Aun cuando las repercusiones del bombardeo al campamento de Raúl Reyes generaron, inicialmente, una dura reacción del gobierno de Ecuador, Nicaragua y Venezuela, sus principales aliados, así como la condena de algunos organismos multilaterales, a mediano plazo esa reacción perdió fuerza y pronto las aguas volvieron a su cauce normal. Lentamente se fue pasando de la altisonante, inútil y perturbadora “diplomacia del micrófono”, fundada en una escalada interminable de mutuas recriminaciones entre los gobiernos de Colombia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, a un restablecimiento de los diálogos bilaterales que permitieron ir lentamente disminuyendo el clima de tensión.
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En el caso de Ecuador, la acción contra Reyes no condujo a una situación prebélica. Una de las pocas “leyes” de la teoría de las relaciones internacionales con amplia validez empírica es que los regímenes democráticos privilegian las relaciones diplomáticas sobre los enfrentamientos armados para dirimir diferencias entre sí. Hasta el momento no ha habido en ninguna parte del mundo una guerra entre dos Estados propiamente democráticos. Además, proporcionalmente, las democracias se ven menos involucradas en enfrentamientos armados que los regímenes autoritarios y sus intervenciones tienden a ser menos sangrientas.
El gobierno de Correa que, como hemos argumentado, si bien tenía muchos visos de liderazgo caudillista no destruyó las instituciones republicanas, escogió el ámbito multilateral para expresar su indignación. Hubo, sin embargo, dos gestos unilaterales: por una parte, la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá; por otra, no fue una simple casualidad que, el 31 de marzo de 2008, el gobierno de Rafael Correa hubiera presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya en contra de las fumigaciones con glifosato de los cultivos de la hoja de coca que impulsaba el gobierno de Colombia en la frontera común.
El canciller ecuatoriano puso cinco condiciones para reanudar las relaciones diplomáticas: primero, terminar la campaña que vinculaba al gobierno de su país con las Farc; segundo, que Bogotá entregara toda la información en torno al bombardeo; tercero, que el gobierno de Colombia se comprometiera a cuidar la frontera común; cuarto, una reparación por los daños causados; y, quinto, que se llevara a cabo una colaboración en las tareas humanitarias en relación con las personas fallecidas y los sobrevivientes.
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No fue fácil, sin embargo. De hecho, las relaciones diplomáticas solamente se lograron restablecer plenamente tras una reunión bilateral de los presidentes Juan Manuel Santos y Rafael Correa, celebrada en Georgetown (Guyana), durante una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el 26 de noviembre de 2010. Finalmente, según Juan Manuel Santos, ese día, tras una conversación privada nada fácil pero constructiva, decidieron anunciarle al resto de jefes de Estado la decisión de designar los respectivos embajadores. Hubo, según Santos, júbilo y aplausos en la sala.
En Venezuela, por el contrario, además de la ruptura de relaciones diplomáticas, el gobierno autoritario de Hugo Chávez sí llevó a cabo una riesgosa movilización de tropas. En una agresiva intervención en su programa Aló Presidente, el 2 de marzo de 2008, Hugo Chávez, calificó a Colombia como un “Estado terrorista”, la “Israel de América Latina” y añadió, dirigiéndose al presidente Álvaro Uribe: “Ni se le ocurra hacer eso en Venezuela. Le mando unos sukhoi, compañero”.
Además, le ordenó al ministro de Defensa que se estaba presente en ese mitin el envío de diez batallones a la frontera, la movilización de tanques y el despliegue de la aviación militar y, al canciller de entonces, Nicolás Maduro, el cierre inmediato de la embajada en Bogotá. Y añadió que Colombia podía convertirse en el “Ayacucho del siglo xxi”, haciendo referencia a la batalla de Ayacucho, la última batalla contra el dominio español en Sudamérica que se llevó a cabo en Perú, el 9 de diciembre de 1824. Pero, en este caso, el símil era respecto del “dominio” de Estados Unidos en el continente americano. Y, finalmente, pidió un “minuto de silencio” en memoria de Raúl Reyes.
