ONU, preocupada por impunidad en casos de corrupción en Colombia

El caso del exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, capturado por corrupción, no ha sido ajeno de los organismos internacionales. “El caso del exfiscal anticorrupción, arrestado por presuntamente recibir sobornos del exgobernador de Córdoba, es especialmente preocupante”, señala el informe anual de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En contexto: ( Luis Gustavo Moreno pagará 4 años, 10 meses y 15 días de prisión).

Según el organismo internacional la Fiscalía recibió, entre 2012 y 2016, 64 mil denuncias por corrupción. Sin embargo, advierte que solo “el 1,6 % de los casos fueron resueltos, lo que ilustra la significativa impunidad histórica”, y afirma que esto “afecta la inversión social y socava los esfuerzos del Estado por garantizar todos los derechos humanos”.

También lanza una alerta por el informe del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien anunció que más de 500 funcionarios públicos son investigados por casos de corrupción que comprometen aproximadamente 686 millones de dólares. Para la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “se deben formular indicadores para medir el impacto de la corrupción en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, debiéndose utilizar los recursos recuperados de la corrupción para aumentar el acceso a estos derechos, especialmente en las comunidades más afectadas por el conflicto”.

Otra de las preocupaciones del organismo de la Onu se centra en la tragedia de Mocoa (Putumayo), que se registró en marzo del 2017 y que dejó 328 muertos y 103 desaparecidos, advierten que para atender esta emergencia se creó el Plan de Ordenamiento Territorial como una “zona de expansión urbana”, lo que supuestamente permitía que se compraran tierras para la construcción, a pesar de las objeciones de la autoridad ambiental debido a las alertas y los incidentes anteriores. “Esto demuestra cómo la corrupción puede afectar el derecho a la vida”, señala el informe.

El informe también hace un llamado de atención en casos de corrupción cometidos por miembros de las fuerzas armadas que estarían vinculados en el contrabando de gasolina en Norte de Santander. Según Ecopetrol, se robaron 1.800 barriles en los primeros nueve meses de 2017. “Existen varias denuncias de que las fuerzas armadas estarían implicadas en facilitar el transporte de material para producir cocaína y de maquinaria para la minería ilegal. Los actos de corrupción cometidos por miembros de las fuerzas armadas pueden fortalecer económicamente a los grupos criminales y a otros grupos armados”, señala el estudio.

Líderes sociales

La violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales, que en 2017 cobró la vida de 121 personas, sigue siendo la principal dificultad en la implementación del acuerdo de paz, según el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques”, señala el reporte.

Le puede interesar: ( ONU, preocupada por asesinatos de líderes sociales).

En 2017, el organismo internacional registró 441 ataques contra los activistas. También registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista. De los defensores asesinados catorce fueron mujeres, tres de las víctimas eran miembros de la población LGBTI.

Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia con (13) y Cauca (11). “El 62 % de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 % en las ciudades principales. “El vacío de poder que dejaron las Farc después de su desmovilización; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia”.

En el informe resaltan que los responsables de estos hechos son principalmente miembros de grupos criminales: paramilitares (54 casos); ELN (cuatro casos); exFarc (tres casos); el Ejército Popular de Liberación (EPL) con un caso; individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la Fuerza Pública con tres casos.

En estos hechos  el organismo destaca que la Fiscalía ha avanzado en la identificación del autor material de estos delitos, pero en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados. “La plena identificación de responsabilidad y sanción penal de los implicados en los ataques contra los defensores de derechos humanos son crucial, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y la no repetición”, señala.

(Lea: Implementación va en 18,3 %, según el Observatorio de Seguimiento al Acuerdo de Paz)

También hace un llamado para que el Gobierno atienda las dificultades económicas de la Unidad Nacional de Protección debido a que esto estaría comprometiendo la seguridad de los líderes sociales, “cuatro defensores que estaban bajo protección de la Unidad contaban con escoltas y fueron asesinados cuando no estaban presentes, lo que indica que el uso de escoltas sí evita los atentados”.

Por último, el informe pide al Gobierno garantizar los derechos a los menores que fueron desvinculados de las extintas Farc, “al 31 de diciembre de 2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las Farc (75 niñas y 60 niños). El organismo recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caquetá y Meta y se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación”.

El caso del exdirector de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, capturado por corrupción, no ha sido ajeno de los organismos internacionales. “El caso del exfiscal anticorrupción, arrestado por presuntamente recibir sobornos del exgobernador de Córdoba, es especialmente preocupante”, señala el informe anual de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En contexto: ( Luis Gustavo Moreno pagará 4 años, 10 meses y 15 días de prisión).

