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Luego de un trabajo de alrededor de un año, la Fiscalía dio a conocer su nuevo frente de trabajo por el escándalo de Odebrecht, en el cual, durante la década pasada, la multinacional obtuvo millonarios contratos de infraestructura a cambio de sobornos para altos funcionarios públicos. El ente investigador imputará a 10 personas, entre ellas directivos brasileros que habían colaborado con la justicia nacional y el propio fiscal Daniel Hernández, quien estuvo a cargo del caso hace cinco años.
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Entre las decisiones sorpresivas está a imputación contra los brasileros Amilton Hideaki y Manuel Ricardo Cabral Xinemes, como representante legal principal y suplente, respectivamente, de la Concesionaria Ruta del Sol SAS. Se trata de la empresa que, luego de repartir sobornos a congresistas y reconocidos funcionarios de gobierno, se quedó con la licitación para la Ruta del Sol II, que conectaría el centro del país con la costa.
La imputación contra Hideaki representa un giro en el expediente, pues durante los últimos años el brasilero estuvo negociando con la justicia, ventilando nombres y episodios del escándalo, por lo cual jueces colombianos le negaron a la Fiscalía su judicialización. Hideaki y Cabral serán imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, así como el exsubgerente de estructuración del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), David Eduardo Villalba Escobar.
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Según la teoría del caso, Villalba Escobar suscribió varias resoluciones durante el segundo semestre de 2009, para presuntamente direccionar los procesos de evaluación y selección a favor de la Concrecionaría Ruta del Sol SAS. Para garantizar el acuerdo, habría conocido del soborno de US $6,5 millones a favor del exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales. Se trata del primer capturado por el entramado de corrupción en Colombia y quien hace un par de años quedó libre tras pagar la mayor parte de su condena de cinco años.
Contra Hideaki hay más tela para cortar. La Fiscalía lo imputará, además, por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como a su socio Luiz Antonio Bueno Junior, directivo de Odebrecht, y a los ciudadanos españoles José Díaz Vecino y Juan José Lago Novas. Los últimos dos fueron director gerente y director técnico, respectivamente, de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos de Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA (DCS Management).
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“Odebrecht Colombia suscribió un contrato ficticio de asistencia técnica desde el exterior con DCS Management, el 7 de julio de 2009, con el supuesto de consolidar una oferta técnica y presupuestal sólida para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. En contraprestación se pactó el pago de 0,9% del valor del contrato. La actividad prevista no se habría ejecutado; sin embargo, meses después de recibir del INCO el proyecto vial, la multinacional brasileña realizó giros por US 10′890.000, a través de un banco de Estados Unidos, a una cuenta que la sociedad española tenía en la banca privada de Andorra”, agregó la Fiscalía.
Las pruebas de la Fiscalía indicarían que el 94% del dinero recibido por la empresa DCS Management fue transferido a la empresa Klienfeld, que hacía parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Brasil. El propósito de este movimiento de recursos, según la Fiscalía, sería recuperar en sus cuentas los US $6,5 millones que se le pagó al exviceministro de transporte y también exdirector del INCO, Gabriel Ignacio Morales García.
De Luiz Antonio Bueno, Colombia tuvo noticia en enero de 2019. Entonces, junto a los directivos Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha, a través de una videoconferencia desde Brasil, ofreció disculpas a la sociedad colombiana por los hechos de corrupción. Todos se comprometieron a ser testigos en procesos penales y a pagar una reparación de hasta $18.000 millones, equivalentes, en ese entonces, a la suma pagada al exviceministro Morales García. Todo indica que los beneficios judiciales fueron suspendidos contra los exdirectivos brasileros.
Daniel Hernández, en la mira de la propia Fiscalía
El reconocido fiscal Daniel Ricardo Hernández, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, será imputado por prevaricato por omisión (actuar en contravía de lo que se espera para su cargo) y amenazas a testigo. El ente investigador se encargará de delimitar responsabilidades penales contra un funcionario que ha representado a la institución en el mismo caso de Odebrecht, así como en el del empresario corrupto Carlos Mattos, en la investigación contra los policías que descubrieron la “Ñeñepolítica” y en el expediente contra el exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, en cuya finca se encontró un laboratorio de procesamiento de cocaína.
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“El 20 de julio de 2017, el funcionario obtuvo de un juez de control de Garantías siete órdenes de captura contra presuntos implicados en el entramado de corrupción de Odebrecht, tres de estas contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki. El fiscal Hernández, al parecer, hizo una solicitud defectuosa de las citadas órdenes de captura contra los tres extranjeros, directivos de la multinacional brasileña, y omitió darles trámite legal, es decir, no las registro en el Sistema de Información sobre Antecedentes y Anotaciones (SIAN) para que se hicieran efectivas”, señaló la Fiscalía.
Además, el ente investigador tendría como probar que el fiscal Hernández no pidió con prontitud la expedición de la notificación azul de Interpol, para ubicar en otros países a los directivos Marangoni, Ferracuti e Hideaki. Y en una hipótesis hasta ahora desconocida, será imputado por, al parecer, haber intimidado en la misma Fiscalía al excongresista Otto Nicolás Bula, quien ya pagó su condena por gestionar el otrosí que dio vida a una adición fuera de los planes a la Ruta del Sol II. “Le reprochó (en junio pasado) por su intención de querer servir como testigo contra otras personas que estarían vinculadas a las irregularidades desplegadas por Odebrecht”, explicó.
Las otras ramas investigativas
La Fiscalía anunció, asimismo, la imputación por falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito contra el ciudadano Luis Eduardo Gómez, representante legal de la empresa Aldepósitos Zona Franca SAS. Al parecer, en 2014, suscribió un contrato ficticio con Consultores Unidos Colombia-Panamá, y aunque emitió facturas por actividades que nunca se realizaron, recibió transferencias por hasta US $2.500 millones. Presuntamente, redireccionó ese dinero a Eduardo Zambrano, quien, a su vez, se los habría entregado a Otto Bula para cumplir con el soborno pactado por la adición Ocaña-Gamarra al contrato de Ruta del Sol II.
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La ciudadana Adriana Milena Alzate, por otro lado, será imputada por el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía asegura que en 2010 fue contratada por el Consorcio Ruta del Sol, del que hizo parte Odebrecht, para realizar mantenimiento y drenaje a varios tramos de Ruta del Sol II. Sin embargo, la actividad comercial que ejecutaba Alzate era la de cría de ganado. Y, presuntamente, recibió pagos por hasta $490 millones por actividades que nunca se ejecutaron.
Por último, la acción de la Fiscalía irá tras el ciudadano uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti, como presunto responsable de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. “Esta persona, al parecer, como operador habitual de Odebrecht Brasil y en su condición de gestor de la banca privada de Andorra, diseñó el modelo de pago de la coima entregada por la constructora para la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, y después permitió poner una millonaria suma en dólares a la cuenta de la sociedad española DCS Management y su posterior traslado a la empresa Klienfeld”, concluyó la Fiscalía.
La salvedad de la Fiscalía
Antes de cerrar su anunció, el ente investigador precisó que la reciente investigación no tuvo en cuenta las versiones que previamente los colaboradores brasileros dejaron en manos de la justicia colombiana. Esto porque la Ministerio Público de Brasil le exigió a la Fiscalía la suscripción del compromiso de no utilizar los mismos testimonios contra las 78 personas involucradas y las empresas comprometidas.
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