Operación en Putumayo: Fuerzas Militares no responden si hay civiles muertos
En rueda de prensa, el ministro Diego Molano metió las manos al fuego por el Ejército. Los comandantes de Fuerzas Militares, por su parte, dejarán que la Fiscalía anuncie si hubo civiles muertos. El ente investigador ya desmintió que la institución castrense reportara capturas.
El ministro de Defensa, Diego Molano, y los comandantes de las Fuerzas Militares dieron la cara tras la polémica desatada la semana pasada desde la vereda el Remanso, de Puerto Leguizamo (Putumayo). En esa región murieron 11 personas cuya identificación permanece en disputa, pues mientras la institucionalidad defiende que eran presuntos disidentes, la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas denuncian que solo eran civiles. Tras la rueda de prensa quedó una gran conclusión: por ahora, las Fuerzas Militares no responderán si entre los muertos hay civiles.
En contexto: Lo que se sabe del operativo en Putumayo en el que denuncian que murieron civiles
“Las autoridades para determinar qué fue lo que pasó en el lugar de los hechos son la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. La Fiscalía, como se informó desde un principio, estuvo allá presente y es la que tiene todo el desarrollo de las investigaciones. Se designó desde un principio un fiscal especializado para avanzar en ese tipo de investigaciones”, señaló el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Tras cuestionamientos por parte de la prensa, el general Juan Carlos Guerra, comandante de Asalto Aéreo del Ejército, tampoco dejó claridad sobre la presencia -o no- de civiles en la vereda El Remanso. “La operación militar fue orientada hacia el frente 48 y en estos momentos se está presentando todos los informes a la Fiscalía General de la Nación para que sea ella la que determine la afiliación o no del personal al grupo disidentes que se encontraba en el espacio”, explicó.
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De acuerdo con el ministro de Defensa, se trata de una operación legítima, resultado de una planeación de más de cinco meses. La inteligencia fue obra del Ejército y de la Armada Nacional y estaría avalada por una orden de captura vigente relacionada con el frente 48 de las disidencias de las Farc. “Estaban señaladas las alertas tempranas de la defensoría, en las cuales se estupula que la fuerza pública debía actuar en contra de esa estructura criminal. Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública”, dijo Molano.
El pasado 28 de marzo, el mismo ministro de Defensa Molano aseguró que preliminarmente fueron “neutralizados nueve criminales” y resultaron capturados otros cuatro. Sin embargo, en la tarde de este 6 de abril la Fiscalía General desmintió esa información. En un comunicado público, explicó que recibió el reporte de 11 cuerpos sin vida y, contrario a lo explicado por el Gobierno, alertó que el componente militar a cargo de la operación no reportó captura alguna, ni entregó los documentos que soporten esa afirmación de Molano respecto de las aprehensiones.
Lea también: “Eran civiles, no guerrilleros”: organización indígena que denuncia falsos positivos
“Con relación a la información sobre cuatro personas puestas a disposición de la Fiscalía, se precisa: Sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado. La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”, explicó la institución. Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, agregó que Molano definitivamente mintió. Aparte, explicó lo siguiente: “tenemos evidencias creíbles que sugieren fuertemente que al menos cuatro de los 11 muertos eran civiles.
¿Qué pasó en Puerto Leguizamo?
Las versiones cruzadas se dieron a conocer el pasado 30 de marzo, cuando habló en rueda de prensa la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC). Pidieron al ministro de Defensa que se retractara, pues los muertos serían campesinos y uno de ellos respondería al nombre de Pablo Panduro Coquinche, una autoridad indígena en la región. “Eran civiles, no guerrilleros”, señaló uno de los voceros de la organización. La OPIAC agregó que el Ejército llegó a un bazar, donde se estaban recolectando fondos para las necesidades de la vereda.
