La denuncia que abre nuevo capítulo del escándalo de corrupción de Cemex

Por los pasillos de la Fiscalía General ya transita una denuncia que promete ser el inicio del segundo capítulo del escándalo de corrupción de la cementera mexicana Cemex en Colombia. Hasta ahora, las investigaciones judiciales han recopilado evidencias que mostrarían que altos ejecutivos de la multinacional defraudaron a la cementara y se quedaron con una jugosa tajada de un negocio para la compra de un terreno en donde estaría la mina de cemento más grande de Latinoamérica, contrato que habrían cuadrado con un condenado defraudador de la DIAN. Lo que reposa en la nueva denuncia es la continuación de esta historia, en la que habría una presunta participación de funcionarios públicos, altas cabezas del Gobierno y de funcionarios de la cementera.

Por los pasillos de la Fiscalía General ya transita una denuncia que promete ser el inicio del segundo capítulo del escándalo de corrupción de la cementera mexicana Cemex en Colombia. Hasta ahora, las investigaciones judiciales han recopilado evidencias que mostrarían que altos ejecutivos de la multinacional defraudaron a la cementara y se quedaron con una jugosa tajada de un negocio para la compra de un terreno en donde estaría la mina de cemento más grande de Latinoamérica, contrato que habrían cuadrado con un condenado defraudador de la DIAN. Lo que reposa en la nueva denuncia es la continuación de esta historia, en la que habría una presunta participación de funcionarios públicos, altas cabezas del Gobierno y de funcionarios de la cementera.

El Espectador conoció las 69 páginas del recurso que fue radicado en la Fiscalía el pasado 28 de marzo. De entrada, el documento señala que en esta segunda parte de la historia de Cemex se habrían cometido al menos siete delitos y que los presuntos responsables serían funcionarios de la multinacional, de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre ellos los últimos dos presidentes, funcionarios de la cementera y hasta un viceministro de Hacienda. Los denunciantes son los hermanos Héctor Javier, Carlos Mario y Adolfo León Ochoa Restrepo, quienes desde 1984 son los titulares de la tierra en donde está la codiciada mina y quienes, dicen, fueron estafados por Aldemar Moncada y Cemex, en maniobras que llevaron a que perdieran el control de la tierra y de las empresas que crearon para explotar la mina.

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La génesis

La historia que podría significarles graves aprietos penales a quienes han rodeado la explotación de calizas en la mina ubicada en Maceo (Antioquia) es una de corrupción, mafia, engaños y estafas. Entender su génesis es clave a la luz de la denuncia que ya estudian los fiscales de Francisco Barbosa. El punto de partida de lo que sucedió en el predio que lleva el nombre de Monterrey es la aparición de Aldemar Moncada en el panorama de los hermanos Ochoa Restrepo. Como ya se sabe, los dueños de la tierra necesitaban resolver unas deudas previas y acudieron a él, luego de verificar que era un hombre de fiarse, para que les prestara plata. En efecto, el préstamo ocurrió, pero los Ochoa, finalizado el plazo para pagarle, no pudieron hacerlo. Moncada, entonces, propuso otro negocio.

Advirtiendo el potencial del terreno, les propuso crear la empresa CI Calizas y Minerales del Nordeste en junio de 2008 para explotar la tierra. Los hermanos se quedaron con el 74 % de las acciones y Moncada, con el 26 % restante, y con la promesa de capitalizarla, ponerla a andar y debutar en el negocio de la minería. Un año después crearon la zona franca Zomam y, al cabo de tres años de iniciar la inversión, los hermanos Ochoa encararon a Moncada, pues nada de lo prometido se estaba cumpliendo. Así, el empresario les devolvió sus acciones a la familia y desapareció del mapa, no sin antes recordarles que también les dejaba una deuda de más de $1.500 millones. Para 2010, la salvación para los hermanos apareció en forma de otro empresario: Eugenio Correa, que tenía conexiones con la cementera mexicana Cemex.

