Nuevos líos para el coronel (r) del Ejército Jorge Plazas Acevedo

Una fiscal especializada contra la violación de derechos humanos acaba de tomar una nueva decisión en contra del coronel retirado del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo, a quien se le investiga por su posible participación en algunos de los peores crímenes de la historia reciente de Colombia. En un documento de 39 páginas, conocido por El Espectador, la Fiscalía le impuso otra medida de aseguramiento al oficial, que estuvo ligado a la inteligencia de la desaparecida Brigada XX, a quien se le atribuyen alianzas con el paramilitarismo y que hoy permanece detenido mientras es investigado por su presunta participación en el asesinato de Jaime Garzón, en agosto de 1999.

Una fiscal especializada contra la violación de derechos humanos acaba de tomar una nueva decisión en contra del coronel retirado del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo, a quien se le investiga por su posible participación en algunos de los peores crímenes de la historia reciente de Colombia. En un documento de 39 páginas, conocido por El Espectador, la Fiscalía le impuso otra medida de aseguramiento al oficial, que estuvo ligado a la inteligencia de la desaparecida Brigada XX, a quien se le atribuyen alianzas con el paramilitarismo y que hoy permanece detenido mientras es investigado por su presunta participación en el asesinato de Jaime Garzón, en agosto de 1999.

Lea: La acusación de la Fiscalía al coronel (r) Plazas Acevedo por secuestro extorsivo

El caso por el que se agrega una nueva prisión preventiva en su contra es el del secuestro de Martha Cecilia Velásquez Álvarez, ocurrido en febrero de 1999 en el barrio Britalia en Bogotá. Según la Fiscalía, la mujer fue secuestrada por un grupo de hombres que seguían órdenes de Plazas Acevedo y que estaría ligado a otros secuestros que se cometieron en esos años: el del israelí Benjamín Khoudari (octubre de 1998), Luis Antonio Castro (febrero de 1999) y Wilson Martínez (noviembre de 1998). El documento de la Fiscalía, fechado el 26 de julio de 2021 y por el que ya había sido acusado Plazas hace un año, tiene dos nuevas decisiones.

Órdenes de captura

La primera determinación ordena la detención de las personas que cometieron el secuestro de la mujer, entre ellos José Bladimir Rojas, exmiembro de las Farc e informante de la Brigada XIII en Bogotá, y tres civiles y dos antiguos miembros de la Fuerza Pública: los sargentos (r) Guillermo Lozano Guerrero y Juan Alfredo Quenza. El primero fue mencionado durante una audiencia contra el jefe narcoparamilitar alias Don Berna de junio de 2016 ante el Tribunal Superior de Medellín. La fiscal de ese caso dijo que Lozano Guerrero y el exguerrillero Rojas fueron asesinados tras participar en el asesinato de Jaime Garzón, el cual fue ordenado por el subdirector del DAS, José Miguel Narváez.

Sin embargo, la fiscal del caso sobre el secuestro, asesinato y desaparición forzada de Cecilia Velásquez Álvarez no tiene aún constancia de que el exsubversivo Rojas fuera asesinado. Eduardo Carreño, abogado de las víctimas, señaló a este diario que mientras no aparezca en el proceso el acta de defunción de Rojas, la orden de captura seguirá vigente. Del otro antiguo uniformado, Juan Alfredo Quenza, tampoco se sabe su paradero, aunque tiene un perfil criminal mucho más alto que el sargento Solano Guerrero. El Tribunal Superior de Bogotá documentó su paso y liderazgo por el bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia, liderado por el clan paramilitar de los hermanos Castaño.

(Puede interesarle: JEP negó, por segunda vez, tutela presentada por el coronel (r) Plazas Acevedo)

Ese documento del tribunal, en el que se condenan varios de los crímenes de esa estructura criminal, señala que Quenza era cercano a alias el Águila, líder del bloque paramilitar en Cundinamarca. Además, dice que esta relación le permitió acercarse a Carlos Castaño para pedirle que matara al jefe de las Auc en Tolima, con el fin de que él asumiera el liderazgo. El tribunal, además, señaló que “Quenza era un sargento retirado del Ejército, que había laborado en la Regional de Inteligencia Militar (Rime). De Quenza se decía que había trabajado con el narcotraficante Diego León Montoya, alias Don Diego, y con el grupo Los Masetos de Yacopí, Cundinamarca (que seguía órdenes del paramilitarismo)”.

Sobre esta determinación judicial contra el coronel (r) Plazas Acevedo, el abogado Carreño señaló que era imposible que ese grupo criminal, en el que participaron militares, exguerrilleros que eran informantes del Ejército y paramilitares no fuera conocida por el comandante de la Brigada XIII en ese momento: el general (r) del Ejército, Rito Alejo del Río, condenado por el asesinato de un campesino en Urabá e investigado por la Fiscalía por su presunta participación en la masacre de Mapiripán (julio de 1997). Esta última, perpetrada por los paramilitares de Castaño y Salvatore Mancuso, y en la que también las autoridades judiciales investigan si Plazas Acevedo participó.

Otro que había dado pistas sobre las alianzas entre el paramilitarismo y la banda criminal que habría liderado Plazas Acevedo fue Arnubio Mahecha Triana, alias Botalón, jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá y que sembró terror en el Magdalena Medio. Este hombre confesó que recibió a Martha Cecilia Velásquez luego de ser secuestrada y que la mantuvo ocho meses con vida antes de ser ejecutada y desaparecida en febrero de 2000. Como contó este diario en octubre de 2020, la Fiscalía aseguró que Plazas Acevedo mantenía constante contacto con el sargento Guillermo Lozano, quien entregó a la mujer a las autodefensas de Botalón, señalándola falsamente de ser auxiliadora de la guerrilla.

Nuevos delitos contra Plazas

La segunda determinación que tomó la Fiscalía contra Plazas Acevedo es añadirle a la acusación por secuestro extorsivo los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada en el caso de Martha Cecilia Velásquez. El 25 de mayo pasado, durante la ampliación de indagatoria, el coronel retirado negó su participación en los hechos y dijo que no conoció a la víctima. También rechazó los señalamientos de Botalón y otros miembros del grupo de secuestradores en su contra de tener alianzas con las Auc. Ese silencio de Plazas Acevedo ante las autoridades ha sido una constante desde que fue recapturado en julio de 2014.

Carreño explicó que durante las versiones voluntarias que ha dado Plazas Acevedo por los casos de la masacre de San José de Apartadó, los asesinatos de los investigadores del Cinep, Elsa Alvarado y Mario Calderón; la Operación Génesis y el crimen de Jaime Garzón, también ha negado haber participado en los hechos. El abogado a su vez señaló que tanto él como otros representantes de las víctimas solicitarán la expulsión del coronel retirado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por “los pocos aportes a la verdad”. Fuentes de la Fiscalía comentaron, en el mismo sentido, que es “increíble” que este militar retirado, que no acepta responsabilidad, continúe hoy en la JEP.