Las organizaciones sociales, integrantes de la Mesa por la Reforma Policial, manifestaron su profunda preocupación por el proceso de transformación interno de la Policía Nacional. Según un comunicado de las plataformas, se ha caracterizado por ser un proceso interno y meramente cosmético, que no permite dar debates reales sobre la función policial en nuestra democracia y en escenarios de construcción de paz. Mediante cuatro críticas, estas plataformas le exigen al Gobierno que lleve a cabo una reforma policial integral y participativa.
La primera inconformidad de la mesa tiene relación con el incumplimiento del programa de Gobierno, el cual se nombra “Por una seguridad humana que se mida en vidas”. Dicen las organizaciones que las propuestas de trasladar la Policía del Ministerio de Defensa a un nuevo ministerio de carácter civil, el desmonte del Esmad y la promoción del diálogo social sobre los problemas que derivan en la protesta social fueron abandonadas mientras se avanza en reformas que no han sido discutidas amplia y democráticamente, como la expedición de la resolución que estableció a través de la cual se establece el procedimiento de actuación de la nueva UNDMO que reemplazaría al ESMAD.
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“La resolución fue expedida sin un diálogo previo sobre las observaciones enviadas, generando inconformidad entre las organizaciones que participaron en las reuniones previas, quienes además habían llamado la atención sobre la importancia de otorgar amplitud al proceso de consulta”, reprochan las plataformas de derechos humanos al respecto del cambio del Escuadrón a la Unidad. Explican, además, que la UNDMO no desmonta la antigua estructura y pretende legitimar prácticas abusivas y violatorias de derechos humanos en otros escenarios.
Lo anterior se explica en cuanto a que la Unidad tiene un mayor margen de actuación, como en procedimientos de erradicación de cultivos ilícitos, control de la minería informal, control externo a motines penitenciarios y carcelarios, sin que se tenga en cuenta, de manera clara, la aplicación de reglas de tratamiento diferenciado a grupos de especial protección como población campesina, carcelaria, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas privadas de la libertad. Igualmente, se lee en el comunicado que se desaprovecha la oportunidad para afrontar y poner fin a prácticas de discriminación contra mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversas y racismo estructural contra población afro y comunidades étnicas.
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El segundo punto que problematiza la mesa se refiere a las limitaciones del componente de diálogo en la nueva UNDMO. En la nueva resolución de la Policía se da pie a la construcción de nuevos equipos de diálogo al interior de las unidades, dedicados a la mediación para la resolución de los conflictos, articulándose con los equipos de diálogo y mediación de otras entidades y el Ministerio Público.
Ante esto, las organizaciones consideran que se mantiene el énfasis reactivo pero no facilitador y asertivo en la gestión de conflictos sociales. La inclusión de estos equipos es insuficiente, reclaman, porque no hay claridad del procedimiento para el uso de armas; por la vinculación de apenas dos personas a los Equipos de Diálogo frente a 25 agentes que integrarían los Equipos Móviles de Intervención (EMI); porque los policías con funciones de diálogo están bajo el mando del comandante de los dispositivos; y por la ineficacia para facilitar los diálogos e integrar la representación de las organizaciones y veedurías civiles.
“Resulta inaceptable con las víctimas de violencia policial ―sobre las cuales se mantiene en la impunidad la responsabilidad por las agresiones en su contra― que la nueva Unidad de Diálogo procure agotar la intervención violenta a la protesta en una tanqueta “modificada” para generar dentro de ella una presunta mediación con las y los manifestantes”, le preocupa a las organizaciones, según las cuales no existe claridad en la propuesta sobre las circunstancias de terminación del diálogo durante una intervención policial, bajo el argumento de “peligro inminente”.
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Adicionalmente, a la mesa le preocupa que los agentes de policía dispuestos para el diálogo harán uso de colores y elementos de distintivos históricamente usados utilizados por el movimiento de derechos humanos, organismos humanitarios y organizaciones internacionales.
El tercer punto sobre el que muestran preocupación las organizaciones se refiere a la ineficiente regulación del procedimiento de las Unidades de la Policía en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica. Actualmente, hay varias etapas que constituyen un protocolo de actuación de la Unidad dentro de las protestas violentas, por ejemplo, en la anterior resolución se identificaban acciones previas a la intervención, otras durante y las posteriores, mientras que ahora se incluyen las etapas de anticipación y preparación, dentro de las cuales se prevén acciones de inteligencia que busquen prevenir la comisión de delitos.
La mesa tiene varias preguntas respecto a estas actuaciones, ya que autorizan el empleo de dispositivos tecnológicos, pero sin reglamentar el protocolo para su utilización. “Varias organizaciones sociales y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han alertado acerca de los riesgos de las actividades de ciberpatrullaje a través de herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y otras herramientas tecnológicas con capacidades de vigilancia masiva en internet”, explican en el comunicado.
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Además, las plataformas evalúan que, mediante “la previsión de acciones delictivas en la reglamentación oficial, implican legitimar prácticas de hostigamiento y persecución, a través de la criminalización arbitraria de quienes promueven y participan en las manifestaciones públicas, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC-7641 del 22 de septiembre de 2020″. Debido a esto, la falta de regulación específica sobre la valoración de riesgos y amenazas por parte de los comandantes de los DEI genera incertidumbre sobre unas posibles irregularidades de los agentes para intervenir en la protesta social, hostigar y perseguir a la población.
El cuatro y último llamado de las organizaciones de derechos humanos se refiere a que consideran que el proceso de transformación policial carece de espacios de discusión entre la ciudadanía y las instituciones del Estado que permitan una amplia participación de todas las regiones y todas las instituciones interesadas. Por otro lado, hay consideraciones que deberían tener, según la mesa, para replantear la doctrina militar, la cual sigue orientada por la noción de “enemigo interno” al interior de la fuerza pública: “La intención de dejar atrás esta concepción no ha pasado del discurso y, por ello, los actuales intentos de cambiar prácticas de violencia sistémica al interior de la Policía Nacional son insuficientes”, se lee en el documento.
La exigencia de las organizaciones es, entonces, que el Gobierno tenga en cuenta los derechos de las víctimas de la violencia policial y contribuya de manera real a la desmilitarización de la institución y de la sociedad. Asimismo, que contribuya a un cambio doctrinal basado en los derechos humanos y con un enfoque diferencial, y que permita la creación de mecanismos de control fuera de la institución policial que investigue y sancione efectiva e imparcialmente a los responsables de graves vulneraciones a los derechos humanos. “Todo lo anterior hace parte del programa de Gobierno que la actual administración presentó a la sociedad colombiana y no debe reducirse a discusiones internas en la Policía, sino que debe traducirse en debates abiertos y profundos que garanticen eficazmente los derechos de la ciudadanía y frenen por fin el abuso policial”, es el reclamo final de la Mesa por la Reforma Policial al Estado colombiano.
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