Odebrecht: la imputación contra brasileros que estaba cantada desde hace siete años

Desde que estalló el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, en diciembre de 2016, los primeros señalados de hacer parte de un esquema de sobornos en el país fueron sus directivos brasileños. Sin embargo, en operaciones que todavía no son claras, los tres peces gordos de la empresa, que estaban en Colombia, lograron escapar a Brasil. Desde ese momento, todas las evidencias quedaron en expedientes judiciales sin que en siete años hubiera una decisión de fondo. Cuatro fiscales pasaron por el caso: Néstor Humberto Martínez, Leonardo Espinosa (el fiscal ad-hoc) y Francisco Barbosa. Y solo ahora, en el ocaso del último fiscal, el caso, por fin, logró avanzar.

Desde que estalló el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht, en diciembre de 2016, los primeros señalados de hacer parte de un esquema de sobornos en el país fueron sus directivos brasileños. Sin embargo, en operaciones que todavía no son claras, los tres peces gordos de la empresa, que estaban en Colombia, lograron escapar a Brasil. Desde ese momento, todas las evidencias quedaron en expedientes judiciales sin que en siete años hubiera una decisión de fondo. Cuatro fiscales pasaron por el caso: Néstor Humberto Martínez, Leonardo Espinosa (el fiscal ad-hoc) y Francisco Barbosa. Y solo ahora, en el ocaso del último fiscal, el caso, por fin, logró avanzar.

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En una rueda de prensa en Cartagena, Barbosa, la vicefiscal Martha Mancera y el fiscal coordinador ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, anunciaron la imputación de cargos a las máximas cabezas de la multinacional, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Un avance en la investigación que estaba cantada desde 2019, cuando el fiscal Espinosa dejó lista la imputación que hasta ahora anunció Barbosa. En total, la Fiscalía imputará a 22 funcionarios de Odebrecht, la mayoría de ellos viven en Brasil y algunos siguen vinculados a la empresa. Además, también vinculará a un proceso penal a otras 34 personas, entre funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Marcelo Odebrecht, presidente del Conglomerado Odebrecht entre 2008 y 2015:

El nombre más grande por el que va la Fiscalía es Marcelo Odebrecht, quien fungió como presidente de la multinacional durante siete años (2008-2015). Este empresario brasileño, quien actualmente tiene 53 años, fue la cabeza de la corrupta multinacional, cuyos tentáculos llegaron a varios países de la región y permearon, además de contratos, campañas políticas. Odebrecht, además de su rol como presidente del conglomerado, puso también a temblar a políticos y empresarios del continente, cuando empezó a dar información en otro caso de corrupción, por el cual fue envido a prisión en Brasil: Lava Jato.

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Marcelo Odebrecht fue condenado inicialmente a 19 años de prisión en Brasil, por pagar sobornos dentro del caso de Lava Jato. El empresario, quien fue dejado en libertad el 29 de abril de este año, llegó a un acuerdo con la justicia de ese país que lo condenó por corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero en la construcción de obras públicas. Por su colaboración redujeron su pena a solo 10 años de cárcel y en 2022 el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que el castigo fuera de únicamente de siete años. Además, Odebrecht terminó siendo el delator en Estados Unidos de cómo funcionó ese esquema de corrupción en Latinoamérica.

Eder Paolo Ferracutti, presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010:

Ferracutti era la ficha clave de Odebrecht en Colombia, respecto a lo que tenía que ver con la Concesión Ruta del Sol II, encargada de construir los 529 kilómetros entre Currumaní (Cesar) y Puerto Salgar (Cundimanarca). A través de la Concesión, la multinacional habría pagado USD$11 millones en Colombia para quedarse de forma ilegal con suntuosos contratos de infraestructura. Sin embargo, judicialmente hablando, Eder Paolo Ferracutti, hasta el momento, ha salido limpio y no se le ha condenado. Pero, disciplinariamente hablando, sí ha sido fuertemente sancionado en Colombia.

