Objeciones a la JEP: las presiones se trasladaron a la Corte Constitucional

Desde el jueves 2 de mayo, cuando el Senado no adoptó una decisión de fondo sobre las objeciones que el presidente Iván Duque planteó a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los reflectores se posaron en la Corte Constitucional. Eso se traduce en que las presiones que afrontaron los congresistas ahora las viven los magistrados, quienes empezaron a percibir hechos que, en su criterio, afectan su independencia: rumores de interceptación ilegal de sus comunicaciones, sospechas de retiro de sus visas de ingreso a Estados Unidos, campañas de desprestigio y hasta amenazas.

Este oscuro entorno, consideran en el alto tribunal, estaría relacionado directamente con la objeción que tiene que ver con el mecanismo de la extradición. Como se recordará, este asunto quedó incluido en los reparos que hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, a pesar de que esa norma ya tenía el aval de la Corte Constitucional. De igual modo, se dice que las presiones también están asociadas al seguimiento que la Corte Constitucional hace actualmente a la sentencia T-236 de 2017, que prohibió al Gobierno reanudar la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.

::¿Magistrados de la Corte Constitucional sin visa? ::

El mayor indicio tiene que ver con las visas de ingreso a Estados Unidos, pues se ha rumorado que a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo —ponente para resolver las objeciones— les retiraron el documento. Por eso, la magistrada y presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, pidió reunirse con el presidente Duque. El encuentro se realizó el pasado 6 de mayo. Según la revista Semana, al magistrado Lizarazo se le devolvió la visa luego de acudir personalmente a la embajada. A su vez, a la magistrada Fajardo le dijeron que su situación ya está resuelta, aunque aguarda una posición oficial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

“El rumor tan solo ya hace daño”, manifestó a este diario un magistrado. “Es una incertidumbre total”, agregó otra fuente de la Corte. Otros magistrados consultados aseguraron que sus visas están vigentes. A este escenario se suma que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAid) retiró un apoyo que venía dando a la Corte para la modernización del alto tribunal. Una colaboración que gestionó en 2018 el entonces presidente Alejandro Linares y que implicaba tareas concretas con funcionarios de la Corte. Esta gestión dejó de hacerse de un día para otro.

:: Le quitan la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño::

No está claro si los contratos fueron suspendidos. Pero de ser así, dos elementos habrían sido las razones: el pasado 3 de abril los magistrados declinaron una invitación a cenar hecha por el embajador Whitaker, y dos días antes, el mismo Whitaker sostuvo un desayuno con los senadores encargados de rendir ponencia sobre las objeciones y, según estableció El Espectador, el plato fuerte de ese desayuno fueron sus preocupaciones por las objeciones, los efectos del Acuerdo de Paz sobre el tratado de extradición, la cooperación judicial entre ambos países y el caso Santrich.

“El embajador dijo que, si el Congreso no aprobaba lo referente a la extradición, Estados Unidos podía dejar de enviar US$500 millones de ayuda al país, y de paso anticipó la arremetida del presidente Trump contra el presidente Duque”, le dijo uno de los invitados a este diario. Cuatro días después del encuentro, John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara por el Partido de la U, uno de los asistentes al desayuno, reveló que su visa de turismo estadounidense había sido revocada. En su criterio, se trató de una retaliación: “Me revocaron la visa por el hecho de decir públicamente lo que allí aconteció”, manifestó a El Espectador.

Le puede interesar: Así ha sido el viacrucis de la ley estatuaria de la Jurisdicción Especial de Paz)

La Corte espera respuestas específicas de la Embajada, pero en su interior hay diferencias sobre los efectos que puedan tener las presiones. Por un lado, hay quienes consideran que la Corte no puede dejar de lado la majestad que implica asumir sus deberes. De hecho, un magistrado dijo a este diario que quien se deje presionar por una visa no se debería postular como juez. Otros consideran que el hecho puede terminar en favor de la Corte, por una defensa de su institucionalidad desde múltiples sectores. Pero otras voces creen que ahora las cargas para la votación de las objeciones pueden cambiar.