Es paradójico. La actitud de Hugo Chávez contrastaba enormemente con la postura que había tenido Venezuela hasta entonces. En los años anteriores a su acceso al poder, los gobernantes de esta nación habían defendido a capa y espada su derecho de llevar a cabo la “persecución en caliente” contra los grupos guerrilleros que actuaban en la frontera común. Esta noción constituía una transposición indebida del “derecho de persecución en alta mar” (hot pursuit) a un buque en caso de que hubiese cometido un delito en las aguas territoriales de un Estado distinto al de su bandera de origen, el cual es reconocido por la Convención de Ginebra de 1958 sobre Alta Mar. La persecución en caliente fue propuesta, inicialmente, por el ministro de Defensa de Rafael Caldera, general Moisés Orozco, a raíz del asesinato por parte del Eln de ocho infantes de marina venezolanos en la población de Carabobo (Apure) en febrero de 1995.
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La intervención contra el campamento de Reyes fue objeto de condena mediante una resolución del Consejo Permanente de la OEA, que fue aprobada en la sesión celebrada del 5 de marzo de 2008, como por la xx Cumbre del Grupo de Río, que se llevó a cabo en la ciudad de Santo Domingo en la República Dominicana, el 7 de marzo de 2008. Obviamente este ataque no podía, de ninguna manera, ser catalogado como una guerra de agresión, dado que no tuvo como objetivo a las autoridades civiles ni a las Fuerzas Armadas de Ecuador. Se trató, entonces, según la Declaración de la XX Cumbre del Grupo de Río de una “violación a la integridad territorial de Ecuador”.
Es interesante la relectura de las dos intervenciones que se produjeron en la sesión de la OEA destinada a analizar la incursión de Colombia contra el campamento de Reyes. Por una parte, la Nota de la Misión Permanente del Ecuador, “La incursión en territorio del Ecuador de la fuerza pública colombiana para enfrentarse con integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc”, la cual fue presentada por su ministra de Relaciones Exteriores María Isabel Salvador, y, por otra parte, el “Llamado de Colombia para que los Estados cumplan con sus compromisos en la lucha contra el terrorismo”, que leyó el embajador de Colombia, Camilo Ospina.
Así mismo, es aleccionador leer el debate posterior y los diferentes argumentos esgrimidos por los embajadores del resto de naciones del continente. Si bien el Consejo Permanente de la OEA en la resolución aprobada de manera unánime por la totalidad de los 34 miembros, incluyendo a Ecuador y a Colombia, tras catorce largas horas de negociaciones, consideró que nuestro país había violado la soberanía e integridad territorial de Ecuador, no fue objeto de condena alguna.
En la XX Cumbre del Grupo de Río, que se llevó a cabo en la República Dominicana dos días más tarde, este grupo y, en especial, su anfitrión, el presidente Leonel Fernández, dieron una prueba de su capacidad de mediar en los conflictos regionales y lograron desactivar las graves tensiones diplomáticas generadas por el bombardeo al campamento de las Farc en Ecuador. El apretón de manos serio, pero amable, entre el presidente de Colombia Álvaro Uribe y Hugo Chávez, y el apretón de manos entre el propio Uribe y un Rafael Correa con el rostro adusto y desencajado, permitieron empezar a cerrar este tenso capítulo. Mientras Daniel Ortega anunció durante la propia Cumbre la reapertura de las relaciones diplomáticas, varios meses se tomó Hugo Chávez y, en el caso de Correa, hubo que esperar más de dos años.
Sin duda, en esos gestos influyó la solicitud de perdón que expresó el presidente Uribe por la incursión en Ecuador y su compromiso solemne de no volver a realizar acciones semejantes. Pero, a mi modo de ver, también tuvo incidencia en la conducta menos agresiva de los presidentes de Ecuador y Venezuela el contenido de los computadores de Reyes que demostraban una actitud poco amistosa hacia Colombia –dados los vínculos de algunos segmentos del Estado ecuatoriano con las Farc y las relaciones más que cordiales del gobierno de Hugo Chávez con este grupo guerrillero–, así como la visita de una Comisión Especial de la OEA a Colombia y Ecuador y a la zona donde ocurrió el bombardeo.
