Ordenan devolver tierras despojadas por los Castaño en histórica zona de Montería

Uno de los primeros casos emblemáticos de restitución de tierras en Colombia fue el de la hacienda Santa Paula, en zona rural de Montería. En abril de 2013, el propio presidente Juan Manuel Santos asistió al acto de entrega de 117 hectáreas a 40 familias campesinas que fueron despojadas en los años noventa por el clan paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Hoy, casi una década después, la justicia toma otra decisión sobre otro predio ubicado en la mis hacienda y que terminó en manos de testaferros del grupo criminal.

Uno de los primeros casos emblemáticos de restitución de tierras en Colombia fue el de la hacienda Santa Paula, en zona rural de Montería. En abril de 2013, el propio presidente Juan Manuel Santos asistió al acto de entrega de 117 hectáreas a 40 familias campesinas que fueron despojadas en los años noventa por el clan paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Hoy, casi una década después, la justicia toma otra decisión sobre otro predio ubicado en la mis hacienda y que terminó en manos de testaferros del grupo criminal.

El Tribunal Superior de Antioquia acaba de ordenar la devolución de un predio de cuatro hectáreas a su verdadera dueña, que actualmente estaba siendo ocupado por un hombre conocido en la región: Hever Walter Alfonso Vicuña. Este ya había sido mencionado en 2013, cuando el mismo tribunal le ordenó devolver las tierras que visitó Santos para hacer entrega material de los terrenos a las víctimas del conflicto. Ese mismo año, la Corte Suprema le negó a Alfonso Vicuña una tutela que pedía tumbar el fallo de restitución.

En el reciente fallo, el Tribunal de Antioquia hace un recuento de cómo funcionó el mecanismo de despojo de los Castaño junto a varios de sus familiares y aliados. Entre 1999 y el 2000, testaferros de los Castaño desplazaron a los habitantes de Santa Paula y los obligaron a donar esos terrenos a la Fundación por la paz de Córdoba (Funpazcor), fachada paramilitar que estuvo liderada por Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los Castaño.

En el reciente caso de restitución, el Tribunal dice que la reclamante fue favorecida con una parcela de la hacienda Santa Paula que le fue donada por Funpazcor en 1991. El terreno fue explotado por la mujer con algunos cultivos y otra parte dándolo en arrendamiento. Sin embargo, tuvo que salir de la zona en 2006 por las presiones de Bernardo Antonio Álvarez Porras, alias el Chico, una ficha de los paramilitares en Córdoba. Dos años después, en papeles apareció que Alfonso Vicuña era el dueño del predio y fue sumado al extenso lote de 117 hectáreas que tuvo que devolver en 2013 por orden de la justicia.

De acuerdo con el expediente de este predio de la Santa Paula, alias El Chico fue quien en 2006 le exigió a la reclamante de tierras entregar su parcela debido a que los demás parceleros de la zona ya le habían transferido su derecho de dominio, y ella era la única que faltaba. “Circunstancia por la que para salvaguardar su vida y la integridad de su familia no tuvo más remedio que acceder a lo peticionado por aquel (alias el Chico), devolviendo en ese momento la escritura pública de donación”, puntualizó el fallo.

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En ese primer fallo, de 2013, Alfonso Vicuña dijo que para comprar esas tierras en Montería lo hizo a través de un hombre conocido como Bernardo Antonio Álvarez Porras y que conoció a través de otro hombre ya mencionado en otros expedientes judiciales: Guillermo Alberto Mass Sánchez. El propio Tribunal de Antioquia define a este último como “un siniestro personaje que ha sido citado por esta Corporación en varios fallos de restitución de tierras despojadas”, pues este fungió como secretario de Funpazcor y fue pieza clave del despojo de la Casa Castaño en Córdoba.

Por su parte, el segundo fallo, del 2 de mayo pasado, señala que “se constata que se repite la misma constante histórica del despojo al que recurría la Casa Castaño, que no es otro que las presiones persistentes ejecutadas en contra de los parceleros por los directivos de Funpazcor o de sus empleados para que vendieran las parcelas donadas, infundiendo miedo con su presencia y de personas armadas recorriendo las tierras que habían sido entregadas en el marco de las donaciones realizadas en nombre de la fundación, pues era de público conocimiento quienes eran los directivos de la entidad que ordenaron la recuperación de dichas parcelas, para lo cual únicamente bastaba el llamamiento por parte de esa entidad para que cada donatario entregara su inmueble, lo que no admitía ninguna respuesta negativa pues de lo contrario sus vidas y su integridad correrían peligro”.

En ese sentido, el Tribunal de Antioquia también citó un fallo del Tribunal Superior de Medellín, de diciembre de 2009, contra alias “Monoleche”, otro hombre de la casa Castaño. En ese expediente se contó cómo a los hermanos paramilitares les donaron, a través de Funpazcor, cerca 8.788 hectáreas, las cuales “fueron readquiridas por personas que concentraron gran cantidad de tierra y que tenían relación directa o indirecta con la organización al margen de la ley, o eran familiares de los hermanos Castaño Gil, o por las empresas que estos mismos crearon, o por la propia fundación, o por personas o por empresas vinculadas a esta”.

Entre ellas, según el Tribunal, fue mencionado Hever Walter Alfonso Vicuña. El portal periodístico Rutas del Conflicto señaló que en el caso de la Santa Paula también se quedaron con las tierras Gabriela Inés Henao Montoya, una mujer cuyo esposo, Diego Alonso Sierra, está vinculado al caso del Parqueadero Padilla, el centro de finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), allanado por las autoridades en 1998 en Medellín. En marzo del 2014 la Fiscalía capturó a tres personas acusadas de haber participado en el desplazamiento de los habitantes de Santa Paula entre los que se encontraba Henao, Lázaro de León y Manuel Benito Causil Díaz director de Funpazcor.

“No existe duda que la venta realizada por la reclamante con la que suscitó el acto de despojo aquí investigado sobre la parcela objeto de reclamo, coincide ampliamente con el que se determinó en el contexto de violencia, toda vez que fue debido a la situación contraria a la normalidad generada por los grupos paramilitares que se ocasionaron en todo en Montería. La reclamante de tierras no por voluntad propia, sino por la situación contraria a la normalidad que azotó al departamento de Córdoba, en el período de tiempo al que se ha hecho referencia, realizaron negociaciones por fuera del libre acuerdo de voluntades”, agregó el reciente fallo.

El Tribunal le pidió al Ejército y a la Policía que hagan un acompañamiento a la reclamante para que haga posesión material del predio de cuatro hectáreas. Sin embargo, en esta zona rural de Montería, en las últimas semanas estuvo bajo el terror, pues el Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo, anunció un paro armado tras efectuarse la extradición a los Estados Unidos de su máximo líder, alias Otoniel. Aunque la Fuerza Pública ha dicho que garantiza la seguridad de los habitantes de la capital de Montería, varios pobladores denuncian que ese grupo sucesor del paramilitarismo tiene gran poder en la zona.