidad.
Lea aquí: Funcionaria que trabajó en el DAS ahora supervisa investigación contra sus exjefes
“Dichos registros corresponden a datos personales y sensibles que requieren de un consentimiento informado para el tratamiento por parte de la entidad, autorización que nunca ha sido entregada por parte de Claudia Julieta Duque a la UNP”, dijo en su momento la Flip y añadieron que cuando se indagó a la UNP el motivo por el cual había un GPS en el vehículo, la entidad no entregó mayores detalles y hubo información confusa.
Así las cosas, que la Corte acepte el estudio de la tutela es para la Flip la oportunidad para que el alto tribunal establezca lineamientos sobre el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia en medidas de protección brindadas por el Estado. “Es necesario que se adopten acciones para que el uso de la tecnología no derive en la violación de los derechos humanos, como la injerencia al derecho a la privacidad y al habeas data y la afectación a la libertad de expresión, como se evidencia en este caso”, explicó la Flip.
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La Fundación resalta que los derechos fundamentales no deben ser “menoscabados” por medidas adoptadas, en principio, para proteger a poblaciones vulneradas. Por lo que instó al Estado y al gobierno comprometerse a garantizar la seguridad con enfoque diferencial en el caso de los periodistas.
Esta no es la primera batalla jurídica que tiene la periodista Duque con el Estado. En julio pasado, el Consejo de Estado determinó que la comunicadora fue víctima de tortura psicológica, amenazas, exilios, interceptaciones ilegales y una persecución sistemática en su contra y su familia por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años 2001 a 2010.
Lea aquí: El Estado es responsable de la tortura psicológica a Claudia Julieta Duque: Tribunal
La decisión fue de la consejera Martha Nubia Velásquez quien analizó una demanda de reparación directa contra la Fiscalía, los Ministerios del Interior y Justicia, la Procuraduría y el extinto DAS que presentó la periodista por los perfilamientos que le hicieron años atrás que la llevó al exilio y a exigir protección no solo para ella, sino también para su familia.
En su momento, el alto tribunal dijo que “es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de actuaciones, que se extendieron sobre aquellas personas a las que consideraban opositoras al Gobierno Nacional de la época y que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacre”.
Lea también: ‘Lo de Claudia Julieta Duque fue tortura síquica’: Fiscalía
En julio de 2001, la periodista fue víctima de secuestro en la modalidad de “paseo millonario”, en el que sus victimarios le indicaron que su secuestro tenía relación con el trabajo de investigación que realizaba por el homicidio del también periodista Jaime Garzón Forero. En ese entonces, la comunicadora presentó la denuncia ante la Fiscalía
Desde ese entonces, la comunicadora fue blanco de hostigamientos y seguimientos por parte de múltiples vehículos, entre ellos taxis, que finalmente la terminaron obligando a abandonar el país junto con su hija. Más tarde se comprobó que esos carros pertenecieron al extinto DAS y estuvieron fuera de las instalaciones de esa entidad el día en que Duque Orrego fue víctima del “paseo millonario”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En la Sala de Selección de Tutelas número 8 de la Corte Constitucional, el alto tribunal admitió para su estudio un recurso que presentó la periodista Claudia Julieta Duque contra la Unidad de Protección Nacional (UNP) porque, al parecer, la entidad habría recolectado datos sensibles y privados a través de un GPS que fue instalado en el vehículo que se le otorgó para su protección.
Durante el año pasado la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que la comunicadora estaba siendo víctima de recolección masiva de datos altamente sensibles, y sin previa autorización de la periodista. “La FLIP conoció más de 25.000 registros, recolectados por la UNP, tomados entre febrero y agosto de 2021 por medio del dispositivo GPS instalado en el carro de protección asignado a la periodista. El monitoreo es permanente, detallado y en ocasiones es realizado en intervalos de 30 segundos. Incluye fecha, hora, direcciones de ubicación exactas, sentido en el que se conduce el vehículo y un enlace de localización de Google Maps”, dijo en su momento la Fundación.
Lo que alertó a la Flip y a la comunicadora fue que durante ese periodo, familiares de la periodista recibieron una llamada intimidatoria donde les decían que Claudia Julieta y su hija habían sido víctimas de un accidente en carretera. Situaciones como esas solo las podía conocer la entidad que le brinda servicio de protección. Lo que dijeron en su momento es que ese monitoreo, además, de que fue realizado sin autorización de la periodista, interfiere de manera directa con su privacidad.
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“Dichos registros corresponden a datos personales y sensibles que requieren de un consentimiento informado para el tratamiento por parte de la entidad, autorización que nunca ha sido entregada por parte de Claudia Julieta Duque a la UNP”, dijo en su momento la Flip y añadieron que cuando se indagó a la UNP el motivo por el cual había un GPS en el vehículo, la entidad no entregó mayores detalles y hubo información confusa.
Así las cosas, que la Corte acepte el estudio de la tutela es para la Flip la oportunidad para que el alto tribunal establezca lineamientos sobre el uso de tecnologías con capacidades de vigilancia en medidas de protección brindadas por el Estado. “Es necesario que se adopten acciones para que el uso de la tecnología no derive en la violación de los derechos humanos, como la injerencia al derecho a la privacidad y al habeas data y la afectación a la libertad de expresión, como se evidencia en este caso”, explicó la Flip.
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La Fundación resalta que los derechos fundamentales no deben ser “menoscabados” por medidas adoptadas, en principio, para proteger a poblaciones vulneradas. Por lo que instó al Estado y al gobierno comprometerse a garantizar la seguridad con enfoque diferencial en el caso de los periodistas.
Esta no es la primera batalla jurídica que tiene la periodista Duque con el Estado. En julio pasado, el Consejo de Estado determinó que la comunicadora fue víctima de tortura psicológica, amenazas, exilios, interceptaciones ilegales y una persecución sistemática en su contra y su familia por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años 2001 a 2010.
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La decisión fue de la consejera Martha Nubia Velásquez quien analizó una demanda de reparación directa contra la Fiscalía, los Ministerios del Interior y Justicia, la Procuraduría y el extinto DAS que presentó la periodista por los perfilamientos que le hicieron años atrás que la llevó al exilio y a exigir protección no solo para ella, sino también para su familia.
En su momento, el alto tribunal dijo que “es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de actuaciones, que se extendieron sobre aquellas personas a las que consideraban opositoras al Gobierno Nacional de la época y que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacre”.
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Desde ese entonces, la comunicadora fue blanco de hostigamientos y seguimientos por parte de múltiples vehículos, entre ellos taxis, que finalmente la terminaron obligando a abandonar el país junto con su hija. Más tarde se comprobó que esos carros pertenecieron al extinto DAS y estuvieron fuera de las instalaciones de esa entidad el día en que Duque Orrego fue víctima del “paseo millonario”.
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