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El proceso que avanza en la Corte Suprema de Justicia que busca extraditar al máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel a Estados Unidos, ha dado un nuevo giro. El magistrado Diego Corredor, quien tenía en su despacho el expediente fue separado del proceso por cuenta de una republicación en su cuenta oficial de Twitter en la que hacia referencia a la captura del capo. El caso ahora queda en manos del magistrado Luis Antonio Hernández, miembro de la Sala Penal del alto tribunal.
Corredor, quien fue apartado del expediente este jueves, retwitteo un trino del entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa en el que celebraba la detención de Otoniel registrada el pasado 23 de octubre. “Felicitaciones a nuestra Policía, nuestro Ejército y al Presidente Duque por la captura de este criminal que tanto daño le ha hecho a los colombianos”, reposa en el trino. La republicación por parte del magistrado Corredor llevó a la defensa de Úsuga a cuestionar su imparcialidad en el proceso por lo que no dudaron en presentar un escrito de recusación que, finalmente, terminó apartándolo del caso.
Con este nuevo revés en el proceso de Otoniel, el alto tribunal debe analizar la solicitud que hizo el gobierno de Estados Unidos en 2009 cuando fue requerido por delitos conexos al narcotráfico. No obstante, el magistrado Hernández, ahora, también tiene en su despacho las pruebas que recogió la corporación desde el pasado 26 de enero entre las que se encuentra la propuesta de la defensa de Otoniel sobre frenar su traslado al exterior.
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Alias Otoniel y su equipo de defensa está haciendo todo lo posible por quedarse en Colombia. No solo ha mostrado su intención de entregar la versión de verdad sobre el conflicto armado ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino también le pidió a la justicia transicional frenar su extradición. Para el máximo jefe del Clan y su defensa está claro que su aporte a la verdad ayudará en el esclarecimiento de lo ocurrido en el marco del conflicto debido a que fue uno de los actores armados principales.
Úsuga hizo parte de las extintas Farc, grupos paramilitares y finalmente terminó liderando su estructura criminal. Por ello, sobre su nombre existe un indictment, desde junio de 2009, por parte de a Corte para el Distrito Sur de Nueva York. En ella, es relacionado como el líder de una agrupación ilegal que envió cocaína a Estados Unidos.
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Aunque ese es el registro que tienen las autoridades norteamericanas, Úsuga ha dicho, inicialmente, que se entregó voluntariamente ante las autoridades, y ante la JEP, ha revelado una serie de información que vincula a altos mandos militares. En varias diligencias adelantadas ante el componente de verdad y reparación, ha mencionado que tiene conocimiento de situaciones ocurridas en los Llanos Orientales en relación con ejecuciones extrajudiciales que comprometen a miembros del Ejército.
También ha reseñado que puede revelar información sobre algunos casos de exterminio de la Unión Patriótica y puede entregar pesquisas de lo que fueron las fosas comunes y esclarecer los asesinatos y desapariciones de líderes sociales. No obstante, desde que Otoniel presentó ante la JEP su intención de entregar verdad a las víctimas, según su defensa, el Estado ha puesto “trabas” que ha llevado a que las diligencias en las que rendirá testimonio sean canceladas.
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Su equipo de defensa ha denunciado que miembros de la Dijín de la Policía han entorpecido la labor que adelanta el máximo jefe del Clan con la justicia transicional. Si bien hasta el pasado miércoles, la JEP pudo recolectar su testimonio, durante el transcurso de la semana, el mismo tribunal abrió incidente de desacato con el general Fernando Murillo, director de la Dijín por las irregularidades denunciadas. El auto de 12 páginas dice que la magistratura que analiza la situación de conflicto en Urabá debe reportar minuciosamente lo que ha ocurrido en cada una de las diligencias en las que ha rendido versión el máximo jefe.
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, será el magistrado Hernández el que tenga la última palabra junto con sus compañeros de Sala sobre si avala o no su extradición.
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