Olmedo López firmó un preacuerdo con la Fiscalía y pagaría siete años de prisión
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) también deberá pagar una multa, devolver los recursos que se apropió ilegalmente y continuar siendo testigo en contra de varios funcionarios salpicados en el escándalo.
Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y uno de los confesos responsables del millonario desfalco a esa entidad, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que acepta su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. El exfuncionario, quien está recluido en una guarnición militar, deberá pagar una pena principal de siete años de prisión.
Fuentes que conocen los pormenores del caso le dijeron a este diario que, además, el exdirector de la entidad encargada de atender desastres deberá pagar una multa de más de 3.000 salarios mínimos y devolver los $724 millones que se apropió ilegalmente producto del contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira.
Ese dinero llegó a los bolsillos de Olmedo López luego de que el convenio por los carrotanques fuera adjudicado a Impoamericana Rogers SAS, empresa propiedad de Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ese contrato fue firmado por un valor total de $46.800 millones.
No obstante, luego de que el ente investigador escarbara en la trazabilidad del dinero, encontró que ese convenio había tenido un sobrecosto de hasta $14.163 millones. Ese exceso de gasto habría sido la caja menor tanto del entonces director de la Ungrd como de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad y mano derecha de López.
El exdirector de la Ungrd, de acuerdo con la Fiscalía, se quedó con $724 millones, mientras que Pinilla se embolsilló cerca de $342 millones. López Rosero, quien buscaba a toda costa quedarse con el convenio de los carrotanques, recibió la mayor parte: $7.821 millones.
El exdirector de la entidad, quien se encontraba buscando un principio de oportunidad con el ente investigador, logró negociar para admitir estos delitos a cambio de seguir entregando información sobre otros funcionarios que estuvieron inmersos en el escándalo que salpica a congresistas y ministros, algunos incluso mencionados por el mismo López.
¿Qué ha dicho Olmedo López sobre el caso?
El exdirector de la Ungrd fue uno de los primeros en prender el ventilador sobre otros funcionarios presuntamente partícipes dentro del entramado de corrupción. En busca de una negociación con la Fiscalía, la cual acaba de firmar, López dio detalles sobre cómo se habrían pactado supuestos sobornos para los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes: Iván Name y Andrés Calle, ambos con investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia.
Según Olmedo López, en declaraciones que dio tanto a la Sala de Instrucción del alto tribunal como a la Fiscalía, el senador Name se habría visto beneficiado con $3.000 millones, mientras que Calle recibió, según dijo el exdirector, un total de $1.000 millones. Todo con el fin de, supuestamente, darle un empujón a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que por esos días se discutían en el Legislativo. Ambos congresistas han negado tajantemente esos señalamientos.
De hecho, según un documento de investigación de la Fiscalía, luego de tomar la declaración de Olmedo López, reseñó que la orden para beneficiar a los expresidentes del Legislativo venía desde una oficina de mayor nivel: el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entonces en cabeza de Carlos Ramón González. De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, la orden consistía inicialmente en “cumplirles con unos contratos por montos de $60.000 millones y $10.000 millones” a las cabezas del Congreso. Esto, sin embargo, no sucedió y solo se habría efectuado los sobornos de $3.000 y $1.000 millones.
Así mismo, López mencionó unas reuniones que denominó “cónclaves” en las que, supuestamente, se habría pactado la entrega de contratos por más de $92.000 millones a cinco congresistas, algunos pertenecientes a las comisiones de crédito público: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera fueron los congresistas mencionados por López y Pinilla. De hecho, el pasado 13 de noviembre, la Corte Suprema abrió investigación formal y anunció llamado a indagatoria contra los legisladores.
López, además, le dijo al alto tribunal que esa orden fue impartida por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con quien habrían pactado los nombres de los congresistas que se verían beneficiados por esos convenios. El exdirector, incluso, señaló que la representante Karen Manrique habría sido quien escribió en una libreta de propiedad del exdirector los nombres de sus colegas que tendrían participación en esa repartición. La congresista denunció a Olmedo López por “mentirle a la justicia” luego de que el exfuncionario la mencionara en el expediente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y uno de los confesos responsables del millonario desfalco a esa entidad, firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que acepta su responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. El exfuncionario, quien está recluido en una guarnición militar, deberá pagar una pena principal de siete años de prisión.
