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La Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación contra la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, quien fue llevada a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Se trata de una de las ramas del expediente de Odebrecht, relacionada con las gestiones y omisiones de altos funcionarios públicos durante la feria de sobornos e irregularidades desplegadas por la constructora brasilera.
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Según comunicó el ente investigador, Cecilia Álvarez sería responsable por dar su visto bueno para la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato de Ruta del Sol II, el cual es el segundo segmento de una de las vías principales que conduce del centro del país a la costa Caribe. Con esos otrosíes, tal como lo ha constatado la justicia, se adicionó el tramo horizontal de los municipios Ocaña – Gamarra, el cual no estaba en los planes iniciales de la vía.
“Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes”, explicó la Fiscalía.
La investigación daría cuenta de que Cecilia Álvarez desconoció normas contractuales, las leyes y hasta un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado sobre Ruta del Sol II. La audiencia de acusación será programada en la fecha que disponga la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que es el alto tribunal que conocerá el caso de la exministra de Transporte.
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Aunque en la comunicación de la Fiscalía no se entregaron muchos detalles, El Espectador estuvo presente en la audiencia de imputación contra Álvarez, el pasado 6 de julio. En su momento, la Fiscalía señaló ante el despacho que las pruebas dan cuenta de que Álvarez, entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, con sus acciones favoreció a ciertas personas con intereses para la construcción del nuevo tramo y la instalación de peajes. Según el ente investigador, el tramo agregado no estaba relacionado con el contrato principal de la obra y era necesario tramitar una nueva licitación.
El fiscal, durante la audiencia, resaltó que las principales irregularidades estuvieron en los otrosíes tres y seis, en los cuales habría un favorecimiento a la familia de la exministra Gina Parody, quien fuera pareja de Álvarez. En el tres, dice la Fiscalía “consistía en los estudios y diseños de la fase tres del tramo Aguaclara-Gamarra-Puerto Acapulco, y demás puertos ribereños localizados a una distancia de cinco kilómetros, ampliando la distancia a 5.8 kilómetros al norte, y 8.9 kilómetros al sur del municipio de Gamarra”.
Asimismo, el ente investigar dijo que el 14 de marzo de 2014, la ANI, representada en ese entonces por Luis Fernando Andrade Moreno, y la concesionaria Ruta del Sol II, suscribieron el otrosí seis, que tenía por objeto adicionar al contrato original las condiciones para el tramo Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra. Dichas condiciones, dice la Fiscalía, incluían la autorización del Ministerio de Transporte para el aumento de las tarifas de los peajes San Vito, Agua Negra, La Gómez, Morrison y Pialitas.
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Otra condición, señaló el fiscal del caso, era la autorización del mismo ministerio para instalar dos nuevos peajes y habilitarlos para cobros, pero dicha condición tenía que ser avalada por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), como lo exige la ley, algo que, según el fiscal, no se cumplió en los plazos establecidos.
Por otra parte, con el otrosí 6, dijo el ente investigador, se modificó el plazo del contrato principal, ampliándolo por 25 años. También, el ente investigador expresó que la ANI hizo un estudio sobre la estructura y viabilidad de los dos nuevos peajes (Gamarra y Platanal), los cuales serían construidos con el dinero que dieran los demás peajes del proyecto, a lo que, según la Fiscalía, el 22 de julio de 2014, la entonces ministra de Transporte expidió el decreto que daba luz verde.
Por otra parte, el ente investigador señaló que, para la fecha de los hechos, la entonces ministra sostenía una relación con Gina Parody, quien para la época fungía como ministra de Educación, y cuyos familiares tenían intereses en el proyecto vial. Aunque Álvarez presentó impedimentos por este motivo, dijo la Fiscalía, “Cecilia Álvarez termina interviniendo en los dos ministerios en varias operaciones de la Ruta del Sol 2 y el otrosí Ocaña-Gamarra”. En la audiencia, el ente investigador sostuvo también que, con esas intervenciones, la entonces ministra “favoreció el proyecto fluvial en el que tenía interés personal”.
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Por este caso, la Procuraduría absolvió a Álvarez y a su pareja, la también exministra de Educación, Gina Parody. “El Ministerio Público comprobó que miembros de la familia Parody D’Echeona no eran parte de la sociedad que solicitó la concesión de puerto fluvial de Gamarra, ni de la beneficiaria de ella, como tampoco de las que la integraban”, señaló la Procuraduría. Por los hechos que señaló la Fiscalía durante la audiencia, también resultó beneficiada la multinacional brasileña Odebrecht, que se quedó con las adiciones de los contratos, hechos que no le fueron imputados a la exministra.
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