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En la Superintendencia de Servicios Públicos reposa un documento emitido por la Defensoría del Pueblo en el que alertan el manejo que le está dando la sociedad Urbaser Colombia S.A. E.S.P, al relleno sanitario del sector de Loma Grande, en Montería (Córdoba). A juicio del órgano defensor, la entidad impidió una visita que adelantaría para verificar las condiciones y procedimientos con que se manejan allí los residuos sólidos.
La visita de inspección de la Defensoría del Pueblo, que estaría acompañada por autoridades ambientales, fue programada para este miércoles, dentro del seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2017, con el fin de atender las quejas de la comunidad aledaña al lugar de disposición de residuos, que dan cuenta de malos olores y brotes de lixiviados que están afectando a las personas y vulnerando los derechos colectivos y del ambiente.
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En cumplimiento de esa directriz la Defensoría en compañía de delegados de la Alcaldía de Montería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Procuraduría Ambiental y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), así como representantes de la comunidad, hicieron presencia en el lugar, sin embargo, Urbaser Colombia S.A. E.S.P., manifestó que la visita y el recorrido no se podían realizar, argumentando que la gerente del relleno no estaba.
Ante la decisión de la sociedad de impedir el acceso al relleno sanitario y hacer el recorrido, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los delegados de los organismos ambientales y los representantes de la comunidad se reunieron a las afueras del predio. Allí, los delegados de la CVS manifestaron que, de manera preventiva, la entidad ha realizado visitas de seguimiento, pero no garantiza que efectivamente haya un control ambiental sobre este relleno sanitario.
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“Para la Defensoría del Pueblo, en su compromiso de velar por los Derechos Humanos y los derechos colectivos y ambientales, es de suma importancia que se le permita realizar sus funciones por las entidades o instituciones involucradas en el manejo de bienes o lugares que puedan afectar la comunidad”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo quien añadió que no se entienden los argumentos por los que se impidió la visita de verificación.
El jefe del órgano de control dijo que insistirán para hacer la visita y con ello verificar las condiciones del manejo del relleno sanitario. “Los derechos de las comunidades son lo más importante y nuestro compromiso es hacerlos respetar”, señaló Camargo. Añadió que elevará la situación ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
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