El 11 de abril de 2002, el Bloque Occidental de las FARC irrumpieron en la Asamblea del Valle y se llevaron con engaños a doce de sus diputados hacia los Farallones. En video quedó registrada la operación que llevaba gestándose meses a través de agentes de inteligencia que la guerrilla logró infiltrar en pleno centro de Cali.
Cinco años después, fueron asesinados en cautiverio y solo sobrevivió uno, Sigifredo López. Después de años de estudiar el caso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene todo listo para imputarle cargos a los responsables de este hecho, uno de los más representativos del conflicto armado colombiano.
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Los llamados por la justicia transicional son ocho exguerrilleros quienes deberán reconocer su responsabilidad por los secuestros, entre quienes están: alias Pacho Chino, el Grillo, Pacho Quinto y Sargento Pascuas. La JEP señala que durante el secuestro, los diputados fueron sometidos a malos tratos y a una violación permanente de su dignidad humana.
“A las condiciones materiales extremas se sumaron los malos tratos entre los cuales la Sala documentó como frecuentes: el aislamiento, las marchas forzadas, la insuficiencia de recursos materiales para la supervivencia, las cadenas y amarres, los castigos, y los gritos, amenazas, humillaciones y simulaciones de fusilamiento”, sostiene la JEP.
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Además, la jurisdicción especial asegura que la violación a su dignidad humana se evidenció también “en la ausencia de sanciones para quienes transgredieran la integridad de las personas en cautiverio. A esto se sumó la precariedad de los lineamientos para la capacitación y supervisión de la tropa que vigilaba a los cautivos”.
Los diputados asesinados son: Rufino Varela, Carlos Barragán, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos Narváez, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry y Héctor Arismendy.
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