Once años de prisión para exgerente de Transcaribe por compra irregular de predios
El exfuncionario Enrique Chartuni compró un terreno para ampliar las vías por donde se movilizaría el Sistema de Transporte Transcaribe. Inicialmente, fue absuelto, pero una apelación de la Fiscalía lo dejó tras las rejas.
En un fallo de más de 80 páginas, el Tribunal Superior de Cartagena revocó la absolución del exgerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (Transcaribe) Enrique Chartuni González, y en su lugar lo condenó a 11 años de prisión. El exfuncionario es responsable, según el fallo, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Chartuni González estuvo ante los estrados judiciales porque en su calidad de gerente de la empresa Transcaribe S.A., en marzo de 2010, compró la notaría Cuarta de Cartagena, a la empresa Cicon S.A representada por el abogado Alfredo Amín Pretelt, para acceder a una franja de terreno que era considerado espacio público. Ese lugar, según la investigación, era necesario para ampliar algunas vías del Sistema de Transporte Transcaribe.
El contrato que tuvo un costo de más de $1.240 millones tuvo irregularidades, según la Fiscalía, porque las aclaraciones de linderos y medidas realizadas por quienes le vendieron los terrenos a Transcaribe S.A fueron contrarias a la ley ya que violaron el instructivo que establece que para el trámite que se realizó la obligación era contar con un acto administrativo que otorga el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Lea aquí: Contraloría distrital exige suspender a la gerente de Transcaribe en Cartagena
La Fiscalía halló que el predio total no eran los más de 800 metros cuadrados como se había acordado en la compra, sino que ese espacio ascendió a 4.612 metros cuadrados. “Esta irregularidad, habría hecho que el hoy condenado y representante del terreno se apropiara indebidamente de $329.120.000 correspondientes al valor de la porción de terreno de espacio público”, dijo la Fiscalía.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, el exgerente de Transcaribe también habría realizado la contratación comercial de manera directa con distintos oferentes vulnerando el principio de transparencia y planeación. Por eso hechos, el Tribunal no solo llevó a la cárcel a Chartuni, sino también al abogado Amín Pretelt, quien recibió seis años y seis meses de prisión. Además, deben cancelar una multa de más de 2.490 salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.
Lea también: Transcaribe de Cartagena y la crisis financiera que agudizó la pandemia
El tribunal, por su parte, le reprochó al abogado Amín que “ocasionó un grave perjuicio a la administración pública y en especial al erario de Transcaribe S.A, al tiempo que la actuación fue cometida por quien desde un principio orquestó todo este entramado jurídico con miras a vender al estado bienes de uso público, más allá de las connaturales circunstancias que le son reprochadas”, explicó la providencia.
Del mismo modo, cuestionó el actuar de Chartuni, dado que también ocasionó un daño a la administración pública y en especial al erario de Transcaribe S.A, la empresa que representaba. A juicio del tribunal, la actuación fue cometida por quien más cuidado y conocimiento debía ejercer pues tenía bajo su poder la ordenación de los gastos de la obra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En un fallo de más de 80 páginas, el Tribunal Superior de Cartagena revocó la absolución del exgerente del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena (Transcaribe) Enrique Chartuni González, y en su lugar lo condenó a 11 años de prisión. El exfuncionario es responsable, según el fallo, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Chartuni González estuvo ante los estrados judiciales porque en su calidad de gerente de la empresa Transcaribe S.A., en marzo de 2010, compró la notaría Cuarta de Cartagena, a la empresa Cicon S.A representada por el abogado Alfredo Amín Pretelt, para acceder a una franja de terreno que era considerado espacio público. Ese lugar, según la investigación, era necesario para ampliar algunas vías del Sistema de Transporte Transcaribe.
El contrato que tuvo un costo de más de $1.240 millones tuvo irregularidades, según la Fiscalía, porque las aclaraciones de linderos y medidas realizadas por quienes le vendieron los terrenos a Transcaribe S.A fueron contrarias a la ley ya que violaron el instructivo que establece que para el trámite que se realizó la obligación era contar con un acto administrativo que otorga el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Lea aquí: Contraloría distrital exige suspender a la gerente de Transcaribe en Cartagena
La Fiscalía halló que el predio total no eran los más de 800 metros cuadrados como se había acordado en la compra, sino que ese espacio ascendió a 4.612 metros cuadrados. “Esta irregularidad, habría hecho que el hoy condenado y representante del terreno se apropiara indebidamente de $329.120.000 correspondientes al valor de la porción de terreno de espacio público”, dijo la Fiscalía.
Además, de acuerdo con la Fiscalía, el exgerente de Transcaribe también habría realizado la contratación comercial de manera directa con distintos oferentes vulnerando el principio de transparencia y planeación. Por eso hechos, el Tribunal no solo llevó a la cárcel a Chartuni, sino también al abogado Amín Pretelt, quien recibió seis años y seis meses de prisión. Además, deben cancelar una multa de más de 2.490 salarios mínimos legales vigentes para la época de los hechos.
Lea también: Transcaribe de Cartagena y la crisis financiera que agudizó la pandemia
El tribunal, por su parte, le reprochó al abogado Amín que “ocasionó un grave perjuicio a la administración pública y en especial al erario de Transcaribe S.A, al tiempo que la actuación fue cometida por quien desde un principio orquestó todo este entramado jurídico con miras a vender al estado bienes de uso público, más allá de las connaturales circunstancias que le son reprochadas”, explicó la providencia.
Del mismo modo, cuestionó el actuar de Chartuni, dado que también ocasionó un daño a la administración pública y en especial al erario de Transcaribe S.A, la empresa que representaba. A juicio del tribunal, la actuación fue cometida por quien más cuidado y conocimiento debía ejercer pues tenía bajo su poder la ordenación de los gastos de la obra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.