Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ya envió una propuesta formal respecto a su rebaja de pena a la Fiscalía. Fuentes cercanas al proceso del exfuncionario le dijeron a este diario que López solicitará que su pena en prisión no sea mayor a 70,8 meses, es decir casi seis años. Además, la antigua cabeza de la entidad encargada de atender desastres devolverá cerca de $1.024 millones a modo de reparación.
Quienes conocen los pormenores de la situación del exdirector de la Unidad señalan que esta propuesta enviada el ente investigador se da, únicamente, por el conocido caso de los carrotanques. Sin embargo, teniendo en cuenta que su nombre está en el foco de las investigaciones de la justicia por otros contratos irregulares con la entidad, no se descarta que López devuelva otros recursos de los cuales se habría apropiado. Además de esta suma, el exfuncionario deberá pagar las multas que se le impongan por los delitos que le serán imputados el próximo jueves 25 de julio.
Otro de los pedidos de López a la Fiscalía será la ubicación donde deberá ser recluido. En su propuesta, según conoció este diario, el exfuncionario solicitó cumplir su pena en una guarnición militar en Medellín (Antioquia). Esto, debido a una serie de amenazas que ha recibido luego de que sus declaraciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fueran reveladas. En esa diligencia, el exdirector de la Ungrd mencionó a congresistas, funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del gobierno y, además, contó que, al parecer, contratos de la Unidad habrían terminado en manos del ELN.
La propuesta que le hizo el exdirector al ente investigador se da en el proceso que lleva adelantando desde mayo pasado, en el que se acogió a un principio de oportunidad con la Fiscalía, con el fin de recibir beneficios en su caso. A cambio, López se comprometió a entregar información relevante y documentada sobre cómo se fraguó un esquema de corrupción para direccionar contratos de la Unidad, así como sobre otros implicados en el entramado. La propuesta del exdirector se basa en sus aportes a la investigación y en otro asunto que ha mencionado en repetidas ocasiones: que solo siguió instrucciones de funcionarios del gobierno.
El próximo jueves 25 de julio, a las 9:00 de la mañana, tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres y Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, el contratista que se quedó con el millonario contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira, serán imputados por cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Todos por su confesa responsabilidad en el saqueo a la entidad.
El pasado 21 de julio, Sneyder Pinilla envió su propuesta de rebaja de pena al ente investigador, en la que solicitó que su estancia en prisión no fuera mayor a cinco años de prisión (los cuales también purgaría en una base militar en Floridablanca, Santander) y se comprometió a devolver un total de $292 millones como reintegro del incremento patrimonial a raíz del saqueo a la Unidad. El exsubdirector también se encuentra negociando un principio de oportunidad con el búnker. De hecho, en su propuesta, Pinilla asegura que estaría dispuesto a aceptar los cargos por peculado si el ente investigador da luz verde para ese beneficio que busca.
Ambos exdirectivos de la Ungrd han entregado nuevos nombres que, al parecer, habrían participado en diferentes hechos de contratación irregular con esa entidad. Según López, en su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se buscaba repartir millonarios contratos de la Unidad a cambio de sacar adelante proyectos de ley en el Legislativo. “Los votos en el congreso iban a ser pagados con contratos en la Unidad”, dijo el exdirector de la Ungrd ante el alto tribunal.
Los testimonios tanto de López como de Pinilla condujeron a la Fiscalía a abrir una indagación preliminar en contra de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, pues, supuestamente, el titular de la cartera habría sido quien indicó qué contratos debían repartirse a qué congresistas y en qué regiones. También están siendo indagados el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González y la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz (quien salió del cargo por su presunta participación en el entramado).
Entretanto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya está investigando los nombres de los congresistas que, al parecer, se habrían beneficiado con millonarios contratos: Andrés Calle, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado (Partido Liberal); Liliana Esther Bitar, Wadith Manzur (Partido Conservador); Iván Name, Juan Diego Muñoz (Alianza Verde); Julio Elías Chagüi (Partido de la U) y Karen Manrique (de las Circunscripciones de Paz). Esta última, según Olmedo López, habría sido el enlace para la gestión de contratos que terminaron en las filas del ELN en Arauca, señalamientos que la congresista ha negado.
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