Odebrecht en Guatemala: lo que hizo Iván Velásquez al frente de la Cicig

Velásquez fue comisionado de la Cicig entre 2013 y 2017.

Foto: AFP - JOHAN ORDONEZ

La Fiscalía de Guatemala informó este lunes 16 de enero que se inició un proceso legal contra el ministro de defensa colombiano, Iván Velásquez por su supuesto rol en el entramado de corrupción de Odebrecht en ese país. Frente a esto, varias organizaciones internacionales defendieron la actuación de Velásquez tras los señalamientos a quien fuera la cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por Naciones Unidas (ONU).

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Velásquez fue señalado de permitir la aprobación de varios acuerdos de cooperación señalados por el fiscal Rafael Curruchinche como “anómalos” dentro de las investigaciones del caso Odebrecht lideradas por la Cicig. Además, el fiscal Curruchinhe, sancionado por Estados Unidos, también acusó a Velásquez de haber tenido relaciones con dos directivos de la constructora en el año 2017.

¿Qué hizo Iván Velásquez en Guatemala?

Como cabeza de la Cicig, Velásquez y su equipo coordinaban investigaciones de la mano de la Fiscalía de ese país. Sin embargo, la relación terminó mal luego de que el gobierno del entonces presidente Jimmy Morales le negara la entrada, posteriormente, lo expulsó de Guatemala y lo declaró persona non grata. En su momento, hasta la ONU se pronunció a favor de Iván Velásquez, pues la decisión de Morales levantaba serias dudas.

Una de las investigaciones que conducía el hoy ministro de Defensa tenía que ver con el entramado de Odebrecht en Guatemala. La corrupta constructora brasileña se abrió paso en ese país, como en toda la región, a punta de sobornos. Y, un su momento, la Cicig y la Fiscalía determinaron que el exministro de Comunicaciones de Guatemala, Alejandro Sinibaldi, gestionó y concertó el pago de sobornos con los directivos a cambio de adjudicar contratos de construcción de carreteras, que terminaron beneficiando al excandidato presidencial, Manuel Antonio Baldizón y al empresario Carlos Arturo Batres.

En el marco de esas investigaciones, la Cicig lideró un acuerdo de colaboración con Odebrecht, que contó con la aprobación de un juez competente, para que la empresa entregara información sobre quiénes eran los responsables de los sobornos. Según la Sobre esto, la Red de Información del Combate a la Impunidad en Guatemala (Ricig), al parecer relacionado con exfuncionarios de la Cicig, este acuerdo se celebró entre la Fiscalía y Odebrecht, por lo que no se debía brindar una audiencia pública por la naturaleza de la gestión.

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Frente a los señalamientos del fiscal Curruchinhe, sancionado en Estados Unidos por haber obstruido investigaciones de corrupción al interrumpir casos contra funcionarios de alto perfil, la Ricig afirma que estos acuerdos permitieron esclarecer los procesos. En el caso de la constructora brasileña, este acuerdo logró que se llegara a que la entidad se comprometiera a reparar el daño, al pagar más de $17 millones de dólares, monto igual al dado en sobornos, al estado guatemalteco.

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Sumado a esto, la constructora brasileña se comprometió a liberar el contrato de construcción para que las entidades responsables pudieran iniciar otra licitación para concluir las obras contratadas, renunciando al cobro de daños y perjuicios que podrían haber solicitado por medio de acciones legales contra el Estado. Finalmente, se comprometieron a devolver el material no utilizado, equivalente a más de $18 millones de dólares.

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Velásquez es recordado por haber adelantado las investigaciones del caso de corrupción de aduanas de “La Línea”. En este caso se encontró que varios importadores tenían contacto con varios tramitadores, entre los que se encontraban funcionarios del gobierno, quienes ayudaban a pagar menos impuestos a cambio de sobornos. Esto se hacía a través de una línea telefónica mediante la cual se gestaban los fraudes. Esta línea fue interceptada en la investigación que terminó con la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, en mayo de 2015.

Entre las personas que se han pronunciado sobre lo ocurrido se encuentra el subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier. A través de Twitter, afirmó que se debe condenar la destrucción del estado de derecho en Guatemala y le pidió al presidente Gustavo Petro que promueva esta condena entre los gobiernos de la región. Finalmente, afirmó: “Esto no es sobre Iván Velásquez, es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH”.

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