Odebrecht: a juicio tres empresarios por caso que menciona a la campaña de Santos 2014
La Fiscalía por fin acusó a Esteban Moreno, David Portilla y Ricardo Rey, quienes se habrían enriquecido a través de la mano corrupta de la multinacional brasilera Odebrecht. Estas tres fichas, que insisten en su inocencia, son enjuiciados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Durante una accidentada audiencia, en la que la Fiscalía tuvo que hacer varias aclaraciones en su intervención, el propio ente investigador llamó a juicio a los empresarios Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel, quienes son investigados por su presunta participación en el caso Odebrecht. Según la investigación de la Fiscalía, estas tres personas hicieron parte de un subcontrato de obra cuyo valor ascendió a $4.017 millones y que fue firmado entre Consol, el consorcio constructor de la Ruta del Sol II, y la empresa Gistic Soluciones Integrales, que para entonces estaba en cabeza del empresario Sanmiguel.
Lea: Caso Odebrecht: La imputación a tres empresarios que menciona a la campaña Santos
El subcontrato de obra tenía como objetivo el mejoramiento y la ampliación de la estructura vial en Colombia, a través de un sistema vial de doble calzada. Sin embargo, para la Fiscalía no hay duda de que se trató de un “contrato ficticio” con el cual el consorcio Consol transfirió $3.894 millones a la empresa Gistic Soluciones Integrales. El caso no se movía desde el año pasado. Entre junio y agosto de 2021, la Fiscalía le imputó cargos a estos tres empresarios, luego de haber anunciado dicha audiencia durante dos años.
Durante la audiencia de acusación la Fiscalía señaló que: “El subcontrato de obra tiene como marco el contrato que Consol suscribió en el 2010 que se ejecutaría entre Consol y el INCO, hoy ANI, como obra de utilidad común cuyo objeto era el mejoramiento y ampliación de la estructura vial en Colombia conectando el interior del país con la costa Atlántica, a través de un sistema vial de doble calzada declarado en el Conpes como de importancia estratégica”.
En contexto: Caso Odebrecht: un año y medio de anuncios sobre la imputación a tres fichas clave
Según el ente investigador, Esteban Moreno incrementó su patrimonio y, presuntamente, de esa campaña a través el subcontrato de obra, con fecha de febrero del 2014 el cual fue celebrado, por una parte, con Ricardo Antonio Paredes y Marco Antonio Acevedo, como representantes legales del consorcio Consol. Por la otra, estuvo Edna Karina Méndez (pareja de Sanmiguel), como representante legal de Gistics Soluciones Integrales SAS.
Sanmiguel y su esposa tuvieron roles distintos en el entramado de corrupción, según la investigación de la Fiscalía. “Edna Karina Méndez utilizó su empresa para el ingreso ilícito del dinero”, dijo la fiscal del caso, mientras que, Sanmiguel, como el “único autorizado para realizar movimientos en las cuentas de Gistics Soluciones Integrales”, tuvo otro papel. En palabras de la representante del ente investigador, Andrés Sanmiguel, “realizó acciones para que ingresaran dineros de origen ilícito a las cuentas de Gistics e incrementó sin justificación el patrimonio de la empresa y el propio. Además, efectuó operaciones bancarias para dar apariencia de legalidad al dinero ilícito”.
De acuerdo con la Fiscalía, la cual acusa a Esteban Moreno por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de entregas de dinero en efectivo, el aliado de Santos se habría quedado con $3.053 millones y, a su vez, presuntamente los transportó para que circulara en la economía legal. El 11 de junio de 2014, según la imputación, Moreno habría recibido $1.400 millones que Sanmiguel le entregó en efectivo. El 12 de junio de 2015, Moreno habría recibido el resto de la tajada, en efectivo y también por Sanmiguel.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Sobre David Fernando Portilla, administrador de Gistics Soluciones Integrales, imputado por los mismos delitos, se dijo que habría aumentado sin justificación “su patrimonio en $230 millones y para terceros en $550 millones”, a través de maniobras similares a las denunciadas anteriormente. Antes de que la fiscal Liliana Calle preguntara a los procesados si aceptaban los cargos, el abogado Juan Carlos Padilla, representante de Portilla, pidió a la Fiscalía que reconsidere imputar a su cliente por el delito de lavado de activos pues, en su concepto, se trata de una acusación desproporcionada que no corresponde a la realidad de los hechos mencionados en la audiencia. El juez del caso respondió que, en todo caso, la Fiscalía podrá cambiar la adecuación penal si presenta escrito de acusación. Ninguno de los tres, ni Rey, Moreno y Portilla, aceptaron cargos.