Según el organismo internacional la Fiscalía recibió, entre 2012 y 2016, 64 mil denuncias por corrupción. Sin embargo, advierte que solo “el 1,6 % de los casos fueron resueltos, lo que ilustra la significativa impunidad histórica”, y afirma que esto “afecta la inversión social y socava los esfuerzos del Estado por garantizar todos los derechos humanos”.

También lanza una alerta por el informe del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien anunció que más de 500 funcionarios públicos son investigados por casos de corrupción que comprometen aproximadamente 686 millones de dólares. Para la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “se deben formular indicadores para medir el impacto de la corrupción en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, debiéndose utilizar los recursos recuperados de la corrupción para aumentar el acceso a estos derechos, especialmente en las comunidades más afectadas por el conflicto”.

Otra de las preocupaciones del organismo de la Onu se centra en la tragedia de Mocoa (Putumayo), que se registró en marzo del 2017 y que dejó 328 muertos y 103 desaparecidos, advierten que para atender esta emergencia se creó el Plan de Ordenamiento Territorial como una “zona de expansión urbana”, lo que supuestamente permitía que se compraran tierras para la construcción, a pesar de las objeciones de la autoridad ambiental debido a las alertas y los incidentes anteriores. “Esto demuestra cómo la corrupción puede afectar el derecho a la vida”, señala el informe.

El informe también hace un llamado de atención en casos de corrupción cometidos por miembros de las fuerzas armadas que estarían vinculados en el contrabando de gasolina en Norte de Santander. Según Ecopetrol, se robaron 1.800 barriles en los primeros nueve meses de 2017. “Existen varias denuncias de que las fuerzas armadas estarían implicadas en facilitar el transporte de material para producir cocaína y de maquinaria para la minería ilegal. Los actos de corrupción cometidos por miembros de las fuerzas armadas pueden fortalecer económicamente a los grupos criminales y a otros grupos armados”, señala el estudio.

Líderes sociales

La violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales, que en 2017 cobró la vida de 121 personas, sigue siendo la principal dificultad en la implementación del acuerdo de paz, según el informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Estado para reducir estos ataques”, señala el reporte.

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En 2017, el organismo internacional registró 441 ataques contra los activistas. También registró 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (entre ellas la toma no solicitada de fotografías y el robo de información); cuatro desapariciones forzadas; y la violación sexual de una mujer activista. De los defensores asesinados catorce fueron mujeres, tres de las víctimas eran miembros de la población LGBTI.

Las regiones con mayor número de asesinatos fueron Antioquia con (13) y Cauca (11). “El 62 % de los asesinatos ocurrieron en zonas rurales, el 24 por ciento en ciudades cercanas a las anteriores zonas de conflicto y el 14 % en las ciudades principales. “El vacío de poder que dejaron las Farc después de su desmovilización; la falta de una presencia estatal integral; y demoras en la implementación del acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia”.

En el informe resaltan que los responsables de estos hechos son principalmente miembros de grupos criminales: paramilitares (54 casos); ELN (cuatro casos); exFarc (tres casos); el Ejército Popular de Liberación (EPL) con un caso; individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la Fuerza Pública con tres casos.

En estos hechos  el organismo destaca que la Fiscalía ha avanzado en la identificación del autor material de estos delitos, pero en la mayoría de los casos los autores intelectuales no han sido identificados. “La plena identificación de responsabilidad y sanción penal de los implicados en los ataques contra los defensores de derechos humanos son crucial, ya que constituiría una salvaguardia para la protección y la no repetición”, señala.

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También hace un llamado para que el Gobierno atienda las dificultades económicas de la Unidad Nacional de Protección debido a que esto estaría comprometiendo la seguridad de los líderes sociales, “cuatro defensores que estaban bajo protección de la Unidad contaban con escoltas y fueron asesinados cuando no estaban presentes, lo que indica que el uso de escoltas sí evita los atentados”.

Por último, el informe pide al Gobierno garantizar los derechos a los menores que fueron desvinculados de las extintas Farc, “al 31 de diciembre de 2017, solo 135 niños se habían desvinculado de las Farc (75 niñas y 60 niños). El organismo recibió información sobre la desvinculación informal de niños antes del proceso formal al menos en Cauca, Caquetá y Meta y se encuentran con falta de acceso a la salud y a la educación”.