Ordenan arresto del alcalde de Aguachica por no ayudar en búsqueda de desaparecidos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó cinco días de arresto contra el alcalde de Aguachica (Cesar), Robinson Antonio Manosalva. Desde septiembre del año pasado, el órgano de justicia transicional le ha pedido que realice un cronograma de exhumación y traslado de alrededor de 200 cuerpos del cementerio San Martín, al cementerio Católico Central. Sin embargo, ocho meses después, no ha hecho caso a las órdenes.

En contexto: El alcalde en Cesar con líos en la JEP por omisiones en búsqueda de desaparecidos

Desde 2018, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha alertado que en el municipio cesarense habría víctimas de desaparición forzada en el cementerio San Martín o, como es conocido en la región, “de los pobres”. En 2019, se trasladaron 200 cuerpos al cementerio Católico Central, sin embargo, la JEP encontró que las diligencias no fueron ejecutadas por personal idóneo, al punto que no se hizo registro fotográfico o topográfico, entre otros aspectos técnicos. Y se descubrió que hay otros 200 cuerpos que necesitan una correcta identificación.

Las exhumaciones quedaron suspendidas. Sin embargo, en septiembre de 2022, al alcalde Manosalva se le ordenó elaborar un cronograma de labores de traslado de los cuerpos y, para ello, se le dio un plazo de 10 días hábiles. Le exigió contar con un equipo humano idóneo, liderado por un profesional en antropología. Sin embargo, la alcaldía respondió que le dieran plazo hasta octubre de 2022. En una comunicación siguiente, la alcaldía respondió que necesitaba otro plazo, porque el grupo contratado requería realizar actos de reconocimiento.

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Como la alcaldía de Aguachica dio a entender que ya contaba con el equipo idóneo, el 2 de noviembre de 2022, le concedieron 5 días hábiles para presentar el cronograma. Pero, de nuevo, no pasó nada. De hecho, desde finales del año pasado, la alcaldía no ha presentado documento alguno que pruebe adelantos en la creación del cronograma, de tal forma que se pueda dar una esperanza a las víctimas que creen que allí están los restos de sus seres queridos. En una respuesta del pasado 22 de febrero, la alcaldía aseguró lo siguiente:

“Es importante tener en cuenta que la Entidad Municipal necesita realizar diferentes actuaciones de naturaleza contractual, que por Ley deben implementarse, en aras de garantizar una contratación idónea, en relación con el contratista que llevará a cabo dicha diligencia(…) De igual manera, es importante señalar que la Administración Municipal no cuenta con grupos especializados en el reconocimiento de personas no identificadas que presuntamente pudieron haber sido desaparecidas, teniendo en cuenta que en dicho cementerio inhumaban personas y hasta animales sin ninguna clase de protocolo”, contestó.

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Para la JEP, se trata de justificaciones que no vienen al caso, pues la alcaldía de Aguachica ha afirmado que las actividades contractuales se vienen adelantando desde febrero de este año. Se trataría, entonces, de una actitud “displicente” e “irresponsable” de Manosalva, a través de sus servidores públicos encargados de mediar ante la JEP. Para el órgano de justicia transicional, omisiones como las de Manosalva afectan los principios de centralidad de las víctimas y menoscaba los derechos a la verdad y a la memoria de las familias de las víctimas de desaparición forzada.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó cinco días de arresto contra el alcalde de Aguachica (Cesar), Robinson Antonio Manosalva. Desde septiembre del año pasado, el órgano de justicia transicional le ha pedido que realice un cronograma de exhumación y traslado de alrededor de 200 cuerpos del cementerio San Martín, al cementerio Católico Central. Sin embargo, ocho meses después, no ha hecho caso a las órdenes.

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Desde 2018, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha alertado que en el municipio cesarense habría víctimas de desaparición forzada en el cementerio San Martín o, como es conocido en la región, “de los pobres”. En 2019, se trasladaron 200 cuerpos al cementerio Católico Central, sin embargo, la JEP encontró que las diligencias no fueron ejecutadas por personal idóneo, al punto que no se hizo registro fotográfico o topográfico, entre otros aspectos técnicos. Y se descubrió que hay otros 200 cuerpos que necesitan una correcta identificación.

Las exhumaciones quedaron suspendidas. Sin embargo, en septiembre de 2022, al alcalde Manosalva se le ordenó elaborar un cronograma de labores de traslado de los cuerpos y, para ello, se le dio un plazo de 10 días hábiles. Le exigió contar con un equipo humano idóneo, liderado por un profesional en antropología. Sin embargo, la alcaldía respondió que le dieran plazo hasta octubre de 2022. En una comunicación siguiente, la alcaldía respondió que necesitaba otro plazo, porque el grupo contratado requería realizar actos de reconocimiento.

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“Es importante tener en cuenta que la Entidad Municipal necesita realizar diferentes actuaciones de naturaleza contractual, que por Ley deben implementarse, en aras de garantizar una contratación idónea, en relación con el contratista que llevará a cabo dicha diligencia(…) De igual manera, es importante señalar que la Administración Municipal no cuenta con grupos especializados en el reconocimiento de personas no identificadas que presuntamente pudieron haber sido desaparecidas, teniendo en cuenta que en dicho cementerio inhumaban personas y hasta animales sin ninguna clase de protocolo”, contestó.

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Para la JEP, se trata de justificaciones que no vienen al caso, pues la alcaldía de Aguachica ha afirmado que las actividades contractuales se vienen adelantando desde febrero de este año. Se trataría, entonces, de una actitud “displicente” e “irresponsable” de Manosalva, a través de sus servidores públicos encargados de mediar ante la JEP. Para el órgano de justicia transicional, omisiones como las de Manosalva afectan los principios de centralidad de las víctimas y menoscaba los derechos a la verdad y a la memoria de las familias de las víctimas de desaparición forzada.

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