Odebrecht y sus socios, condenados a pagar $800.000 millones por corrupción

Luego de que el procurador general, Fernando Carrillo, interpusiera en enero de 2017 una acción popular para que se suspendiera definitivamente el contrato de la Ruta del Sol 2 que Odebrecht y su socio Episol, filial de Corficolombiana, obtuvieron pagando sobornos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo histórico. En una sentencia de 366 páginas el Tribunal le dio la razón al Ministerio Público y estableció una multa sin precedentes contra varios de los implicados en el escándalo. Tanto sociedades como personas naturales tendrán que pagar $800.156 millones por la comisión de actos de corrupción que sucedieron, en parte, por la omisión de las labores de control que debió realizar la Agencia Nacional de la Infraestructura (ANI).

(Lea: ¿Qué es el caso Odebrecht?: claves para entender el millonario escándalo de corrupción)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsable “debido a la comisión de actos de corrupción” que vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica a las sociedades Concesionaria Ruta del Sol, Odebrecht, Episol -filia de Corficolombiana-. Asimismo, al exviceministro Gabriel García Morales, al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, al lobista Otto Bula y a los exdirectivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, por su participación en los hechos.

La corporación condenó tanto a las empresas como a las personas naturales a pagar cerca de $800.000 millones al Ministerio de Transporte. Como deudor también quedó la empresa CSS Constructores, la empresa del ingeniero Carlos Solarte que participó como socia minoritaria de la Ruta del Sol 2 y que, si bien no conoció de los hechos de corrupción, sí se benefició de ellos. Se trata de una cifra ocho veces más grande a la propuesta que presentaron los de Odebrecht para obtener inmunidad total ante las autoridades colombianas, que se negaron a aceptarla por lo irrisoria que era la cifra: $33 millones de dólares. El dinero de la multa, según el Tribunal, solo se podrá destinar para finalizar la construcción de la Ruta del sol 2.

(En contexto: Así va la investigación por Odebrecht)

Asimismo, se levantaron las medidas cautelares, con excepción a los embargos, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los mantendrá “hasta tanto se verifique el pago de las condenas impuestas y se harán efectivas en relación con las cuentas bancarias, bienes inmuebles y dividendos” de todas las empresas y personas implicadas. Es decir, hasta que se salde la deuda de $800.000 millones. A la ANI, la corporación le ordenó que cualquier saldo que resulte a favor de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol como producto de la liquidación del contrato en el marco del Tribunal de Arbitramento, o cualquier otra modalidad de arreglo, quede como parte del pago de la deuda.

El Tribunal inhabilitó a Odebrecht, Episol, CSS Constructores y a las personas naturales por 10 años para proponer y celebrar contratos con entidades estatales a todos los implicados en el caso. Es decir, que Odebrecht no tendría ninguna posibilidad de participar en la licitación de la construcción del metro de Bogotá, como hace unos meses lo insinuó su directora en Colombia. Una de las grandes dudas que provocó esta decisión es qué pasará con los proyectos de las 4G, pues tanto Episol como CSS Constructores son socios en varias de las principales obras. Nada más Episol está presente en proyectos como la vía a Villavicencio -donde se cayó el puente Chirajara- y Mulaló-Loboguerrero, otro corredor estratégico. Por su parte, CSS Constructores no solo se le suma este problema, pues su fundador Carlos Solarte, y su hija Paola Solarte, son procesados por el caso Tunjuelo-Canoas.

(Lea: Paola Solarte pagará seis años y siete meses de prisión por contrato Tunjuelo – Canoas)

En la sentencia también se estableció que se deberá crear un Comité para la Verificación del cumplimiento de la sentencia, del cual hará parte el procurador general, el ministro de Transporte, el presidente de la ANI, el director del Invías, un representante de la Contraloría y uno de la Defensoría del Pueblo. El objetivo es que este equipo vele por el pago de la multa y que los recursos se inviertan exclusivamente en la Ruta del Sol 2 para garantizar su terminación, pues se trata de uno de los corredores viales más importantes para el desarrollo de Colombia al unir el centro del país y la Costa Caribe.