Durante una accidentada audiencia, en la que la Fiscalía tuvo que hacer varias aclaraciones en su intervención, el propio ente investigador llamó a juicio a los empresarios Esteban Moreno, David Portilla y Andrés Sanmiguel, quienes son investigados por su presunta participación en el caso Odebrecht. Según la investigación de la Fiscalía, estas tres personas hicieron parte de un subcontrato de obra cuyo valor ascendió a $4.017 millones y que fue firmado entre Consol, el consorcio constructor de la Ruta del Sol II, y la empresa Gistic Soluciones Integrales, que para entonces estaba en cabeza del empresario Sanmiguel.
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El subcontrato de obra tenía como objetivo el mejoramiento y la ampliación de la estructura vial en Colombia, a través de un sistema vial de doble calzada. Sin embargo, para la Fiscalía no hay duda de que se trató de un “contrato ficticio” con el cual el consorcio Consol transfirió $3.894 millones a la empresa Gistic Soluciones Integrales. El caso no se movía desde el año pasado. Entre junio y agosto de 2021, la Fiscalía le imputó cargos a estos tres empresarios, luego de haber anunciado dicha audiencia durante dos años.
Durante la audiencia de acusación la Fiscalía señaló que: “El subcontrato de obra tiene como marco el contrato que Consol suscribió en el 2010 que se ejecutaría entre Consol y el INCO, hoy ANI, como obra de utilidad común cuyo objeto era el mejoramiento y ampliación de la estructura vial en Colombia conectando el interior del país con la costa Atlántica, a través de un sistema vial de doble calzada declarado en el Conpes como de importancia estratégica”.
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Según el ente investigador, Esteban Moreno incrementó su patrimonio y, presuntamente, de esa campaña a través el subcontrato de obra, con fecha de febrero del 2014 el cual fue celebrado, por una parte, con Ricardo Antonio Paredes y Marco Antonio Acevedo, como representantes legales del consorcio Consol. Por la otra, estuvo Edna Karina Méndez (pareja de Sanmiguel), como representante legal de Gistics Soluciones Integrales SAS.
Sanmiguel y su esposa tuvieron roles distintos en el entramado de corrupción, según la investigación de la Fiscalía. “Edna Karina Méndez utilizó su empresa para el ingreso ilícito del dinero”, dijo la fiscal del caso, mientras que, Sanmiguel, como el “único autorizado para realizar movimientos en las cuentas de Gistics Soluciones Integrales”, tuvo otro papel. En palabras de la representante del ente investigador, Andrés Sanmiguel, “realizó acciones para que ingresaran dineros de origen ilícito a las cuentas de Gistics e incrementó sin justificación el patrimonio de la empresa y el propio. Además, efectuó operaciones bancarias para dar apariencia de legalidad al dinero ilícito”.
De acuerdo con la Fiscalía, la cual acusa a Esteban Moreno por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de entregas de dinero en efectivo, el aliado de Santos se habría quedado con $3.053 millones y, a su vez, presuntamente los transportó para que circulara en la economía legal. El 11 de junio de 2014, según la imputación, Moreno habría recibido $1.400 millones que Sanmiguel le entregó en efectivo. El 12 de junio de 2015, Moreno habría recibido el resto de la tajada, en efectivo y también por Sanmiguel.
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Sobre David Fernando Portilla, administrador de Gistics Soluciones Integrales, imputado por los mismos delitos, se dijo que habría aumentado sin justificación “su patrimonio en $230 millones y para terceros en $550 millones”, a través de maniobras similares a las denunciadas anteriormente. Antes de que la fiscal Liliana Calle preguntara a los procesados si aceptaban los cargos, el abogado Juan Carlos Padilla, representante de Portilla, pidió a la Fiscalía que reconsidere imputar a su cliente por el delito de lavado de activos pues, en su concepto, se trata de una acusación desproporcionada que no corresponde a la realidad de los hechos mencionados en la audiencia. El juez del caso respondió que, en todo caso, la Fiscalía podrá cambiar la adecuación penal si presenta escrito de acusación. Ninguno de los tres, ni Rey, Moreno y Portilla, aceptaron cargos.