Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quedaron 16 bienes que pertenecían presuntamente a una red dedicada al tráfico de migrantes. El CTI de la Fiscalía se encargó de realizar las diligencias y están avaluados en más de 2.400 millones de pesos.
Le puede interesar: Criminales venden a San Andrés como ruta VIP hacia el sueño americano y así funciona
Las propiedades afectadas corresponden a cuatro predios urbanos, dos establecimientos de comercio y 10 automotores. Las propiedades habrían estado al servicio de la estructura delincuencial para movilizar a los extranjeros que ingresaban al país por corredores fronterizos no autorizados, alojarlos en Cali (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Bogotá; y garantizar la salida por la frontera con Panamá para que siguieran su tránsito por Centroamérica con destino a Estados Unidos.
Dentro de la investigación, las autoridades identificaron además que algunos de los señalados integrantes de la estructura trabajaban en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, quienes presuntamente eran los encargados de contactar a los migrantes que no eran admitidos por Migración Colombia, ofrecerles los servicios ilícitos para cumplir su intención de viajar y sacarlos de la terminal aérea entre contenedores de basura.
Lea: A los migrantes no se les puede “poner muros”: defensor Carlos Camargo
Diez integrantes de esta red fueron imputados por la Fiscalía y enviados a casa por cárcel el pasado 26 de septiembre. Según la investigación, desde hace siete años los procesados vendrían ubicando en zona de frontera de Nariño a migrantes a quienes les cobraban entre 2.000 y 5.000 dólares para poder llevarlos hasta Urabá, pasando por Cali, Medellín y Bogotá. La ruta se trazaba dependiendo del destino requerido por cada uno. Las sumas comprendían el pago de transporte, hospedaje y alimentación, además del trámite de visas y documentos de identificación falsos para evadir los controles dispuestos por las autoridades.
Al momento de la captura de estas personas, las autoridades ubicaron a ocho ciudadanos cubanos que estaban alojados en una vivienda que al parecer pertenecía a uno de los capturados. De la misma manera, fueron incautados 19 pasaportes falsos, 11 celulares, 79 millones de pesos y 29.000 euros, en efectivo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.