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Correa persuadió a los Ochoa para que le dieran a él el control total de CI Calizas y Zomam y, de paso, venderle a Cemex la empresa familiar y la mina en Maceo. En noviembre de 2011 se concretó esa designación, a través de un mandato. Para ese momento, Eugenio Correa ya tenía el visto bueno de la multinacional, con la que firmó un memorando de entendimiento para la compra de CI Calizas y Minerales, sus activos, el predio de la finca Monterrey, la licencia minera, la licencia ambiental y la zona franca. Lo que vino después es parte del escándalo judicial en el que están envueltos exejecutivos de la cementera: Édgar Ramírez, Camilo González Téllez, exvicepresidente de Planeación y exvicepresidente Jurídico de Cemex en Colombia, y Carlos Jacks, expresidente de la multinacional mexicana en el país.

Lo que la Fiscalía ha logrado establecer es que la atractiva mediación de Correa siempre estuvo “envenenada”, pues él y varias personas más, entre ellas el mismo Moncada, planearon toda una telaraña de movidas ilegales para quedarse con el dinero que invirtió Cemex para comprar la mina y así quedarse con ella. Solo González ha sido condenado, pues confesó que abusó de las funciones de su cargo para comprar el predio. Cemex alcanzó a invertir más de $42.000 millones para concretar un negocio. Aunque los altos directivos han insistido en que no sabían nada esos antecedentes, lo cierto es que la Fiscalía asegura que por lo menos González sí lo sabía. Hasta ahí la historia es la que se conoce desde hace cinco años, cuando los duros de Cemex denunciaron a sus propios funcionarios.

El primer contrato

Lo que se puede leer en la denuncia es que las irregularidades para que la cementera se quedara con la preciada mina serían muchas más. Como también se sabe, el negocio que se empezó a concretar en 2011 entró en cuidados intensivos en septiembre de 2012, cuando Aldemar Moncada fue condenado por defraudar a la DIAN. El empresario, más conocido como el Chatarrero, se quedó con más de $36.000 millones a través de devoluciones fraudulentas del IVA. Su confesión y posterior condena llevó a que parte de sus bienes entraran en un proceso de extinción de dominio, pues, como lo dijo la Fiscalía, su fortuna la consiguió con dinero sucio. Con esa decisión, Moncada perdió las acciones que tenía en CI Calizas y en Zomam.

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Mediante una medida cautelar, la Fiscalía tomó el control total no solo de esas empresas, sino también de la tierra de los Ochoa, incluyendo las deudas y todo quedó congelado. Ahí empezó el segundo capítulo que denuncian los hermanos dueños de la finca Monterrey. Como era de esperarse en cualquier proceso de extinción de dominio, los predios o el patrimonio que entra en esta investigación pasa al control del Estado. En ese momento, le correspondió a la hoy desaparecida y cuestionada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que nombró a Yesid Ramírez en mayo de 2013 como depositario de los bienes del Chatarrero Moncada. Solo dos meses después de esa decisión, Ramírez firmó un contrato de arrendamiento a favor de Cemex que hoy cuestionan los Ochoa Restrepo.

No solo porque se negoció que la cementera solo debía pagar $1 millón por arrendar el codiciado predio (una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que se trata de una planta cementera que públicamente se reconoce y valora entre los US$360 y US$420 millones), sino porque Ramírez habría recibido un soborno de al menos $329 millones a cambio de la firma de ese contrato, un detalle del proceso que hasta ahora no se conocía. En efecto, el exdepositario está en juicio por supuestamente haber recibido ese dinero. Según fuentes del proceso, la Fiscalía está investigando quién le entregó la plata y a quién le beneficiaba el negocio. Esta situación la incluyeron los Ochoa en su denuncia, pues así como el ente investigador está tras la pista de Ramírez, es igual de importante.

Por eso los hermanos piden que se investigue si los fiscales omitieron investigar más allá del caso de Yesid Ramírez. Las presuntas irregularidades en el primer contrato que consiguió Cemex en 2013, luego de que el predio entrara en extinción de dominio, solo se vinieron a conocer cuando estalló el caso de corrupción de la cementera en 2016 y exdirectivos como Édgar Ramírez y Camilo González empezaron a hablar ante las autoridades no solo colombianas, sino estadounidenses. Ese mismo año, Yesid Ramírez dejó de ser el depositario de los bienes y la recién creada Sociedad de Activos Especiales (SAE) nombró a Néstor Garrido como nuevo administrador de la tierra de Maceo y lo relacionado con su posible explotación. El cambio, de paso, incluyó una denuncia de la SAE en contra de Ramírez.

