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En medio de la presentación del plan del Gobierno para entregar recompensas para quienes entreguen información valiosa y así evitar fraudes electorales, se abrió un nuevo frente de confrontación entre el ministro de Defensa Iván Velásquez y el fiscal general Barbosa.
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Luego de que el jefe del ente investigador señalara que la denuncia de delitos electorales es un deber que no debe ser recompensado económicamente, el titular de la cartera ministerial señaló que no tiene lógica que el fiscal critique la alternativa, pues “sabe cómo funciona el mecanismo de recompensas de pago por información y no es precisamente como escuche que había dicho que se paga por denunciar”.
De acuerdo con el ministro Velásquez, el pago será solamente “por información útil veraz y positiva que arroja un resultado, que es verificado por la autoridad judicial”. Además, el alto funcionario del Gobierno “hay un proceso que se adelanta y que ese proceso tiene unas decisiones, entre eso, que a información haya sido útil para ubicar e incautar el dinero”.
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Según el ministro, el pago de recompensas en el país, “no es que alguien diga que denunció y me de los 50 millones”. También, Velásquez dijo que “la información del fiscal es desobligarte y no sabía que había dicho una barbaridad de ese tamaño. Pues son procedimientos que están establecidos y que cuando se produzca el resultado, un comité autoriza el pago”.
El alto funcionario del gobierno Petro explicó también que para que se materialice un pago “hay una revisión muy cuidadosa y además reservada dentro de este tramite”. El ministro aseguró que “cuando se hace una oferta de pago por información como esta que hizo el presidente Petro y como ahora complementamos por hasta 20 millones cuando la información permite identificar sitios de compra de votos e incautar recursos” y que “con eso se está pretendiendo colaborar con la fiscalía general de la nación”.
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