ONU insta a la Fiscalía investigar operación militar de Putumayo
El órgano internacional solicitó a las autoridades tomar medidas de prevención y protección para la comunidad donde se desarrolló la operación en la que murieron 11 personas. Del mismo modo, pidió avanzar con investigaciones penales y disciplinarias.
La lupa de las autoridades y varios sectores, entre políticos y sociales, ha estado sobre la operación que desarrolló el Ejército, el pasado 28 de marzo, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 11 personas muertas. Ese escenario no escapa a los ojos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) quien también llegó hasta el lugar para evidenciar lo ocurrido. Entre otras cosas, el organismo internacional solicitó celeridad en las investigaciones penales y disciplinarias.
“Instamos a que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, expuso la ONU a través de su cuenta oficial de Twitter y añadieron que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) deja claro que las armas letales solo pueden usarse cuando sea estrictamente necesario y con la debida protección a la vida.
Desde el comando de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro ha asegurado que la operación se desarrolló con todos los protocolos para proteger a la población civil. Añadió que los objetivos eran alias Bruno y Malagua que están vinculados al frente 43 de las disidencias de las Farc. No obstante, en el desarrollo de la operación no se registraron sus capturas. De ahí que, entre otras cosas, la población y demás sectores hayan cuestionado el actuar de la fuerza pública.
Lea aquí: : Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles
Precisamente esas irregularidades que denunciaron desde distintos sectores llevó a que miembros de la ONU visitaran la vereda para conocer no solo la versión de la fuerza pública, sino también de la población civil. El organismo internacional, entre el 31 de marzo al 2 de abril, encontró que previo a la operación se realizó un bazar para recaudar fondos en el que habrían participado alrededor de 200 personas. La ONU tiene en su reporte que la operación se realizó cuando habían 30 a 50 personas, entre ellas, niños y mujeres embarazadas.
Así las cosas, el organismo internacional instó “que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso”, en caso que hubiese existido irregularidades en medio de la operación. La ONU no fue el único ente internacional que instó a las autoridades colombianas indagar sobre lo ocurrido en El Remanso, también lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lea también: Lo que dicen los expertos en DIH sobre las denuncias en operación militar en Putumayo
La CIDH pidió a través de un comunicado “investigar con la debida diligencia y tomar acciones preventivas concertadas con los grupos étnico-raciales y comunidades campesinas, junto con la implementación práctica y efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz”.
El organismo internacional valoró que la Procuraduría y la Fiscalía, por separado, han iniciado investigaciones para establecer qué pasó. No obstante, le recordó al Estado colombiano su obligación de “brindar información clara, especialmente, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas durante la operación militar”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La lupa de las autoridades y varios sectores, entre políticos y sociales, ha estado sobre la operación que desarrolló el Ejército, el pasado 28 de marzo, en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 11 personas muertas. Ese escenario no escapa a los ojos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) quien también llegó hasta el lugar para evidenciar lo ocurrido. Entre otras cosas, el organismo internacional solicitó celeridad en las investigaciones penales y disciplinarias.
“Instamos a que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva e independiente para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, expuso la ONU a través de su cuenta oficial de Twitter y añadieron que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) deja claro que las armas letales solo pueden usarse cuando sea estrictamente necesario y con la debida protección a la vida.
Desde el comando de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro ha asegurado que la operación se desarrolló con todos los protocolos para proteger a la población civil. Añadió que los objetivos eran alias Bruno y Malagua que están vinculados al frente 43 de las disidencias de las Farc. No obstante, en el desarrollo de la operación no se registraron sus capturas. De ahí que, entre otras cosas, la población y demás sectores hayan cuestionado el actuar de la fuerza pública.
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Precisamente esas irregularidades que denunciaron desde distintos sectores llevó a que miembros de la ONU visitaran la vereda para conocer no solo la versión de la fuerza pública, sino también de la población civil. El organismo internacional, entre el 31 de marzo al 2 de abril, encontró que previo a la operación se realizó un bazar para recaudar fondos en el que habrían participado alrededor de 200 personas. La ONU tiene en su reporte que la operación se realizó cuando habían 30 a 50 personas, entre ellas, niños y mujeres embarazadas.
Así las cosas, el organismo internacional instó “que se tomen todas las medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso”, en caso que hubiese existido irregularidades en medio de la operación. La ONU no fue el único ente internacional que instó a las autoridades colombianas indagar sobre lo ocurrido en El Remanso, también lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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La CIDH pidió a través de un comunicado “investigar con la debida diligencia y tomar acciones preventivas concertadas con los grupos étnico-raciales y comunidades campesinas, junto con la implementación práctica y efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz”.
El organismo internacional valoró que la Procuraduría y la Fiscalía, por separado, han iniciado investigaciones para establecer qué pasó. No obstante, le recordó al Estado colombiano su obligación de “brindar información clara, especialmente, sobre la cantidad de personas fallecidas, heridas, capturadas y desaparecidas durante la operación militar”.
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