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El segundo contrato

Con el nuevo depositario y el manto de duda sobre el contrato firmado por Ramírez y Cemex, la cementera y el Estado colombiano entraron en una etapa de crisis. No solamente porque la multinacional ya había invertido más de US$22 millones y perderlos no era una opción, sino porque un contratista de la SAE había participado de un contrato que, a las luces de la Fiscalía, se había conseguido a través de maniobras corruptas (una situación que lo hace inviable ante la regulación nacional que prohíbe tajantemente que el Estado tenga negocios producto de situaciones ilícitas). Así empezó una negociación del más alto nivel para buscar la mejor salida para los intereses de Cemex y el Estado, que incluyó reuniones en la Casa de Nariño y abogados especialistas de México y Colombia.

Según el diario El Tiempo, los encuentros incluyeron al entonces presidente, Juan Manuel Santos, las cabezas del Ministerio de Comercio Exterior, la Alta Consejería para la Competitividad y la Secretaría Anticorrupción. El medio asegura que voceros de la cementera le confirmaron su estrategia de lobby e insistieron en que su interés no era otro que el de poner a funcionar la planta en Maceo, pues su inversión estaba hecha y prometía ser uno de los centros de explotación de piedra caliza más modernos de Latinoamérica. Fuentes cercanas al caso, que estuvieron en primera fila en esas reuniones y posteriores negociaciones, señalaron que el proceso para llegar a un acuerdo duró casi dos años, pues se trataba de un tema jurídico y comercial de extrema sensibilidad.

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“Cemex estaba empeñado en seguir con su proyecto de poner a funcionar la mina. Ya había importado o estaba en esas, una cantidad de máquinas y de elementos para hacerlo. Pero era claro que lo habían hecho con un contrato producto de maniobras ilegales que estaban todavía en investigación y lo siguen estando. Por otro lado, el Estado tenía la posición menos ventajosa porque ese negocio lo había firmado un funcionario nuestro y, ante un juez, esa razón nos podía significar una multimillonaria demanda”, señaló un funcionario del Ministerio del Comercio. La fórmula mágica para salir bien librados de semejante problema: la SAE firmó un nuevo contrato con Cemex en 2019, negociación que estuvo supervisada por el alto gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda.

“Si los vínculos contractuales de Cemex con la DNE y su depositario estaban tocados de ilicitud -la acusación contra Yesid Ramírez lo confirma- lo exigible para el nuevo depositario era el ‘despojo para la recuperación del inmueble’ de manos de Cemex”, dice la denuncia. Sin embargo, no sucedió. Con un agravante más, que incluyeron los hermanos Ochoa para que la Fiscalía lo investigue: en las últimas negociaciones participó el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño, como miembro de la junta directiva de la SAE y quien había trabajado para la cementera entre 2016 y 2017 en un análisis de impuestos de Industria y Comercio en San Luis (Tolima). “El viceministro no ha considerado declararse impedido para abordar estas temáticas en cumplimiento de su gestión”, señala el documento.

“Todo esto confluye en el interés del alto gobierno por entregar la mina a la multinacional. Para ello, la SAE ha contratado un avalúo comercial del predio y las empresas para sus planes de ‘enajenación temprana’ con la cual quieren ‘hacer caja’. No puede dudarse que será Cemex, sus filiales o la empresa ‘creada’ específicamente para este propósito, la beneficiaria del ‘negociado’. En esta línea es que deben examinarse las actuaciones de los agentes de la Fiscalía, la SAE, su depositario, la junta directiva de la SAE, el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República. Todo un reto constitucional, legal, ético y moral para quien conozca de esta denuncia”, resalta el documento que ya está en la Fiscalía.

