Operación Lezo: incautan en Colombia US$ 5,4 millones de Ignacio González
El dinero es el patrimonio que el expresidente regional de Madrid habría reunido por sus actividades delictivas vinculadas con el Canal de Isabel II.
agencia Efe
La Justicia española, en colaboración con la panameña y la colombiana, se incautó de 5,4 millones de dólares (4,6 millones de euros) y diferentes inmuebles en Colombia del expresidente regional de Madrid Ignacio González, relacionados con un caso de corrupción con nexos en Latinoamérica.
Esa cantidad es el patrimonio que González habría reunido por sus actividades delictivas vinculadas con el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de Madrid que presidió y que se expandió a diversos países latinoamericanos, según informó este viernes la emisora de radio Cadena SER y confirmaron a Efe fuentes de la investigación.
La incautación se enmarca en la denominada "Operación Lezo", que investiga el posible sobreprecio en la adquisición en 2001 por parte del Canal de la filial latinoamericana Inassa y la compra supuestamente fraudulenta en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
La compañía brasileña se compró por 21,4 millones de euros, pero un mes después su patrimonio neto era de 10,6 millones y otro año después tan solo de 5,3 millones.
La Fiscalía colombiana también está investigando las supuestas irregularidades del Canal a través de la filial Inassa, donde ha participado en la gestión de agua de varias ciudades, como Barranquilla y Rioacha, entre otras.
Tras el escándalo, el Canal anunció el pasado mes de mayo que venderá todas sus empresas en América Latina a través de un proceso "ordenado".
Ignacio González, que presidió la región de Madrid entre 2012 y 2015, salió el pasado día 8 de la prisión madrileña donde se encontraba desde hacía más de seis meses, tras pagar 400.000 euros (465.000 dólares) de finanza impuesta por la Audiencia Nacional.
Según la cadena SER, la incautación del botín ha sido decisiva para permitir su libertad condicional.
El expresidente regional madrileño y otra decena de altos cargos detenidos el pasado mes de abril en España, están acusados de utilizar la empresa pública de aguas de la capital en un desfalco de 23 millones de euros (26.7 millones de dólares) por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.
La Justicia española, en colaboración con la panameña y la colombiana, se incautó de 5,4 millones de dólares (4,6 millones de euros) y diferentes inmuebles en Colombia del expresidente regional de Madrid Ignacio González, relacionados con un caso de corrupción con nexos en Latinoamérica.
Esa cantidad es el patrimonio que González habría reunido por sus actividades delictivas vinculadas con el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de Madrid que presidió y que se expandió a diversos países latinoamericanos, según informó este viernes la emisora de radio Cadena SER y confirmaron a Efe fuentes de la investigación.
La incautación se enmarca en la denominada "Operación Lezo", que investiga el posible sobreprecio en la adquisición en 2001 por parte del Canal de la filial latinoamericana Inassa y la compra supuestamente fraudulenta en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
La compañía brasileña se compró por 21,4 millones de euros, pero un mes después su patrimonio neto era de 10,6 millones y otro año después tan solo de 5,3 millones.
La Fiscalía colombiana también está investigando las supuestas irregularidades del Canal a través de la filial Inassa, donde ha participado en la gestión de agua de varias ciudades, como Barranquilla y Rioacha, entre otras.
Tras el escándalo, el Canal anunció el pasado mes de mayo que venderá todas sus empresas en América Latina a través de un proceso "ordenado".
Ignacio González, que presidió la región de Madrid entre 2012 y 2015, salió el pasado día 8 de la prisión madrileña donde se encontraba desde hacía más de seis meses, tras pagar 400.000 euros (465.000 dólares) de finanza impuesta por la Audiencia Nacional.
Según la cadena SER, la incautación del botín ha sido decisiva para permitir su libertad condicional.
El expresidente regional madrileño y otra decena de altos cargos detenidos el pasado mes de abril en España, están acusados de utilizar la empresa pública de aguas de la capital en un desfalco de 23 millones de euros (26.7 millones de dólares) por medio de transacciones en sus filiales en América Latina.