Ordenan cárcel contra sospechosos del crimen del exdirector de La Modelo
Según la Fiscalía, el coronel Élmer Fernández, exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue seguido desde su lugar de trabajo por tres personas: dos hombres y una mujer, quienes finalmente le quitaron la vida. Un juez de garantías ordenó medida de aseguramiento en su contra y la defensa apeló.
El Juzgado 11 de Garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento carcelaria contra Ányelo Cárdenas, Julieth Martínez Rosa y Diego Alejandro Murillo, señalados como responsables del homicidio del coronel Élmer Fernández, exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá. El crimen ocurrió el pasado 16 de mayo en el occidente de la capital. La defensa señaló que presentaría recurso de apelación en contra de la medida, en la próxima audiencia que tendrá lugar el miércoles 27 a las 2:00 p.m.
En contexto: Reconstruyen los últimos instantes del exdirector de La Modelo: así lo siguieron
Según la Fiscalía, Fernández fue seguido desde las inmediaciones de su lugar de trabajo por Cárdenas y Martínez Rosa, quienes esperaron en una motocicleta cerca de la cárcel La Modelo. Posteriormente, Cárdenas cambió de motocicleta, uniéndose a Murillo en otro vehículo. En la carrera 30 con calle 80, Cárdenas habría disparado contra Fernández, impactándolo en la cabeza con una pistola 9 mm, lo que provocó su muerte inmediata.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía acusó a los tres implicados por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y presentó evidencias que vinculan a los procesados con el seguimiento y ejecución del crimen. “El patrullero procede a desenfundar un arma de fuego tipo pistola, 9 mm, respecto de la cual estos ciudadanos no contaban con autorización para portarla, y la acciona una vez, causando la muerte inmediata del coronel”, detalló la fiscal a cargo del caso.
El coronel Élmer Fernández, retirado de la Policía desde 2017, enfrentó amenazas debido a las reformas que implementó en los controles de la cárcel La Modelo. Estas medidas, que incluían un aumento en las requisas a los reclusos, buscaban combatir delitos que, al parecer, eran ordenados desde el interior del penal, como extorsiones y homicidios. Según la Fiscalía, las intimidaciones comenzaron como reacción a los operativos liderados por Fernández contra las bandas criminales que operaban dentro del establecimiento penitenciario.
Un día antes de su asesinato, Fernández recibió un panfleto amenazante atribuido a un recluso conocido como alias Pedro Pluma. En el mensaje, el interno advertía que tomaría represalias contra la familia del coronel si continuaban las requisas en el patio 4A de la cárcel. Sin embargo, fuentes internas de La Modelo señalaron que esta amenaza podría haber sido una estrategia de otros presos para lograr el traslado de Pedro Pluma, lo cual finalmente ocurrió.
El exdirector de La Modelo había informado a sus superiores sobre estas amenazas de muerte, solicitando la protección necesaria para él y su familia. Ante esto, las autoridades investigan si hubo fallas por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ya sea por omisión o por errores administrativos, que impidieron actuar de manera oportuna frente al riesgo que enfrentaba Fernández.
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El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó que la solicitud de protección llegó demasiado tarde. Según él, de haberse tramitado a tiempo, se habría podido asignar el esquema de seguridad correspondiente. Por su parte, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, afirmó que el retraso en la gestión se debió a un procedimiento “engorroso” que dificultó el envío de la solicitud a la UNP. “Tenemos 506 funcionarios amenazados, incluidos 27 directores, y ese es el trámite reglamentado para pedir un esquema de protección”, explicó Gutiérrez en una entrevista con W Radio.
Los investigadores del caso también señalaron que la responsabilidad podría recaer en el director del Inpec y el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria, jefe del Grupo de Control del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Según la resolución 243 de 2020, este grupo tiene la función de remitir a la UNP o a otras entidades de seguridad los documentos necesarios para realizar los estudios de riesgo de los servidores públicos y auxiliares del cuerpo de custodia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Juzgado 11 de Garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento carcelaria contra Ányelo Cárdenas, Julieth Martínez Rosa y Diego Alejandro Murillo, señalados como responsables del homicidio del coronel Élmer Fernández, exdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá. El crimen ocurrió el pasado 16 de mayo en el occidente de la capital. La defensa señaló que presentaría recurso de apelación en contra de la medida, en la próxima audiencia que tendrá lugar el miércoles 27 a las 2:00 p.m.
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Según la Fiscalía, Fernández fue seguido desde las inmediaciones de su lugar de trabajo por Cárdenas y Martínez Rosa, quienes esperaron en una motocicleta cerca de la cárcel La Modelo. Posteriormente, Cárdenas cambió de motocicleta, uniéndose a Murillo en otro vehículo. En la carrera 30 con calle 80, Cárdenas habría disparado contra Fernández, impactándolo en la cabeza con una pistola 9 mm, lo que provocó su muerte inmediata.
Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía acusó a los tres implicados por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y presentó evidencias que vinculan a los procesados con el seguimiento y ejecución del crimen. “El patrullero procede a desenfundar un arma de fuego tipo pistola, 9 mm, respecto de la cual estos ciudadanos no contaban con autorización para portarla, y la acciona una vez, causando la muerte inmediata del coronel”, detalló la fiscal a cargo del caso.
El coronel Élmer Fernández, retirado de la Policía desde 2017, enfrentó amenazas debido a las reformas que implementó en los controles de la cárcel La Modelo. Estas medidas, que incluían un aumento en las requisas a los reclusos, buscaban combatir delitos que, al parecer, eran ordenados desde el interior del penal, como extorsiones y homicidios. Según la Fiscalía, las intimidaciones comenzaron como reacción a los operativos liderados por Fernández contra las bandas criminales que operaban dentro del establecimiento penitenciario.
Un día antes de su asesinato, Fernández recibió un panfleto amenazante atribuido a un recluso conocido como alias Pedro Pluma. En el mensaje, el interno advertía que tomaría represalias contra la familia del coronel si continuaban las requisas en el patio 4A de la cárcel. Sin embargo, fuentes internas de La Modelo señalaron que esta amenaza podría haber sido una estrategia de otros presos para lograr el traslado de Pedro Pluma, lo cual finalmente ocurrió.
El exdirector de La Modelo había informado a sus superiores sobre estas amenazas de muerte, solicitando la protección necesaria para él y su familia. Ante esto, las autoridades investigan si hubo fallas por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ya sea por omisión o por errores administrativos, que impidieron actuar de manera oportuna frente al riesgo que enfrentaba Fernández.
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El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó que la solicitud de protección llegó demasiado tarde. Según él, de haberse tramitado a tiempo, se habría podido asignar el esquema de seguridad correspondiente. Por su parte, el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, afirmó que el retraso en la gestión se debió a un procedimiento “engorroso” que dificultó el envío de la solicitud a la UNP. “Tenemos 506 funcionarios amenazados, incluidos 27 directores, y ese es el trámite reglamentado para pedir un esquema de protección”, explicó Gutiérrez en una entrevista con W Radio.
Los investigadores del caso también señalaron que la responsabilidad podría recaer en el director del Inpec y el teniente coronel Rolando Ramírez Sanabria, jefe del Grupo de Control del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Según la resolución 243 de 2020, este grupo tiene la función de remitir a la UNP o a otras entidades de seguridad los documentos necesarios para realizar los estudios de riesgo de los servidores públicos y auxiliares del cuerpo de custodia.
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