Aunque la participación de Londoño en la negociación del nuevo contrato ya se sabía, lo novedoso en esta ocasión es que su nombre terminó incluido en la denuncia de los hermanos Ochoa. El exviceministro le explicó a El Espectador que no conoce ese documento, pero que sí estuvo en la junta directiva que autorizó el negocio, no sin antes verificar que se cumpliera con todos los requisitos de ley. A renglón seguido, Londoño explicó que tuvo un contrato con Cemex de asesoría y “solo me pagaron la mitad. El tema lo puse en conocimiento tanto de la junta directiva como del Ministerio. Se determinó que yo no tenía ningún impedimento como miembro de la junta. Tampoco un conflicto de intereses. Nunca será un conflicto de intereses haber tenido un cliente en una pequeña consultoría”.

Las cláusulas

El nuevo contrato que se firmó en 2019 sigue vigente. Además de arreglar la cuota de arrendamiento y de fijar nuevas reglas para que la SAE tuviera más beneficios al arrendar semejante mina, Cemex y el Estado incluyeron dos cláusulas que no solo son cuestionadas en la denuncia, sino que una de ellas está en el radar de la Contraloría. La primera tiene que ver con el compromiso de que el Estado solo puede terminar el contrato si hay un fallo extranjero de segunda instancia ejecutoriado. Es decir, que así exista un preacuerdo en el que se confiesan actos de corrupción a cambio de beneficios, esto no sería razón suficiente para acabar el contrato. “Sería tanto como afirmar que Odebrecht, por haber realizado un preacuerdo con Estados Unidos, no es responsable de la corrupción”, se lee en la denuncia.

La Contraloría también criticó ese aparte del contrato y explicó que con esta cláusula se habría firmado un “perdón anticipado” a Cemex, que sigue a la expectativa de conocer el resultado de la investigación que adelanta el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el delito de cohecho. “Estamos ante una cláusula ilícita que ningún contrato privado o público, al pretender impunidades, jamás puede consignar”, señala la denuncia. Y la segunda cláusula cuestionada tiene que ver con un acuerdo de confidencialidad que terminó incluido en el contrato y obliga al Estado colombiano a no divulgar ni una coma de la información del negocio. El contrato, aseguran fuentes que participaron de su escritura, estuvo revisado y vigilado por expertos en derecho administrativo y penal.

Desde que arrancó el escándalo en 2016, la cementera ha insistido en que es víctima de las andanzas de sus exdirectivos. Esa condición la ha reconocido la Fiscalía en las investigaciones, porque, además, fue la misma compañía la que denunció lo que estaban haciendo Édgar Ramírez, Camilo González y Eugenio Correa. Además, fuentes cercanas a la compañía señalaron que el proyecto de Maceo no solo es una prioridad para Cemex, sino que es una apuesta importante de inversión social: ha ofrecido cientos de empleos y tiene como meta construir más de 40 kilómetros de carretera. Agregaron que el contrato que hoy cuestionan los hermanos Ochoa fue supervisado por expertos y, además, tuvo el visto bueno de la Procuraduría.

Consultada por este diario, la SAE explicó que Yesid Ramírez ya no está en la lista de depositarios, pero Néstor Garrido permanece en ella. Además, señaló que lo que ha sucedido con el predio en Maceo se ha ajustado a las reglas que rigen las tareas de la entidad y sus depositarios, entre ellas, la de garantizar su producción y que no se deterioren. Sin embargo, sobre la denuncia, puntualizaron que la próxima semana tienen agendadas reuniones con al Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio, en las que se definirá la postura de la SAE frente a este nuevo capítulo en la historia de Cemex.

El nuevo contrato se está ejecutando desde 2019. Los hermanos Ochoa emprendieron una batalla jurídica desde 2012 para que les devuelvan sus predios e inversiones, o al menos que dejen la tierra en paz mientras un juez resuelve a quién le pertenece verdaderamente. Diez años después, ahora el temor es que les quiten la tierra, incluso antes de que haya una decisión judicial (a través de una figura llamada enajenación temprana). Esta nueva denuncia busca que se investiguen hechos que hasta ahora la justicia no ha tocado, pues, aseguran, el Estado terminó privilegiando el interés de la multinacional, por encima del interés general. La Fiscalía ahora tendrá que estudiar el recurso y las pruebas que anexaron y decidir si hay mérito para iniciar nuevas pesquisas. El balón está en su cancha.