Sin embargo, el escenario actual de la Corte parece más complejo por otras “presiones indebidas”. En principio, por supuestas chuzadas ilegales denunciadas por los propios magistrados. Este diario supo que, tras una reunión con el fiscal delegado Fabio Espitia, se decidió realizar una verificación con los operadores de telefonía y las fuentes legales que se usan para hacer interceptaciones, para evaluar el tema. Sin embargo, por si acaso, en los pasillos de la Corte se han tomado precauciones e incluso hay magistrados que dejaron de acudir a lugares públicos con personas diferentes a sus familias o sus compañeros de trabajo.

(En contexto: Las objeciones a la estatutaria de la JEP ya están en la Corte Constitucional)

Otro hecho que causó alarma fue que el magistrado Alberto Rojas Ríos recibió dos sufragios luego de convocar a una audiencia pública sobre una tutela que prohibió revivir la aspersión con glifosato. El magistrado acudió a la Unidad Nacional de Protección y su seguridad ya fue reforzada. Entre tanto, se desconoce si se realizará una reunión que estaba prevista para la próxima semana con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. “La Policía no ha dicho: ‘venga y hablemos’”, observó otra fuente. Para la Corte, no es claro de dónde vienen las presiones o qué organizaciones están detrás de ellas.

De cualquier modo, según una fuente consultada, en este tipo de encrucijadas el enlace entre la Rama Judicial y el Gobierno históricamente era el Ministerio de Justicia, pero en el caso actual este despacho brilla por su ausencia. Además, la evidencia del crecimiento inusitado de cultivos de coca, cercanos a las 200.000 hectáreas, es suficiente motivo para que Estados Unidos mantenga encendidas sus alarmas. “Eso significa casi una tonelada de cocaína”, observó la fuente, para resaltar por qué existe tanto interés desde Washington para que regrese la fumigación aérea con el herbicida glifosato.

(Contexto: El lío por la sanción de la estatutaria de la JEP)

Un complejo panorama en el que, más allá de cómo se resuelva, existen urgentes razones para blindar el trabajo independiente de la Corte. Eso explica el interrogante que hoy se hacen algunos de sus magistrados: ¿qué ha dejado de positivo para el país esta larga disputa política de las objeciones? De cualquier modo, el gobierno Duque tendrá que seguir acudiendo al alto tribunal para defender asuntos claves, como la Ley de Financiamiento, las demandas que se anuncian contra el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Infraestructura. Es decir, más allá de los réditos políticos, lo que importa es la implementación de la paz.

Por lo pronto, el magistrado Lizarazo deberá definir la hoja de ruta para el debate, ya que no está claro cuál es el procedimiento, si se trata de realizar una revisión al ritmo fast track o a través del procedimiento regular de la Corte. Lo esencial es que se revise la votación de las objeciones en el Senado, para determinar cuántos congresistas había habilitados para votar, si aplicaba el concepto de silla vacía para casos como el de Aída Merlano, capturada por delitos electorales, e incluso si Antanas Mockus podía votar o no, es decir, si el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección estaba ejecutoriado.

(Le puede interesar: ¿Quién ganó en el debate de las objeciones a la estatutaria de la JEP?)

Si este último escenario se evalúa primero y se considera que los 47 votos en el Senado contra las objeciones presidenciales fueron suficientes, la Corte tendría que expedir un auto pidiendo al presidente que sancione la ley. Otros consideran que antes debería analizarse si el presidente podía objetar, pues, como se trató de una ley expedida por fast track, ya tuvo revisión en la Corte. Resuelto este dilema, tendría que examinarse si las objeciones son por inconveniencia o inconstitucionalidad. Al parecer, ya existe consenso mayoritario en la Corte para concluir que son objeciones de índole constitucional.

En consecuencia, se pediría de inmediato la sanción de la ley. Esos seis votos serían los de los magistrados Alejandro Linares, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Antonio Lizarazo y Cristina Pardo. Los votos disidentes serían los de los magistrados Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero. El magistrado Carlos Bernal Pulido está impedido porque asesoró al Ejército en la configuración de la JEP. Por lo pronto, en medio del alboroto, la JEP y el Consejo de Estado han manifestado su apoyo a la Corte, mientras el Gobierno ha guardado silencio.