Luego de que el procurador general, Fernando Carrillo, interpusiera en enero de 2017 una acción popular para que se suspendiera definitivamente el contrato de la Ruta del Sol 2 que Odebrecht y su socio Episol, filial de Corficolombiana, obtuvieron pagando sobornos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo histórico. En una sentencia de 366 páginas el Tribunal le dio la razón al Ministerio Público y estableció una multa sin precedentes contra varios de los implicados en el escándalo. Tanto sociedades como personas naturales tendrán que pagar $800.156 millones por la comisión de actos de corrupción que sucedieron, en parte, por la omisión de las labores de control que debió realizar la Agencia Nacional de la Infraestructura (ANI).

(Lea: ¿Qué es el caso Odebrecht?: claves para entender el millonario escándalo de corrupción)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsable “debido a la comisión de actos de corrupción” que vulneraron los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso de servicios públicos y a la libre competencia económica a las sociedades Concesionaria Ruta del Sol, Odebrecht, Episol -filia de Corficolombiana-. Asimismo, al exviceministro Gabriel García Morales, al expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, al lobista Otto Bula y a los exdirectivos de la multinacional brasileña en Colombia Luiz Antonio Bueno, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, por su participación en los hechos.

La corporación condenó tanto a las empresas como a las personas naturales a pagar cerca de $800.000 millones al Ministerio de Transporte. Como deudor también quedó la empresa CSS Constructores, la empresa del ingeniero Carlos Solarte que participó como socia minoritaria de la Ruta del Sol 2 y que, si bien no conoció de los hechos de corrupción, sí se benefició de ellos. Se trata de una cifra ocho veces más grande a la propuesta que presentaron los de Odebrecht para obtener inmunidad total ante las autoridades colombianas, que se negaron a aceptarla por lo irrisoria que era la cifra: $33 millones de dólares. El dinero de la multa, según el Tribunal, solo se podrá destinar para finalizar la construcción de la Ruta del sol 2.

(En contexto: Así va la investigación por Odebrecht)

Asimismo, se levantaron las medidas cautelares, con excepción a los embargos, pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca los mantendrá “hasta tanto se verifique el pago de las condenas impuestas y se harán efectivas en relación con las cuentas bancarias, bienes inmuebles y dividendos” de todas las empresas y personas implicadas. Es decir, hasta que se salde la deuda de $800.000 millones. A la ANI, la corporación le ordenó que cualquier saldo que resulte a favor de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol como producto de la liquidación del contrato en el marco del Tribunal de Arbitramento, o cualquier otra modalidad de arreglo, quede como parte del pago de la deuda.

El Tribunal inhabilitó a Odebrecht, Episol, CSS Constructores y a las personas naturales por 10 años para proponer y celebrar contratos con entidades estatales a todos los implicados en el caso. Es decir, que Odebrecht no tendría ninguna posibilidad de participar en la licitación de la construcción del metro de Bogotá, como hace unos meses lo insinuó su directora en Colombia. Una de las grandes dudas que provocó esta decisión es qué pasará con los proyectos de las 4G, pues tanto Episol como CSS Constructores son socios en varias de las principales obras. Nada más Episol está presente en proyectos como la vía a Villavicencio -donde se cayó el puente Chirajara- y Mulaló-Loboguerrero, otro corredor estratégico. Por su parte, CSS Constructores no solo se le suma este problema, pues su fundador Carlos Solarte, y su hija Paola Solarte, son procesados por el caso Tunjuelo-Canoas.

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En la sentencia también se estableció que se deberá crear un Comité para la Verificación del cumplimiento de la sentencia, del cual hará parte el procurador general, el ministro de Transporte, el presidente de la ANI, el director del Invías, un representante de la Contraloría y uno de la Defensoría del Pueblo. El objetivo es que este equipo vele por el pago de la multa y que los recursos se inviertan exclusivamente en la Ruta del Sol 2 para garantizar su terminación, pues se trata de uno de los corredores viales más importantes para el desarrollo de Colombia al unir el centro del país y la Costa Caribe.