Fuentes que conocen los pormenores del caso le dijeron a este diario que, además, el exdirector de la entidad encargada de atender desastres deberá pagar una multa de más de 3.000 salarios mínimos y devolver los $724 millones que se apropió ilegalmente producto del contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira.
Ese dinero llegó a los bolsillos de Olmedo López luego de que el convenio por los carrotanques fuera adjudicado a Impoamericana Rogers SAS, empresa propiedad de Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ese contrato fue firmado por un valor total de $46.800 millones.
No obstante, luego de que el ente investigador escarbara en la trazabilidad del dinero, encontró que ese convenio había tenido un sobrecosto de hasta $14.163 millones. Ese exceso de gasto habría sido la caja menor tanto del entonces director de la Ungrd como de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la entidad y mano derecha de López.
El exdirector de la Ungrd, de acuerdo con la Fiscalía, se quedó con $724 millones, mientras que Pinilla se embolsilló cerca de $342 millones. López Rosero, quien buscaba a toda costa quedarse con el convenio de los carrotanques, recibió la mayor parte: $7.821 millones.
El exdirector de la entidad, quien se encontraba buscando un principio de oportunidad con el ente investigador, logró negociar para admitir estos delitos a cambio de seguir entregando información sobre otros funcionarios que estuvieron inmersos en el escándalo que salpica a congresistas y ministros, algunos incluso mencionados por el mismo López.
¿Qué ha dicho Olmedo López sobre el caso?
El exdirector de la Ungrd fue uno de los primeros en prender el ventilador sobre otros funcionarios presuntamente partícipes dentro del entramado de corrupción. En busca de una negociación con la Fiscalía, la cual acaba de firmar, López dio detalles sobre cómo se habrían pactado supuestos sobornos para los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes: Iván Name y Andrés Calle, ambos con investigaciones abiertas en la Corte Suprema de Justicia.
Según Olmedo López, en declaraciones que dio tanto a la Sala de Instrucción del alto tribunal como a la Fiscalía, el senador Name se habría visto beneficiado con $3.000 millones, mientras que Calle recibió, según dijo el exdirector, un total de $1.000 millones. Todo con el fin de, supuestamente, darle un empujón a las reformas del gobierno de Gustavo Petro, que por esos días se discutían en el Legislativo. Ambos congresistas han negado tajantemente esos señalamientos.
De hecho, según un documento de investigación de la Fiscalía, luego de tomar la declaración de Olmedo López, reseñó que la orden para beneficiar a los expresidentes del Legislativo venía desde una oficina de mayor nivel: el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), entonces en cabeza de Carlos Ramón González. De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, la orden consistía inicialmente en “cumplirles con unos contratos por montos de $60.000 millones y $10.000 millones” a las cabezas del Congreso. Esto, sin embargo, no sucedió y solo se habría efectuado los sobornos de $3.000 y $1.000 millones.
Así mismo, López mencionó unas reuniones que denominó “cónclaves” en las que, supuestamente, se habría pactado la entrega de contratos por más de $92.000 millones a cinco congresistas, algunos pertenecientes a las comisiones de crédito público: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Diego Muñoz Cabrera fueron los congresistas mencionados por López y Pinilla. De hecho, el pasado 13 de noviembre, la Corte Suprema abrió investigación formal y anunció llamado a indagatoria contra los legisladores.
López, además, le dijo al alto tribunal que esa orden fue impartida por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con quien habrían pactado los nombres de los congresistas que se verían beneficiados por esos convenios. El exdirector, incluso, señaló que la representante Karen Manrique habría sido quien escribió en una libreta de propiedad del exdirector los nombres de sus colegas que tendrían participación en esa repartición. La congresista denunció a Olmedo López por “mentirle a la justicia” luego de que el exfuncionario la mencionara en el expediente.
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