Se habría perdido en coimas plata de los municipios más golpeados por la guerra

Mientras el Acuerdo de Paz entrega resultados de la talla del informe final de la Comisión de la Verdad, una investigación de Blu Radio develaría que se embolataron millones del dinero ofrecido por el Gobierno para las regiones más golpeadas por la guerra. Los 170 municipios PDET, identificados tras la firma de la paz, que ocupan el 36% del territorio nacional y en el que viven más de seis millones de colombianos asfixiados por la pobreza y la violencia. Y, además, golpeados por las dinámicas propias de los cultivos ilícitos y la ausencia del Estado.

En contexto: “Nuestro cuello de botella para el Ocad-Paz es Planeación Nacional”

Tras indagar en más de 30 fuentes, en regiones donde callar protege la vida y contando con denuncias en Fiscalía y Procuraduría, el medio radial al parecer encontró que terminaron en coimas y sobornos alrededor del 12% de los recursos que aprueba el OCAD Paz. Esta institución se encarga de dar luz verde a grandes proyectos financiados con dinero de las regalías, es decir, la plata que los privados entregan en contraprestación por extraer recursos naturales. El OCAD Paz es el encargado de direccionar proyectos para los 170 municipios PDET e incluso nombrar a los ejecutores.

Aunque en las primeras publicaciones no se entregaron soportes de las denuncias en los órganos de control, se publicó que solo entre junio y diciembre se entregaron 355 proyectos, y la coima por llevarlos a cabo llegaría a los $500.000 millones. El medio enfatizó en que las irregularidades se habrían presentado mientras Luis Alberto Rodríguez, opcionado a dirigir la Contraloría, dirigió la Dirección Nacional de Planeación (DNP). La investigación toca a altos mandos políticos y de gobierno, pues el OCAD Paz está conformado por el ministro de Hacienda, el alto consejero para el posconflicto Emilio Archila, dos senadores, dos representantes a la Cámara, dos gobernadores y dos alcaldes.

Lea: Con recursos de regalías aprueban proyectos eléctricos por $1,2 billones

Entre las pruebas aportadas se encuentra el testimonio de alcaldes, quienes habrían visto truncados sus proyectos por no participar del supuesto entramado de corrupción. En síntesis, el OCAD Paz poner a competir a los 170 municipios para aprobar los acuerdos. Las propuestas de los alcaldes PDET deben tener previamente el visto bueno de la DNP, la Contraloría, el ministerio correspondiente y la Agencia de Renovación de Territorio. Alcaldes que lograron avances con la plata de la paz, dicen las fuentes, habrían entregado coimas para ser seleccionados en las sesiones del OCAD Paz.

“Si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo de alto gobierno, no va a pasar y no lo van a pagar. También cobran las dadivas o algún recurso, porcentaje de un 10% o 15% para que sea llevado a la mesa técnica y sea aprobado (por el OCAD Paz). Y luego, ahí llevarlo eso al municipio y para que el municipio haga gestión del mismo”, señaló una fuente anónima, cuyo nombre fue protegido para resguardar su identidad.

Lea también: Aprueban $591.00 millones de regalías para 43 proyectos rurales

Cuanto los periodistas indagaron en las fuentes si congresistas de la región se acercaban para supuestamente darle un empujón a los acuerdos, respondieron así: “Así era, había porcentajes desde un 6% hasta un 12% y 15%. Si los administradores o los alcaldes no se comprometían a eso, automáticamente al proyecto lo sacaban de la bolsa o de la lista y no lo metían a aprobación. Y esos municipios pagaron estudios y diseños. Hicieron todos los esfuerzos con recurso humano, ingenieros, para subsanar lo que metía el DNP”.

Entre los miembros del OCAD Paz que tuvieron responsabilidad sobre los proyectos de 2021 fueron: Emilio Archila; el contador delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalíras, Aníbal Quiroz; quien fuera gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, enjuiciado por presunta alianza político-administrativa con el Eln. Además, los alcaldes Martín Zuleta de La Paz (Cesar) y Marcelino Chacón, de la Uribe (Meta).

