Opinión: La fusión de Avianca con Viva Air y la orfandad de los consumidores

Con la declaración pública de Jet Smart en el sentido de haber dirigido una comunicación oficial a Viva Air con la manifestación de interés por adquirirla, se ha puesto en evidencia el laberinto creado por Avianca alrededor de este tema, en el que parece haber logrado extraviar a la Aerocivil. Avianca ha dicho insistentemente que no ha perfeccionado la operación de compra de Viva Air a la espera de la autorización de la Aerocivil, pero al mismo tiempo emitió un comunicado en el que, palabras más, palabras menos, dice no haber recibido ofertas para venderla y no estar interesado en hacerlo.

(Lea también: Esto le pide Latam a la Aerocivil sobre la integración entre Avianca y Viva)

La pregunta que se hace urgente resolver entonces es: ¿Quién tiene a estas alturas en realidad la atribución de aceptar o rechazar la oferta de Jet Smart? Avianca, que dice no haber comprado por no tener los derechos políticos de Viva pero sale a rechazar la oferta sin ser el destinatario de la misma, o Viva que dice no haber vendido por conservarlos y guarda silencio habiendo recibido la manifestación de interés de Jet Smart.

Todo este galimatías se habría evitado si, en lugar de integrarse ilegalmente con Avianca sin obtener previamente el permiso de la Aerocivil, Viva Air fuera hoy una empresa realmente independiente decidiendo quién habría de ser su adquirente. Uno con el que daña al mercado y a los usuarios, o uno con el que no.

Ya no faltan pruebas de que Avianca tiene el control absoluto del negocio de Viva, por lo menos desde abril de 2022, y que está dispuesta a todo para impedir que un tercero se pueda quedar con ella. En este contexto la inacción de las autoridades es pasmosa. Las decisiones que se han adoptado son vacilantes y comportan la violación de los derechos colectivos de usuarios y de la libre competencia económica.

(Le puede interesar: Si se aprueba integración con Viva, Avianca concentraría 60% del mercado: Wingo)

Ha resultado imposible hacer entender a la Aerocivil que conducir el trámite administrativo con Avianca en control de Viva va a hacer que, más temprano que tarde, se acredite la alegada excepción de empresa en crisis, pues es la crisis la que les permitiría obtener el permiso que solicitan y a ella conducen precipitadamente a Viva. Esa es la oportunidad de oro que la Aerocivil terminó concediendo a dichas aerolíneas, cuando en enero de este año revocó la decisión que objetó la unión por, precisamente, no haber probado que Viva fuera una empresa inviable económicamente.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio que abrió una contundente investigación en la que está probado que Avianca se integró con Viva sin la autorización de la Aerocivil, se abstuvo de adoptar una medida cautelar para que esa circunstancia no subsistiera, dejando al mercado desde ya sufriendo los efectos de una operación anticompetitiva.

(Lea también: Viva reestructura sus deudas en proceso de insolvencia)

Así las cosas, la investigación de la SIC y el procedimiento de la Aerocivil se han convertido en unos asuntos vacíos y carentes de efectividad. Cuando Avianca en control de Viva logre finalmente asfixiarla, será indiferente que se le autorice o no la operación, y la sanción que deba pagar por la infracción de no haberla informado previamente, será solo un costo más de su aventura.

Por eso se hace urgente que otras autoridades tomen cartas en el asunto, la Procuraduría está en mora de hacer una vigilancia especial de los procedimientos administrativos, hacerse parte activa de ellos y reivindicar los derechos de los usuarios y consumidores, que han resultado huérfanos en todo este debate, por la usencia de voces institucionales que, con responsabilidades específicas en la materia, no han pensado en ellos. También se echa de menos que los jueces constitucionales, ante quienes se formuló una acción popular, miren con celeridad y cuidado las pretensiones de amparo de derecho colectivos, hoy amenazados por toda esta atropellado camino.

Mientras tanto, la supuesta crisis de Viva que sobrevino a la ilegal adquisición que Avianca y que contrasta con las prometedoras perspectivas que tenía la aerolínea y con su desempeño sobresaliente hasta principios de 2022, hace parte de una estrategia burda y brillante. Le permitirá a Avianca, al margen de lo que decidan las autoridades, lograr aquello que no pudo en más de una década a través de una competencia efectiva y por los méritos –debilitar a su rival, arrebatarle sus rutas y clientes-. ¿Van a dejar las autoridades que esto ocurra mientras deshojan margaritas sobre lo que deben hacer?