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Esta comisión pudo comprobar que el campamento de Reyes no era provisional, sino, permanente, su “campamento madre”, así el ministro de Defensa ecuatoriano, el médico Wellington Sandoval, hubiese sostenido contra todas las evidencias que este solo tenía una antigüedad entre dos y tres meses, y que el propio presidente Correa hubiese sostenido que era “un campamento ambulante, hecho con plásticos, solo para pasar la noche”. Según el informe de la Comisión, “se encontraron las antenas de Direct TV y diferentes espacios utilizados por los miembros de las Farc (cocina, dormitorios, sala de instrucción, generadores eléctricos, comedor, corrales, pozas para el aseo)”. Una pequeña ciudadela oculta en medio de la selva.
Por otra parte, la revelación de los documentos y mensajes contenidos en los dispositivos electrónicos de Raúl Reyes afectaron mucho la imagen internacional de las Farc e hicieron más difícil los gestos de apoyo y solidaridad por parte de muchos de sus aliados. Desde la Resolución 1373, aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385.ª sesión el 28 de septiembre de 2001, era obligatorio para todos los Estados coadyuvar a la lucha contra los actos de terrorismo en todas sus manifestaciones. Y aunque las Farc no eran una organización terrorista en el sentido estricto de la palabra, sin duda realizaban acciones de claro sabor terrorista al lado de las acciones insurgentes.
Por ejemplo, la toma de rehenes, como había sido el caso de Ingrid Betancourt y el resto de los miembros de la clase política en duro cautiverio, quienes no eran parte de la confrontación armada. En este caso, las Farc infringían doblemente el DIH: mediante la retención arbitraria y mediante el trato degradante. Como afirma la jurista Ana Caterina Heyck, “a la luz del derecho internacional humanitario, el secuestro de civiles constituye un crimen de guerra prohibido por el Artículo 3, común a los Convenios de Ginebra de 1949, así como también una violación al Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Con la información contenida en los computadores de Reyes se inició un proceso de distanciamiento de sus socios internacionales para evitar pagar los costos de una alianza incómoda y cada vez más estéril. En ese momento era ya evidente que las posibilidades de las Farc de acceder al poder por la vía de las armas eran cada día más remotas. Las palabras pronunciadas por Rafael Correa, tras la Operación Jaque el 2 de julio de 2008 que condujo a la liberación de Ingrid Betancourt y otros retenidos, fueron contundentes: “si el Che Guevara estuviera vivo se moriría de vergüenza […]. ¿Qué revolucionario secuestra gente inocente, supuestamente para (conseguir) sus fines, por nobles que sean?”244. No eran simples palabras de repudio. Tras la Operación Fénix y, pocos meses más tarde, la Operación Jaque, la presencia de las Farc en Ecuador se volvió si acaso muy marginal.
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El hondo viraje del gobierno ecuatoriano se evidenció con el nombramiento de un nuevo mando en las Fuerzas Militares: el general Luis González como comandante del Ejército, el general Fabián Varela como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el general Rodrigo Bohórquez como nuevo jefe de la Fuerza Aérea. Además, el ministro de Defensa Wellington Sandoval fue sustituido por el secretario privado de la Presidencia, Javier Ponce. Muchos factores incidieron en este cambio de la cúpula militar. Uno de ellos había generado mucho ruido en la prensa: las evidencias de que el ecuatoriano que falleció en el campamento de Raúl Reyes, Franklin Aisalla, compañero sentimental de la delegada de las Farc en Ecuador, Nubia Calderón, estaba en el radar de las Fuerzas Militares ecuatorianas al menos desde hacía cinco años y el gobierno no había sido informado.