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Se menciona, además, a Álvaro Ávila. El funcionario era el director del Sistema General de Regalías de la DNP y estaba en la secretaría técnica del OCAD Paz. Se encargaba de elegir los proyectos que se revisarían en las sesiones y se suponía que debía valorar el orden en el que los alcaldes inscribían sus planes. Al parecer, los alcaldes de Orito (Putumayo) y Condoto (Chocó), se quejaron por escrito tras considerar que nunca se respetó ese orden.

Entre los hallazgos está que, entre 2019 y 2022, periodo medula del Gobierno Duque, el departamento del Cesar recibió $652 mil millones, mientras que Guainía solo recibió $1.500 millones. Además, se explicó que las autoridades encargadas del dinero para los municipios PDET se quedarán pronto sin recursos. La plata que estaba destinada para 10 años, por sanción presidencial y deliberación en el Congreso quedó para su ejecución únicamente hasta 2022. Los adelantos se adjudicaron en 2021, periodo en el que los proyecto aprobados contaron con $4,4 billones de financiación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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Tras indagar en más de 30 fuentes, en regiones donde callar protege la vida y contando con denuncias en Fiscalía y Procuraduría, el medio radial al parecer encontró que terminaron en coimas y sobornos alrededor del 12% de los recursos que aprueba el OCAD Paz. Esta institución se encarga de dar luz verde a grandes proyectos financiados con dinero de las regalías, es decir, la plata que los privados entregan en contraprestación por extraer recursos naturales. El OCAD Paz es el encargado de direccionar proyectos para los 170 municipios PDET e incluso nombrar a los ejecutores.

Aunque en las primeras publicaciones no se entregaron soportes de las denuncias en los órganos de control, se publicó que solo entre junio y diciembre se entregaron 355 proyectos, y la coima por llevarlos a cabo llegaría a los $500.000 millones. El medio enfatizó en que las irregularidades se habrían presentado mientras Luis Alberto Rodríguez, opcionado a dirigir la Contraloría, dirigió la Dirección Nacional de Planeación (DNP). La investigación toca a altos mandos políticos y de gobierno, pues el OCAD Paz está conformado por el ministro de Hacienda, el alto consejero para el posconflicto Emilio Archila, dos senadores, dos representantes a la Cámara, dos gobernadores y dos alcaldes.

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“Si el proyecto no lleva la bendición de un congresista, de un amigo de alto gobierno, no va a pasar y no lo van a pagar. También cobran las dadivas o algún recurso, porcentaje de un 10% o 15% para que sea llevado a la mesa técnica y sea aprobado (por el OCAD Paz). Y luego, ahí llevarlo eso al municipio y para que el municipio haga gestión del mismo”, señaló una fuente anónima, cuyo nombre fue protegido para resguardar su identidad.

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Entre los miembros del OCAD Paz que tuvieron responsabilidad sobre los proyectos de 2021 fueron: Emilio Archila; el contador delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalíras, Aníbal Quiroz; quien fuera gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, enjuiciado por presunta alianza político-administrativa con el Eln. Además, los alcaldes Martín Zuleta de La Paz (Cesar) y Marcelino Chacón, de la Uribe (Meta).

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Se menciona, además, a Álvaro Ávila. El funcionario era el director del Sistema General de Regalías de la DNP y estaba en la secretaría técnica del OCAD Paz. Se encargaba de elegir los proyectos que se revisarían en las sesiones y se suponía que debía valorar el orden en el que los alcaldes inscribían sus planes. Al parecer, los alcaldes de Orito (Putumayo) y Condoto (Chocó), se quejaron por escrito tras considerar que nunca se respetó ese orden.

Entre los hallazgos está que, entre 2019 y 2022, periodo medula del Gobierno Duque, el departamento del Cesar recibió $652 mil millones, mientras que Guainía solo recibió $1.500 millones. Además, se explicó que las autoridades encargadas del dinero para los municipios PDET se quedarán pronto sin recursos. La plata que estaba destinada para 10 años, por sanción presidencial y deliberación en el Congreso quedó para su ejecución únicamente hasta 2022. Los adelantos se adjudicaron en 2021, periodo en el que los proyecto aprobados contaron con $4,4 billones de financiación.

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