(Lea también: La integración de Avianca y Viva nos va a afectar a todos: abogado Jorge Enrique Sánchez)

*Ex superintendente Delegado para la Protección de la Competencia y del Consumidor

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Con la declaración pública de Jet Smart en el sentido de haber dirigido una comunicación oficial a Viva Air con la manifestación de interés por adquirirla, se ha puesto en evidencia el laberinto creado por Avianca alrededor de este tema, en el que parece haber logrado extraviar a la Aerocivil. Avianca ha dicho insistentemente que no ha perfeccionado la operación de compra de Viva Air a la espera de la autorización de la Aerocivil, pero al mismo tiempo emitió un comunicado en el que, palabras más, palabras menos, dice no haber recibido ofertas para venderla y no estar interesado en hacerlo.

(Lea también: Esto le pide Latam a la Aerocivil sobre la integración entre Avianca y Viva)

La pregunta que se hace urgente resolver entonces es: ¿Quién tiene a estas alturas en realidad la atribución de aceptar o rechazar la oferta de Jet Smart? Avianca, que dice no haber comprado por no tener los derechos políticos de Viva pero sale a rechazar la oferta sin ser el destinatario de la misma, o Viva que dice no haber vendido por conservarlos y guarda silencio habiendo recibido la manifestación de interés de Jet Smart.

Todo este galimatías se habría evitado si, en lugar de integrarse ilegalmente con Avianca sin obtener previamente el permiso de la Aerocivil, Viva Air fuera hoy una empresa realmente independiente decidiendo quién habría de ser su adquirente. Uno con el que daña al mercado y a los usuarios, o uno con el que no.

Ya no faltan pruebas de que Avianca tiene el control absoluto del negocio de Viva, por lo menos desde abril de 2022, y que está dispuesta a todo para impedir que un tercero se pueda quedar con ella. En este contexto la inacción de las autoridades es pasmosa. Las decisiones que se han adoptado son vacilantes y comportan la violación de los derechos colectivos de usuarios y de la libre competencia económica.

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Ha resultado imposible hacer entender a la Aerocivil que conducir el trámite administrativo con Avianca en control de Viva va a hacer que, más temprano que tarde, se acredite la alegada excepción de empresa en crisis, pues es la crisis la que les permitiría obtener el permiso que solicitan y a ella conducen precipitadamente a Viva. Esa es la oportunidad de oro que la Aerocivil terminó concediendo a dichas aerolíneas, cuando en enero de este año revocó la decisión que objetó la unión por, precisamente, no haber probado que Viva fuera una empresa inviable económicamente.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio que abrió una contundente investigación en la que está probado que Avianca se integró con Viva sin la autorización de la Aerocivil, se abstuvo de adoptar una medida cautelar para que esa circunstancia no subsistiera, dejando al mercado desde ya sufriendo los efectos de una operación anticompetitiva.

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Así las cosas, la investigación de la SIC y el procedimiento de la Aerocivil se han convertido en unos asuntos vacíos y carentes de efectividad. Cuando Avianca en control de Viva logre finalmente asfixiarla, será indiferente que se le autorice o no la operación, y la sanción que deba pagar por la infracción de no haberla informado previamente, será solo un costo más de su aventura.

Por eso se hace urgente que otras autoridades tomen cartas en el asunto, la Procuraduría está en mora de hacer una vigilancia especial de los procedimientos administrativos, hacerse parte activa de ellos y reivindicar los derechos de los usuarios y consumidores, que han resultado huérfanos en todo este debate, por la usencia de voces institucionales que, con responsabilidades específicas en la materia, no han pensado en ellos. También se echa de menos que los jueces constitucionales, ante quienes se formuló una acción popular, miren con celeridad y cuidado las pretensiones de amparo de derecho colectivos, hoy amenazados por toda esta atropellado camino.

Mientras tanto, la supuesta crisis de Viva que sobrevino a la ilegal adquisición que Avianca y que contrasta con las prometedoras perspectivas que tenía la aerolínea y con su desempeño sobresaliente hasta principios de 2022, hace parte de una estrategia burda y brillante. Le permitirá a Avianca, al margen de lo que decidan las autoridades, lograr aquello que no pudo en más de una década a través de una competencia efectiva y por los méritos –debilitar a su rival, arrebatarle sus rutas y clientes-. ¿Van a dejar las autoridades que esto ocurra mientras deshojan margaritas sobre lo que deben hacer?

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*Ex superintendente Delegado para la Protección de la Competencia y del Consumidor

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.