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El presidente y representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Eder Paolo Ferracuti, deberá pagar una multa de $16.756 millones y fue inhabilitado durante 20 años para prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este, luego de que la Procuraduría lo encontrara disciplinariamente responsable por suscribir un contrato falso con la compañía Profesionales de Bolsa S.A. en 2014, por un valor de más de $9 mil millones ($9.467.270.400), que fueron pagados con recursos públicos que provenían del recaudo de peajes.
Con la misma multa de $16.756 millones fue sancionado uno de los principales miembros de la junta directiva de la concesionaria, Eleuberto Martorelli, quien también fue inhabilitado por el término de 20 años. Según el Ministerio Público, entre marzo y abril de 2015, falsificó el acta de la reunión de la junta directiva de la compañía autorizando la contratación de Profesionales de Bolsa que un año atrás había celebrado Ferracuti. La Procuraduría encontró dos versiones falsas de la supuesta aprobación por parte de la junta directiva para que se celebrara ese convenio. De la segunda versión participó Alberto Mariño Samper, sin embargo, este quedó absuelto.
En el fallo de 253 páginas conocido en su integridad por El Espectador, la Procuraduría explicó en detalle la cuestionada conducta de los investigados, pesos pesados de la compañía brasileña que protagonizó uno de los escándalos más grandes de corrupción de los últimos tiempos. En el caso de Eder Paolo Ferracuti, explicó el Ministerio Público que el 27 de marzo de 2014 el presidente de la compañía contrató con Profesionales de Bolsa la prestación de servicios de asesoría financiera y banca de inversión del proyecto Ocaña–Gamarra, por más de $9mil millones. Sin embargo, se trató de un convenio falso que fue financiado con dinero público “con la intención clara de permitir que un tercero se apropiara de los recursos”.
La investigación disciplinaria citó un informe del controller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, fechado del 25 de junio de 2015 (más de un año después de la celebración del cuestionado contrato) que señala que no existían soportes entregables que certificaran la labor de Profesionales de Bolsa S.A. Lo que sí se encontró fueron las facturas de pago efectuado por la concesionaria Ruta del Sol al contratista. Además, encontró la Procuraduría que para la fecha en la que se suscribió el contrato con Profesionales de Bolsa, Paolo Ferracuti ya había contratado a Corficolombiana S.A., para la prestación de servicios de banca de inversión, es decir, para cumplir la misma labor.
“A través de un contrato falso que simulaba la existencia de un costo real y necesario para la ejecución del contrato de concesión No. 001 de 2010, el disciplinado dispuso su pago con cargo a recursos de naturaleza pública recaudados en el peaje Morrison, los cuales estaban destinados única y exclusivamente al pago de costos y gastos reales y no al pago de costos falsos o ficticios”, señala el fallo que agrega que Ferracuti cometió una falta gravísima al extralimitarse en el ejercicio de sus funciones al haber pagado a Profesionales de Bolsa S.A. un valor que superaba el límite estatutario de contratación, además, sin contar con el aval de la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol.
Precisamente, en lo que tiene que ver con la autorización de la junta directiva de la compañía para que se firmara ese contrato, entra al ruedo el segundo y último sancionado en el fallo, Eleuberto Antonio Martorelli. Para la Procuraduría quedó demostrado que un año después de que se celebrara y se pagara el contrato, Martorelli falsificó el acta de reunión de una junta directiva que se realizó el 21 de febrero de 2014, para darle apariencia de legalidad a esa contratación. Aunque el contrato con Profesionales de Bolsa S.A. nunca se discutió con la junta directiva, Martorelli realizó dos versiones de falsas del acta en las que certifica que, la mayoría de integrantes de la junta, dieron su visto bueno al convenio.
“Prevaliéndose de su carácter de representante en la Junta del accionista mayoritario de la Concesionaria, fue quien no solo lideró, aprobó y firmó las actas adulteradas espuriamente, sino quien además en dicha hipótesis es quien asume presentar y respaldar la necesidad de adelantar dicha contratación, lo que evidencia a juicio del Despacho su conocimiento respecto de la ocurrencia de la contratación vulnerando los estatutos, conducta irregular que por demás dada su trayectoria mercantil y empresarial le permitía advertir lo irregular de la contratación y su artificioso destino”, determinó el Ministerio Público agregando que la conducta de Martorelli tuvo una relación directa con la administración de recursos públicos por parte de la Concesionaria.
Finalmente, la Procuraduría evaluó el rol que cumplió Alberto Mariño Samper en estos hechos. Luego de contrastar las actas falsas con los correos enviados entre Martorelli y Mariño, determinó que este último, como miembro principal de la junta directiva, había participado en la falsificación de la segunda versión del acta que supuestamente avalaba la contratación con Profesionales de Bolsa. Resulta que en la primera versión Martorelli señaló que toda la junta, por unanimidad, aprobó el convenio. Sin embargo, Mariño le sugirió que no se dijera que fue una decisión aprobada por unanimidad, sino por mayoría. Y así quedó consignado en la segunda versión falsa del acta.
No obstante, en este caso, el ente disciplinario concluyó que, si bien estaba demostrada la participación de Mariño en dicha falsificación, para el momento en el que intervino “no existe prueba en el expediente que permita concluir que Mariño Samper tenía conocimiento que el contrato se venía pagando de manera irregular, es decir, que no había evidencias de cumplimiento y ejecución” por parte del contratista. Por tanto, concluyó la participación de Mariño no tendría trascendencia disciplinaria, porque su conducta, a diferencia de la de Martorelli y Ferracuti, “no tenía incidencia en la suerte de dicha contratación, en los pagos que se realizaron previo a su intervención y menos al no existir evidencia de un actuar fraudulento para ese momento”. Así, la Procuraduría absolvió a Alberto Mariño.