Luego de ello, el jefe de Gobierno, el presidente Iván Duque, defendió a ojos cerrados la operación militar y argumentó que las muertes sí obedecían a la persecución contra alias Bruno, quien sería líder de la Segunda Marquetalia en Putumayo. “La evidencia que se ha entregado también muestra claramente de los delincuentes que se encontraban allí. Había armamento y algo que nos duele es que algunos de nuestros hombres están gravemente heridos en ese intercambio de disparos”, concluyó Duque.
Respuesta oficial: “Los delincuentes estaban allí”: Duque defendió operativo en Putumayo
El ministro de Defensa, Diego Molano, fue insistente en mencionar que no se trataba de ningunos campesinos, ni mucho menos “inocentes indígenas”. En sus redes sociales dio a conocer un video, con el lema “Operación Legitima”, que según sus consideraciones correspondería al bazar mencionado por la OPIAC. Además, entregó fotos de pistolas, fusiles y munición de calibre 5,56 mm que corresponderían a los hallazgos del operativo. Desde entonces, la institucionalidad ha sostenido que no es ningún caso de falsos positivos.
La Defensoría del Pueblo, no obstante, a través de un comunicado público, solicitó pronto esclarecimiento a las autoridades y lamentó la muerte de 11 personas. Dio a conocer que, tras una visita en terreno, murió un presidente de Junta de Acción Comunal, así como su esposa y un adolescente de 16 años. También falleció un gobernador del pueblo indígena, Pablo Panduro, y demás personas que fueron reconocidas por la institución como ciudadanos. No mencionó personas alzadas en armas.
Lea: “¿Cuáles son las evidencias?”: Las preguntas de HRW sobre el operativo en Putumayo
Tal es la incertidumbre que solicitaron información, vía petición, políticos como el senador Iván Cepeda y la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Al primero, le respondieron que 10 de los cuerpos corresponden a mayores de edad y el restante es el menor de edad del que alertó la Defensoría. Son 10 hombres y una mujer, cuyas muertes fueron clasificadas dentro de la variable de “acción militar” de acuerdo con información requerida a Medicina Legal.
HRW, por su parte, envío una petición con 19 preguntas al Ministerio de Defensa. “¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son algunos de los cuestionamientos.
Lo último que se sabía es que el Comando General de las Fuerzas Militares, el pasado 4 de abril, abrió una indagación disciplinaria en el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército. Fueron ellos quienes desplegaron la acción militar en contra de los supuestos disidentes secuaces de alias Bruno, quienes, para la Defensoría y la OPIAC son campesinos de la región del Putumayo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El ministro de Defensa, Diego Molano, y los comandantes de las Fuerzas Militares dieron la cara tras la polémica desatada la semana pasada desde la vereda el Remanso, de Puerto Leguizamo (Putumayo). En esa región murieron 11 personas cuya identificación permanece en disputa, pues mientras la institucionalidad defiende que eran presuntos disidentes, la Defensoría del Pueblo y organizaciones indígenas denuncian que solo eran civiles. Tras la rueda de prensa quedó una gran conclusión: por ahora, las Fuerzas Militares no responderán si entre los muertos hay civiles.
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“Las autoridades para determinar qué fue lo que pasó en el lugar de los hechos son la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. La Fiscalía, como se informó desde un principio, estuvo allá presente y es la que tiene todo el desarrollo de las investigaciones. Se designó desde un principio un fiscal especializado para avanzar en ese tipo de investigaciones”, señaló el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Tras cuestionamientos por parte de la prensa, el general Juan Carlos Guerra, comandante de Asalto Aéreo del Ejército, tampoco dejó claridad sobre la presencia -o no- de civiles en la vereda El Remanso. “La operación militar fue orientada hacia el frente 48 y en estos momentos se está presentando todos los informes a la Fiscalía General de la Nación para que sea ella la que determine la afiliación o no del personal al grupo disidentes que se encontraba en el espacio”, explicó.
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De acuerdo con el ministro de Defensa, se trata de una operación legítima, resultado de una planeación de más de cinco meses. La inteligencia fue obra del Ejército y de la Armada Nacional y estaría avalada por una orden de captura vigente relacionada con el frente 48 de las disidencias de las Farc. “Estaban señaladas las alertas tempranas de la defensoría, en las cuales se estupula que la fuerza pública debía actuar en contra de esa estructura criminal. Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública”, dijo Molano.
