Ordenan diligencia al Congreso por ley de procedimiento de la JEP

En el marco de dos demandas de inconstitucionalidad a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (Ley 1922 de 2018) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la Corte Constitucional ordenó una diligencia judicial al Congreso de la República.

La petición radicó en que el alto tribunal, en el estudio de las dos demandas, verificó los antecedentes legislativos de las mencionadas normas, y aunque alguna información se encontraba en la página web del Congreso, esta no estaba completa. “El magistrado sustanciador (José Fernando Reyes) considera conducente (…) disponer el examen de los documentos legislativos que reposen en la Secretaria General de la Cámara de Representantes y en la Secretaria General del Senado de la República a fin de precisar algunos aspectos relativos al trámite impartido al proyecto de ley objeto bajo examen”, precisó la Corte.

(Le sugerimos: Demandan ante la Corte Constitucional la Ley de procedimiento de la JEP)

Con la participación de los secretarios del Senado y de la Cámara, o quienes sean designados, el alto tribunal verificará las gacetas del Congreso en las que constan los antecedentes de la ley de procedimiento de la JEP, así como las actas y las fechas de las sesiones y, en el caso de que se encuentren pendientes de impresión y aprobación, se consultará las actas que se encuentren.

También verificarán los números de las gacetas desde el inicio del procedimiento legislativo hasta el final, con énfasis en la radicación del proyecto de ley, los informes de ponencia (con las respectivas propuestas, modificaciones y adiciones), los debates que se hayan cumplido en el trámite legislativo y la documentación del procedimiento realizado por la comisión accidental de conciliación.

También certificarán los debates en que se trató la ley de procedimiento de la JEP y los videos y grabaciones de todas las sesiones donde se haya registrado los trámites legislativos. La diligencia empezó el pasado viernes y culminará este lunes 25 de febrero.

(En contexto: Con la sanción de Santos, JEP ya cuenta oficialmente con reglas para su funcionamiento)

Las dos demandas de inconstitucionalidad fueron radicadas por la Comisión Colombiana de Juristas y Dejusticia contra varios artículos de la ley de procedimiento de la JEP y el Código de Procedimiento Penal. Algunos de los artículos demandados tienen que ver con la creación de un procedimiento “especial y diferenciado” para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado, y las reglas de juego en la JEP para los trámites de extradición de desmovilizados que se hayan acogido al proceso de paz.

Sobre la diligencia de la Corte Constitucional, la Secretaría de la Cámara de Representantes explicó que es la primera vez que el alto tribunal solicitó la información sobre la ley de procedimiento de la JEP. También afirmó que "atendió los requerimientos de la Corte Constitucional frente a la información solicitada, en este proceso que continua con la misma solicitud a la Secretaría General del Senado de la República".

En el marco de dos demandas de inconstitucionalidad a la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (Ley 1922 de 2018) y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la Corte Constitucional ordenó una diligencia judicial al Congreso de la República.

La petición radicó en que el alto tribunal, en el estudio de las dos demandas, verificó los antecedentes legislativos de las mencionadas normas, y aunque alguna información se encontraba en la página web del Congreso, esta no estaba completa. “El magistrado sustanciador (José Fernando Reyes) considera conducente (…) disponer el examen de los documentos legislativos que reposen en la Secretaria General de la Cámara de Representantes y en la Secretaria General del Senado de la República a fin de precisar algunos aspectos relativos al trámite impartido al proyecto de ley objeto bajo examen”, precisó la Corte.

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Con la participación de los secretarios del Senado y de la Cámara, o quienes sean designados, el alto tribunal verificará las gacetas del Congreso en las que constan los antecedentes de la ley de procedimiento de la JEP, así como las actas y las fechas de las sesiones y, en el caso de que se encuentren pendientes de impresión y aprobación, se consultará las actas que se encuentren.

También verificarán los números de las gacetas desde el inicio del procedimiento legislativo hasta el final, con énfasis en la radicación del proyecto de ley, los informes de ponencia (con las respectivas propuestas, modificaciones y adiciones), los debates que se hayan cumplido en el trámite legislativo y la documentación del procedimiento realizado por la comisión accidental de conciliación.

También certificarán los debates en que se trató la ley de procedimiento de la JEP y los videos y grabaciones de todas las sesiones donde se haya registrado los trámites legislativos. La diligencia empezó el pasado viernes y culminará este lunes 25 de febrero.

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Las dos demandas de inconstitucionalidad fueron radicadas por la Comisión Colombiana de Juristas y Dejusticia contra varios artículos de la ley de procedimiento de la JEP y el Código de Procedimiento Penal. Algunos de los artículos demandados tienen que ver con la creación de un procedimiento “especial y diferenciado” para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado, y las reglas de juego en la JEP para los trámites de extradición de desmovilizados que se hayan acogido al proceso de paz.

Sobre la diligencia de la Corte Constitucional, la Secretaría de la Cámara de Representantes explicó que es la primera vez que el alto tribunal solicitó la información sobre la ley de procedimiento de la JEP. También afirmó que "atendió los requerimientos de la Corte Constitucional frente a la información solicitada, en este proceso que continua con la misma solicitud a la Secretaría General del Senado de la República".