Ordenan a la Fiscalía entregar salario retenido a líder sindical que lideró un paro

Un juzgado de Bogotá acaba de ordenar a la Fiscalía devolver parte del salario que le retuvo a un líder sindical de Asonal Judicial, sindicato de la Rama Judicial. Se trata de Jose Freddy Restrepo, quien, desde 2018 a 2021, lideró en Cali jornadas de protesta con plantones y asambleas informativas, con el fin de que se cumpliera el compromiso por parte de la Fiscalía de fortalecer la planta de funcionarios en el ente investigador. Un acuerdo que, según Restrepo, se pactaron en 2017 y hasta la fecha no se han cumplido.

Continúo relatando, que para los años 2020, 2021 no se cumplieron los acuerdos realizados, motivo por el cual por cuarta vez se llevaron a cabo jornadas de protesta ante el incumplimiento, motivo por el cual, el 16 y 30 de septiembre, y 28 de octubre del 2021 se inicio una mesa de diálogo con la Fiscalía, transcurriendo octubre, noviembre y diciembre sin que los nombramientos acordados se materializaron, como tampoco para el presente año.

Lea: Paro Nacional: Jueces y fiscales suspenderán funciones 25 y 26 de mayo

Durante este año, también se adelantaron paros colectivos y que, en marzo de este año, a él y otros miembros de Asonal les redujeron el salario, lo cual interpretaron como una amenaza por parte de al Fiscalía General. En mayo y junio continuaron los paros, dice Restrepo y que el 15 de julio de 2022, la dirección de Fiscalías de Cali le pidió una lista de los miembros del ente investigador que participaron de los paros. “Información que se debía enviar ese mismo día por cuanto cerraban en esa fecha la liquidación de nómina”.

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Para el juez del caso, esos descuentos salariales que realizó la Fiscalía a los trabajadores del sindicato vulneraron “gravemente” los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la huelga, al trabajo y el debido proceso. Además, señaló que los paros son un medio de presión legítimo de que disponen los trabajadores y las organizaciones para defender sus intereses sociales y económicos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

“La entidad accionada reconoció en la contestación de la acción de tutela, haber efectuado los descuentos salariales para los días que se realizaron las huelgas y haber impetrado la demanda de declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo ante el Tribunal Superior Laboral de Cali; lo que permite acreditar los hechos que sustentan la acción constitucional, esto es, que previo al descuento salarial no mediaba ninguna decisión judicial que haya declarado la ilegalidad de la suspensión o paro colectivo del trabajo que permitiera como consecuencia la decisión adoptada por la entidad accionada”, dice el fallo de tutela.

Y agregó que: “resulta acreditado que los descuentos salariales a los funcionarios y empleados afiliados a Asonal Judicial, como consecuencia de la comprensión errada de la entidad accionada de la ilegalidad de la huelga, sin un pronunciamiento judicial previo por parte de la autoridad competente – Jurisdicción laboral-, violenta el derecho al debido proceso y en consecuencia, los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la huelga y al trabajo, por cuanto, una vez más este despacho insiste que la huelga es el medio legítimo para la defensa de los intereses profesionales, sociales o económico de los trabajadores”.

Un juzgado de Bogotá acaba de ordenar a la Fiscalía devolver parte del salario que le retuvo a un líder sindical de Asonal Judicial, sindicato de la Rama Judicial. Se trata de Jose Freddy Restrepo, quien, desde 2018 a 2021, lideró en Cali jornadas de protesta con plantones y asambleas informativas, con el fin de que se cumpliera el compromiso por parte de la Fiscalía de fortalecer la planta de funcionarios en el ente investigador. Un acuerdo que, según Restrepo, se pactaron en 2017 y hasta la fecha no se han cumplido.

Continúo relatando, que para los años 2020, 2021 no se cumplieron los acuerdos realizados, motivo por el cual por cuarta vez se llevaron a cabo jornadas de protesta ante el incumplimiento, motivo por el cual, el 16 y 30 de septiembre, y 28 de octubre del 2021 se inicio una mesa de diálogo con la Fiscalía, transcurriendo octubre, noviembre y diciembre sin que los nombramientos acordados se materializaron, como tampoco para el presente año.

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Durante este año, también se adelantaron paros colectivos y que, en marzo de este año, a él y otros miembros de Asonal les redujeron el salario, lo cual interpretaron como una amenaza por parte de al Fiscalía General. En mayo y junio continuaron los paros, dice Restrepo y que el 15 de julio de 2022, la dirección de Fiscalías de Cali le pidió una lista de los miembros del ente investigador que participaron de los paros. “Información que se debía enviar ese mismo día por cuanto cerraban en esa fecha la liquidación de nómina”.

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Para el juez del caso, esos descuentos salariales que realizó la Fiscalía a los trabajadores del sindicato vulneraron “gravemente” los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la huelga, al trabajo y el debido proceso. Además, señaló que los paros son un medio de presión legítimo de que disponen los trabajadores y las organizaciones para defender sus intereses sociales y económicos.

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“La entidad accionada reconoció en la contestación de la acción de tutela, haber efectuado los descuentos salariales para los días que se realizaron las huelgas y haber impetrado la demanda de declaratoria de ilegalidad de la suspensión colectiva del trabajo ante el Tribunal Superior Laboral de Cali; lo que permite acreditar los hechos que sustentan la acción constitucional, esto es, que previo al descuento salarial no mediaba ninguna decisión judicial que haya declarado la ilegalidad de la suspensión o paro colectivo del trabajo que permitiera como consecuencia la decisión adoptada por la entidad accionada”, dice el fallo de tutela.

Y agregó que: “resulta acreditado que los descuentos salariales a los funcionarios y empleados afiliados a Asonal Judicial, como consecuencia de la comprensión errada de la entidad accionada de la ilegalidad de la huelga, sin un pronunciamiento judicial previo por parte de la autoridad competente – Jurisdicción laboral-, violenta el derecho al debido proceso y en consecuencia, los derechos fundamentales a la libertad sindical, a la huelga y al trabajo, por cuanto, una vez más este despacho insiste que la huelga es el medio legítimo para la defensa de los intereses profesionales, sociales o económico de los trabajadores”.