Ordenan arresto domiciliario a presidente Duque y ministra de Cultura por desacato

La decisión fue tomada por el Tribunal Superior de Magdalena, al considerar que el mandatario no cumplió con una orden judicial de junio de 2021. La decisión, que está acompañada de una multa económica, será apelada por el Gobierno.

Foto: EFE - Carlos Ortega

El Tribunal Superior de Magdalena ordenó dos días de arresto domiciliario para el presidente Iván Duque y para la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo, por no haber acatado una orden judicial de junio de 2021. Según resolvió el Tribunal, el tiempo ordenado podría ser pagado económicamente con dos salarios mínimos legales mensuales vigentes de la época, lo que equivale a $ 2′000.000.

Podría interesarle: Ordenan arresto de presidente Duque por incumplir fallo sobre el Parque los Nevados

La razón por la que el Tribunal tomó esta decisión es porque, según manifiesta, Duque y Mayolo no habrían cumplido con una orden emitida por ese mismo despacho. En un auto del 27 de mayo de 2022, se le pedía al Gobierno, liderado en este caso por Presidencia y el Ministerio de Cultura, expedir un decreto para adoptar el plan maestro del Quinto Centenario de Santa Marta, evento que se levará acabo en 2025.

“Estima este Tribunal que de conformidad con lo advertido en la comunidad probatoria obrante en la contención, se extrae sin mayores elucubraciones que los entes incidentados incurrieron en desacato de la sentencia de cumplimiento proferida por este Tribunal”, reza el documento. Según manifestó el despacho, “a la fecha no se ha expedido el Decreto a través del cual se adopta el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta de conformidad con lo discurrido en la Ley 2058 del 2020″.

Le recomendamos: “No caigamos en falsas divisiones entre izquierda y derecha”: Iván Duque

Para el Tribunal, el incumplimiento de la orden por parte del Ministerio “deja entrever consiguientemente una actitud negligente por parte de las autoridades encartadas frente al cumplimiento de la orden judicial que les atañe, pues se itera, a la presente calenda no se han estructurado siquiera, de manera definitiva, los proyectos que deberán ser incluidos en el Plan”. Asimismo, el despacho sostuvo que “la actuación de los entes incidentados se traduce en una conducta que deviene por demás en displicente y omisiva en relación con el acatamiento obligatorio que debieron observar respecto del fallo de cumplimiento”.

Por el caso, la corporación pidió a la Procuraduría adelantar investigaciones “a que haya lugar en razón del incumplimiento de la orden judicial emitida por el juez constitucional”. De la misma manera, la decisión del Tribunal puede ser apelada, acción que el Gobierno aseguró que haría, pues considera que si ha dado cumplimiento a las órdenes judiciales de las que se le señala de desacatar.

Revise acá: La “jugada” del Gobierno Duque para retomar las aspersiones aéreas con glifosato

El Ministerio de Cultura aseguró que “ha cumplido en su totalidad las disposiciones contenidas en el Art 11 de la Ley 2058 de 2020, que ordena a la Entidad vincularse en la conmemoración de los 500 años de la fundación de Santa Marta y aquellas actividades que dependen exclusivamente del Ministerio”. Asimismo, manifiesta que “aportará las evidencias del cumplimiento de las actividades y acciones” ejecutadas hasta el momento.

Con la decisión del Tribunal Superior de Magdalena, el presidente Duque suma dos órdenes de arresto en menos de dos meses, siendo el único mandatario en ser sancionado con esto. En la primera semana de junio, el Tribunal Superior de Ibagué le ordenó arresto domiciliario por cinco días y una multa equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes, también por un caso de desacato.

En esa ocasión, el incumplimiento del saliente mandatario habría sido a una sentencia que le ordenaba crear un Comando Especial de la Fuerza Pública para enfrentar delitos ambientales como el tráfico de flora y fauna y la ganadería extensiva en zona protegida. Para la creación de este comando, Duque, las entidades gubernamentales y las municipales tenían un plazo de un año, algo que manifiesta haber hecho y tener las pruebas para probarlo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.