Ordenan a la Fiscalía crear un plan contra la violencia institucional
Esto a raíz del caso de una mujer, quien denunció penalmente a su expareja por publicar fotos y videos íntimos. Cuando la víctima preguntó por el avance de su caso, dos años después, el fiscal la subestimó y no le importó el hecho de que su denuncia estuviera congelada en la institución. Decisión de la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía poner en marcha un plan de formación de sus funcionarios para erradicar la violencia institucional. El alto tribunal encontró que el ente investigador ha revictimizado a las mujeres denunciantes de violencia intrafamiliar. En el caso particular, una mujer de Barrancabermeja (Santander) que denunció a su expareja por publicar fotos y videos íntimos, y cuyo caso no ha tenido ningún avance en más de dos años.
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La Fiscalía deberá crear un plan para que, en investigaciones por violencia intrafamiliar, se asegure el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado. Además, con el plan se debe educar a los fiscales en perspectiva de género y, asimismo, se establecerán mecanismos para disminuir la “tolerancia estatal” a las agresiones, e impedir que los funcionarios ejerzan actos de violencia institucional contra las afectadas.
“Según la denunciante, esta persona (su expareja) publicó material audiovisual y fotográfico íntimo de ella cuando convivía con él, situación que afectó su vida personal y la de su hijo menor de edad. Por estos hechos presentó denuncia en 2019, pero, dos años y medio después, no había sido notificada sobre los avances de la misma”, se lee en el expediente de la Corte Constitucional.
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A raíz de la falta de eficacia de la Fiscalía, la denunciante se acercó al fiscal del caso en Barrancabermeja, quien le respondió que no se trataba de violencia intrafamiliar. Desesperada, presentó una tutela que, por si fuera poco, fue negada por un juzgado de Medellín. Sin embargo, la Corte Constitucional encontró que tanto la Fiscalía como el juzgado de la capital antioqueña vulneraron los derechos de la denunciante.
En el caso del fiscal, porque revictimizó a la denunciante al momento de subestimar su condición y, además, le restó importancia al hecho de que el proceso llevara años sin ningún tipo de trámite. Y en el caso del juzgado de Medellín, por no verificar si realmente la situación de violación de los derechos de la mujer afectada había terminado.
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“El fallo otorgó cuatro meses a la Fiscalía Local de Barrancabermeja para que impulse la investigación penal por el delito de violencia intrafamiliar y tome la decisión de fondo que corresponda, además de adoptar las medidas necesarias para la protección integral de la ciudadana como presunta víctima de violencia intrafamiliar, violencia psicológica y violencia digital”, concluyó la Corte.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía poner en marcha un plan de formación de sus funcionarios para erradicar la violencia institucional. El alto tribunal encontró que el ente investigador ha revictimizado a las mujeres denunciantes de violencia intrafamiliar. En el caso particular, una mujer de Barrancabermeja (Santander) que denunció a su expareja por publicar fotos y videos íntimos, y cuyo caso no ha tenido ningún avance en más de dos años.
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“Según la denunciante, esta persona (su expareja) publicó material audiovisual y fotográfico íntimo de ella cuando convivía con él, situación que afectó su vida personal y la de su hijo menor de edad. Por estos hechos presentó denuncia en 2019, pero, dos años y medio después, no había sido notificada sobre los avances de la misma”, se lee en el expediente de la Corte Constitucional.
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A raíz de la falta de eficacia de la Fiscalía, la denunciante se acercó al fiscal del caso en Barrancabermeja, quien le respondió que no se trataba de violencia intrafamiliar. Desesperada, presentó una tutela que, por si fuera poco, fue negada por un juzgado de Medellín. Sin embargo, la Corte Constitucional encontró que tanto la Fiscalía como el juzgado de la capital antioqueña vulneraron los derechos de la denunciante.
En el caso del fiscal, porque revictimizó a la denunciante al momento de subestimar su condición y, además, le restó importancia al hecho de que el proceso llevara años sin ningún tipo de trámite. Y en el caso del juzgado de Medellín, por no verificar si realmente la situación de violación de los derechos de la mujer afectada había terminado.
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