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El próximo 27 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presidirá una audiencia pública en la que ocho militares activos y retirados ofrecerán disculpas y reconocerán responsabilidad por la muerte de 47 víctimas en la modalidad de falsos positivos. Le darán la cara al país por desaparecer y asesinar a tal cantidad de personas entre 2002 y 2006, y luego enterrarlas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia).
En contexto: Por falsos positivos en Dabeiba, ocho militares aceptaron cargos en la JEP
A la audiencia pública fueron convocados el coronel activo Efraín Enrique Prada, excomandante del Batallón de Contraguerrillas N. 79; el sargento viceprimero Hernando Cómbita; el coronel Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas N. 26 Arhuacos; así como los mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez y Hermes Mauricio Alvarado.
Asimismo, tres sargentos en retiro del Batallón Contraguerrillas N. 79: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo. “La audiencia se dará en el marco del macrocaso nacional (03), que investiga los antiguamente llamados ‘falsos positivos’, con el caso territorial (04) que priorizó la región de Urabá antioqueño y chocoano”, explicó la JEP.
Antecedentes: La inédita imputación de la JEP contra 10 militares por falsos positivos en Dabeiba
De acuerdo con la investigación sobre el caso Dabeiba, la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes, entre los 20 y 35 años, en situación de vulnerabilidad. Ante sus familias, los militares activos y retirados ofrecerán disculpas. También tendrán participación las organizaciones acompañantes, así como instituciones del Estado que respalden y brinden el proceso que empezó en diciembre de 2022.
A pesar de que estos militares ya aceptaron cargos, bajo la misma investigación, el coronel Jorge Alberto Amor, excomandante de la Brigada 11, y el coronel (r) David Guzmán, excomandante del Batallón 79 entre 2004 y 2005, no reconocieron su responsabilidad. En el caso de Amor, incluso pidió que se anulara su imputación, mientras que Guzmán rechazó los señalamientos de haber participado directamente en asesinatos, de tener vínculos con grupos paramilitares y de haber consentido el narcotráfico de las Autodefensas en la región.
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Ahora, con la convocatoria a audiencia de reconocimiento de responsabilidad, tal y como ocurrió en Catatumbo (Norte de Santander), Soacha (Cundinamarca) y Cesar, los ocho militares deberán encarar a sus víctimas, pedir perdón y contestar sus interrogantes. De otro lado, quienes no aceptaron los hallazgos de la JEP irán a un juicio ante el Tribunal para la Paz, donde podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.
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