El pasado 28 de marzo, el mismo ministro de Defensa Molano aseguró que preliminarmente fueron “neutralizados nueve criminales” y resultaron capturados otros cuatro. Sin embargo, en la tarde de este 6 de abril la Fiscalía General desmintió esa información. En un comunicado público, explicó que recibió el reporte de 11 cuerpos sin vida y, contrario a lo explicado por el Gobierno, alertó que el componente militar a cargo de la operación no reportó captura alguna, ni entregó los documentos que soporten esa afirmación de Molano respecto de las aprehensiones.
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“Con relación a la información sobre cuatro personas puestas a disposición de la Fiscalía, se precisa: Sólo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado. La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías”, explicó la institución. Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, agregó que Molano definitivamente mintió. Aparte, explicó lo siguiente: “tenemos evidencias creíbles que sugieren fuertemente que al menos cuatro de los 11 muertos eran civiles.
¿Qué pasó en Puerto Leguizamo?
Las versiones cruzadas se dieron a conocer el pasado 30 de marzo, cuando habló en rueda de prensa la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC). Pidieron al ministro de Defensa que se retractara, pues los muertos serían campesinos y uno de ellos respondería al nombre de Pablo Panduro Coquinche, una autoridad indígena en la región. “Eran civiles, no guerrilleros”, señaló uno de los voceros de la organización. La OPIAC agregó que el Ejército llegó a un bazar, donde se estaban recolectando fondos para las necesidades de la vereda.
Luego de ello, el jefe de Gobierno, el presidente Iván Duque, defendió a ojos cerrados la operación militar y argumentó que las muertes sí obedecían a la persecución contra alias Bruno, quien sería líder de la Segunda Marquetalia en Putumayo. “La evidencia que se ha entregado también muestra claramente de los delincuentes que se encontraban allí. Había armamento y algo que nos duele es que algunos de nuestros hombres están gravemente heridos en ese intercambio de disparos”, concluyó Duque.
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El ministro de Defensa, Diego Molano, fue insistente en mencionar que no se trataba de ningunos campesinos, ni mucho menos “inocentes indígenas”. En sus redes sociales dio a conocer un video, con el lema “Operación Legitima”, que según sus consideraciones correspondería al bazar mencionado por la OPIAC. Además, entregó fotos de pistolas, fusiles y munición de calibre 5,56 mm que corresponderían a los hallazgos del operativo. Desde entonces, la institucionalidad ha sostenido que no es ningún caso de falsos positivos.
La Defensoría del Pueblo, no obstante, a través de un comunicado público, solicitó pronto esclarecimiento a las autoridades y lamentó la muerte de 11 personas. Dio a conocer que, tras una visita en terreno, murió un presidente de Junta de Acción Comunal, así como su esposa y un adolescente de 16 años. También falleció un gobernador del pueblo indígena, Pablo Panduro, y demás personas que fueron reconocidas por la institución como ciudadanos. No mencionó personas alzadas en armas.
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Tal es la incertidumbre que solicitaron información, vía petición, políticos como el senador Iván Cepeda y la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Al primero, le respondieron que 10 de los cuerpos corresponden a mayores de edad y el restante es el menor de edad del que alertó la Defensoría. Son 10 hombres y una mujer, cuyas muertes fueron clasificadas dentro de la variable de “acción militar” de acuerdo con información requerida a Medicina Legal.
HRW, por su parte, envío una petición con 19 preguntas al Ministerio de Defensa. “¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son algunos de los cuestionamientos.
Lo último que se sabía es que el Comando General de las Fuerzas Militares, el pasado 4 de abril, abrió una indagación disciplinaria en el Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército. Fueron ellos quienes desplegaron la acción militar en contra de los supuestos disidentes secuaces de alias Bruno, quienes, para la Defensoría y la OPIAC son campesinos de la región del Putumayo.
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