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En diciembre de 2022, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años al empresario brasilero, por utilización y apropiación indebida de recursos públicos. Asimismo, le impusieron una multa por $54 mil millones a favor del Tesoro Nacional colombiano, al determinar que el empresario suscribió al menos 10 contratos irregulares o inexistentes por un valor aproximado de $27.100 millones. Dicho dinero, según la Procuraduría, tuvo el único fin de pagar por obras y servicios que nunca realizaron y se destinaron para cancelar sobornos a funcionarios públicos.

Los Luises de Odebrecht:

Luiz Antonio Bueno Junior, exdirector de Odebrecht en Colombia; Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente de Odebrecht para América Latina; y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, exejecutivo del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también son investigados por la Fiscalía. Pero, no es la primera vez que sus nombres salen en las averiguaciones del ente invedtigador por el entramado de corrupción. Aun así, en julio de 2021, el Juzgado 68 de garantías de Bogotá determinó que ninguno de ellos sería procesado, cediendo a una petición hecha, precisamente, por la Fiscalía. La razón: su colaboración con la justicia colombiana para que cayeran al menos otras cuatro personas.

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Los tres exdirectivos de la corrupta multinacional, según dijo su abogado en 2021, ya fueron judicializados en Brasil por los hechos delictivos del entramado de corrupción y se encuentran pagando las consecuencias de esa sentencia. Y, como dijo el ente investigador colombiano en ese momento, Bueno, Mameri y Da Rocha ya pagaron a Colombia una indemnización por USD$6,5 millones, cifra a que se comprometieron por ser la misma que pagó la compañía a funcionarios estatales para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol II. Además, los tres pidieron perdón públicamente a la sociedad por el pago de sobornos.

Eleuberto Antonio Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia:

El ejecutivo brasilero fue fundamental en los casos contra los excongresistas Otto Bula y Bernardo Miguel “El Ñoño” Elías, ambos condenados por haber hecho parte del entramado de corrupción desde el Legislativo. Martorelli le contó a la justicia colombiana cómo funcionaba el entramado y en qué momento participaban los políticos. Según el brasileño, una vez se lograba la adjudicación de obras de trascendencia para el país, la constructora realizaba el pago de los sobornos acordados previamente con el excongresista Otto Bula. Los dineros, según determinó la Corte Suprema de Justicia, tenían como destino las arcas de Ñoño Elías.

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Por otra parte, otro de los testimonios de Martorelli fue fundamental al decir que para las elecciones presidenciales de 2014, Odebrecht puso dinero en las campañas de los entonces candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Sobre Santos dijo que la multinacional brasileña celebró un contrato de un millón de dólares con una empresa de publicidad para realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades del país y que los resultados, supuestamente, favorecieran a Santos. Sobre Zuluaga, dijo que a mediados de febrero de 2014, Odebrecht hizo el puente entre el entonces candidato (hoy investigado por delitos relacionados con la corrupción) y el publicista Duda Mendoça. Al parecer, como también ha documentado la Fiscalía, se pagaron USD$ 1,6 millones, al estratega político Duda Mendoza.

Otros futuros imputados por la Fiscalía son Yesid Augusto Arocha, exrepresentante legal de Odebrecht; Amilton Hideaki Senday, director de Ingeniería de Odebrecht en Colombia; Luiz Batista Filho, exrepresentante de la multinacional en Colombia; Marcio Marangonni, exfuncionario del Consorcio Ruta del Sol; Manuel Ricardo Cabral Ximenes y Luiz Claudio Texeura, exrepresentantes legales de la Concesión Ruta del Sol II. A pesar de la nueva etapa en la investigación, todavía no es claro el procedimiento que va a seguir el búnker, pues los altos funcionarios están en Brasil desde hace años y tampoco se sabe si están dispuestos a darle la cara a la justicia colombiana, así sea para negociar información a cambio de beneficios en sus procesos.

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