Desde el jueves 2 de mayo, cuando el Senado no adoptó una decisión de fondo sobre las objeciones que el presidente Iván Duque planteó a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los reflectores se posaron en la Corte Constitucional. Eso se traduce en que las presiones que afrontaron los congresistas ahora las viven los magistrados, quienes empezaron a percibir hechos que, en su criterio, afectan su independencia: rumores de interceptación ilegal de sus comunicaciones, sospechas de retiro de sus visas de ingreso a Estados Unidos, campañas de desprestigio y hasta amenazas.

Este oscuro entorno, consideran en el alto tribunal, estaría relacionado directamente con la objeción que tiene que ver con el mecanismo de la extradición. Como se recordará, este asunto quedó incluido en los reparos que hizo el presidente Duque el pasado 10 de marzo, a pesar de que esa norma ya tenía el aval de la Corte Constitucional. De igual modo, se dice que las presiones también están asociadas al seguimiento que la Corte Constitucional hace actualmente a la sentencia T-236 de 2017, que prohibió al Gobierno reanudar la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.

::¿Magistrados de la Corte Constitucional sin visa? ::

El mayor indicio tiene que ver con las visas de ingreso a Estados Unidos, pues se ha rumorado que a los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo —ponente para resolver las objeciones— les retiraron el documento. Por eso, la magistrada y presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, pidió reunirse con el presidente Duque. El encuentro se realizó el pasado 6 de mayo. Según la revista Semana, al magistrado Lizarazo se le devolvió la visa luego de acudir personalmente a la embajada. A su vez, a la magistrada Fajardo le dijeron que su situación ya está resuelta, aunque aguarda una posición oficial de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

“El rumor tan solo ya hace daño”, manifestó a este diario un magistrado. “Es una incertidumbre total”, agregó otra fuente de la Corte. Otros magistrados consultados aseguraron que sus visas están vigentes. A este escenario se suma que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAid) retiró un apoyo que venía dando a la Corte para la modernización del alto tribunal. Una colaboración que gestionó en 2018 el entonces presidente Alejandro Linares y que implicaba tareas concretas con funcionarios de la Corte. Esta gestión dejó de hacerse de un día para otro.

:: Le quitan la visa al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño::

No está claro si los contratos fueron suspendidos. Pero de ser así, dos elementos habrían sido las razones: el pasado 3 de abril los magistrados declinaron una invitación a cenar hecha por el embajador Whitaker, y dos días antes, el mismo Whitaker sostuvo un desayuno con los senadores encargados de rendir ponencia sobre las objeciones y, según estableció El Espectador, el plato fuerte de ese desayuno fueron sus preocupaciones por las objeciones, los efectos del Acuerdo de Paz sobre el tratado de extradición, la cooperación judicial entre ambos países y el caso Santrich.

“El embajador dijo que, si el Congreso no aprobaba lo referente a la extradición, Estados Unidos podía dejar de enviar US$500 millones de ayuda al país, y de paso anticipó la arremetida del presidente Trump contra el presidente Duque”, le dijo uno de los invitados a este diario. Cuatro días después del encuentro, John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara por el Partido de la U, uno de los asistentes al desayuno, reveló que su visa de turismo estadounidense había sido revocada. En su criterio, se trató de una retaliación: “Me revocaron la visa por el hecho de decir públicamente lo que allí aconteció”, manifestó a El Espectador.

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La Corte espera respuestas específicas de la Embajada, pero en su interior hay diferencias sobre los efectos que puedan tener las presiones. Por un lado, hay quienes consideran que la Corte no puede dejar de lado la majestad que implica asumir sus deberes. De hecho, un magistrado dijo a este diario que quien se deje presionar por una visa no se debería postular como juez. Otros consideran que el hecho puede terminar en favor de la Corte, por una defensa de su institucionalidad desde múltiples sectores. Pero otras voces creen que ahora las cargas para la votación de las objeciones pueden cambiar.

Sin embargo, el escenario actual de la Corte parece más complejo por otras “presiones indebidas”. En principio, por supuestas chuzadas ilegales denunciadas por los propios magistrados. Este diario supo que, tras una reunión con el fiscal delegado Fabio Espitia, se decidió realizar una verificación con los operadores de telefonía y las fuentes legales que se usan para hacer interceptaciones, para evaluar el tema. Sin embargo, por si acaso, en los pasillos de la Corte se han tomado precauciones e incluso hay magistrados que dejaron de acudir a lugares públicos con personas diferentes a sus familias o sus compañeros de trabajo.

(En contexto: Las objeciones a la estatutaria de la JEP ya están en la Corte Constitucional)

Otro hecho que causó alarma fue que el magistrado Alberto Rojas Ríos recibió dos sufragios luego de convocar a una audiencia pública sobre una tutela que prohibió revivir la aspersión con glifosato. El magistrado acudió a la Unidad Nacional de Protección y su seguridad ya fue reforzada. Entre tanto, se desconoce si se realizará una reunión que estaba prevista para la próxima semana con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. “La Policía no ha dicho: ‘venga y hablemos’”, observó otra fuente. Para la Corte, no es claro de dónde vienen las presiones o qué organizaciones están detrás de ellas.

De cualquier modo, según una fuente consultada, en este tipo de encrucijadas el enlace entre la Rama Judicial y el Gobierno históricamente era el Ministerio de Justicia, pero en el caso actual este despacho brilla por su ausencia. Además, la evidencia del crecimiento inusitado de cultivos de coca, cercanos a las 200.000 hectáreas, es suficiente motivo para que Estados Unidos mantenga encendidas sus alarmas. “Eso significa casi una tonelada de cocaína”, observó la fuente, para resaltar por qué existe tanto interés desde Washington para que regrese la fumigación aérea con el herbicida glifosato.

(Contexto: El lío por la sanción de la estatutaria de la JEP)

Un complejo panorama en el que, más allá de cómo se resuelva, existen urgentes razones para blindar el trabajo independiente de la Corte. Eso explica el interrogante que hoy se hacen algunos de sus magistrados: ¿qué ha dejado de positivo para el país esta larga disputa política de las objeciones? De cualquier modo, el gobierno Duque tendrá que seguir acudiendo al alto tribunal para defender asuntos claves, como la Ley de Financiamiento, las demandas que se anuncian contra el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de Infraestructura. Es decir, más allá de los réditos políticos, lo que importa es la implementación de la paz.

Por lo pronto, el magistrado Lizarazo deberá definir la hoja de ruta para el debate, ya que no está claro cuál es el procedimiento, si se trata de realizar una revisión al ritmo fast track o a través del procedimiento regular de la Corte. Lo esencial es que se revise la votación de las objeciones en el Senado, para determinar cuántos congresistas había habilitados para votar, si aplicaba el concepto de silla vacía para casos como el de Aída Merlano, capturada por delitos electorales, e incluso si Antanas Mockus podía votar o no, es decir, si el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección estaba ejecutoriado.

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Si este último escenario se evalúa primero y se considera que los 47 votos en el Senado contra las objeciones presidenciales fueron suficientes, la Corte tendría que expedir un auto pidiendo al presidente que sancione la ley. Otros consideran que antes debería analizarse si el presidente podía objetar, pues, como se trató de una ley expedida por fast track, ya tuvo revisión en la Corte. Resuelto este dilema, tendría que examinarse si las objeciones son por inconveniencia o inconstitucionalidad. Al parecer, ya existe consenso mayoritario en la Corte para concluir que son objeciones de índole constitucional.

En consecuencia, se pediría de inmediato la sanción de la ley. Esos seis votos serían los de los magistrados Alejandro Linares, Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, Antonio Lizarazo y Cristina Pardo. Los votos disidentes serían los de los magistrados Gloria Ortiz y Luis Guillermo Guerrero. El magistrado Carlos Bernal Pulido está impedido porque asesoró al Ejército en la configuración de la JEP. Por lo pronto, en medio del alboroto, la JEP y el Consejo de Estado han manifestado su apoyo a la Corte, mientras el Gobierno ha guardado silencio.